Los CIE, nuestros Guantánamos silenciados

Las propias cifras de los CIE demuestran que no cumplen el destino para el que fueron creados: en 2013, por ejemplo, de las más de nueve mil personas fueron internadas en los diferentes CIE que hay en España, sólo el 52,5% de ellas fueron expulsadas. La ley exige el análisis y la verificación de requisitos muy claros para permitir el internamiento del inmigrante: circunstancias personales, arraigo, consulta a ACNUR sobre la situación en el país de origen, etc. Pero esa es la teoría. Las expulsiones a países como Ucrania, Mali o Nigeria, países en situación de conflicto, demuestran que no se están cumpliendo los criterios de valoración contemplados en la normativa legal y el dato de que el 80% de los internados eran personas que llevaban más de cuatro años en España muestra que sus circunstancias personales o arraigo tampoco son tenidos en cuenta.

Son tres las modalidades de expulsión de las personas migrantes que se están utilizando en España: desde los CIE, teóricamente la que más protege dus derechos; las expulsiones en caliente en la propia frontera y que incumplen la legislación internacional y todas las convenciones de Derechos Humanos; y las llamadas expulsiones exprés, un auténtico atentado contra los Derechos Humanos y un procedimiento en el que en muchas ocasiones los inmigrantes son detenidos con engaños: la policía va a sus domicilios para comunicarles que deben acudir a la comisaría para un asunto de su interés y una vez allí son detenidos e incomunicados durante 72 horas, hasta que son trasladados con lo puesto, sin haber podido despedirse de su familia, al aeropuerto para embarcar en un avión en el que son deportados.

El número de expulsiones exprés, más de seis mil, supera al de las realizadas desde los CIE, algo más de cuatro mil. De las expulsiones en caliente es imposible tener siquiera una cifra. Especialmente grave es la situación de muchos jóvenes que llegaron a España siendo niños, que fueron tutelados por el Estado y que al llegar a la mayoría de edad, no pueden regularizar su situación por no acreditar un contrato de trabajo. Son jóvenes que no tienen relación alguna con su país de origen, han crecido aquí, son de aquí, pero se les expulsa a países que desconocen por completo y donde no conocen a nadie.

Si bien los CIE son centros declarados como “no penitenciarios”, su estructura, organización y funcionamiento siguen una lógica policial porque son centros dependientes del Ministerio del Interior. Las condiciones de vida dentro de los CIE no son fáciles de conocer, y los testimonios con los que contamos son los relatados por personas que han estado internadas, o por los cooperantes de las ONG que trabajan en ellos con muchas limitaciones para ejercer su labor: las visitas se hacen obligatoriamente a través de una mampara de cristal a través de teléfono y supervisadas por policías.

Cuando una persona ingresa en un CIE, lo primero que hacen es sustituir su nombre por su número de ingreso, con el que siempre se dirigirán a ella. Se busca la despersonalización de los internos, invisibilizarlos. Varios CIE carecen de enfermería y el servicio médico está privatizado y no funciona las veinticuatro horas del día ni los siete días de la semana, lo que obliga a que sean los propios policías quienes evalúen la situación médica en caso de una urgencia para decidir si se traslada o no a un interno a un centro sanitario.

Aunque todos los internos tienen asignado un abogado por ley, el desarrollo de la labor de éstos es, en muchas ocasiones, precario. Cuando trasladan a un inmigrante de la ciudad de su detención a un CIE de otra localidad, su abogado sigue siendo el de la ciudad de la detención, por lo que, en la práctica, deja de tener abogado.
Las quejas de los internos deben tramitarse a través del director del centro porque no está garantizada en todos los CIE la posibilidad de que se dirijan directamente al juez de control. En algunos casos de denuncia de malos tratos se ha comprobado que los vídeos entregados por la policía al juez de control estaban editados y se habían borrado parcialmente. En los casos en que los internos denuncian malos tratos en el CIE por parte de la policía el resultado es que se aceleran sus procedimientos de expulsión.

Los CIE son auténticos “Guantánamos jurídicos” que tenemos en nuestro país. Su opacidad a los medios de comunicación y las restricciones a que se conozca su funcionamiento interno forman parte de la estrategia de invisibilizar a los inmigrantes convirtiéndolos en números, cuando no asimilándolos a la  delincuencia o clandestinidad. El objetivo de su invisibilización es acallar la protesta social que supondría que la sociedad conociera esta realidad. Estas políticas de invisibilización y criminalización de las personas migrantes son las que están propiciando el resurgir de la xenofobia, el racismo y la aporofobia en toda Europa. Constituyen un limbo jurídico en el que se violan los derechos humanos más fundamentales y en los que no existe en Estado de Derecho. A pesar de que la Unión Europea y la ONU han condenado a España por la violación de derechos en los CIE, nuestro gobierno sigue sin darse por enterado.

Es urgente cambiar esto cuanto antes y lo mejor sería empezar por cerrar todos los CIE.