Ramón Alonso, Técnico Superior Facultativo de la Administración
Debido a los recortes, privatizaciones y externalizaciones llevados a cabo durante muchos años la sanidad pública madrileña se enfrentó a la pandemia por COVID-19 con insuficientes recursos de personal en atención primaria y hospitalaria y con falta de equipamiento, algo que se pudo ver en los momentos iniciales y en el colapso hospitalario.
Este riesgo era conocido porque a principios de año la habitual epidemia de gripe había puesto en evidencia una vez más las criticas condiciones sanitarias de la Comunidad de Madrid: sus gestores habían descuidado negligentemente sus plantillas o las existencias de equipos de protección individual, ignorando que la OMS había avisado que escaseaban a nivel mundial.
El desastre alcanzó también a la educación pública, también muy deteriorada por los recortes. El 9 de marzo se ordena el cierre de los colegios organizando las clases on line, pero la falta de equipamiento informático en muchos de los domicilios dejó a muchos niños sin acceso a la educación. No hubo previsión o no importó que el cierre de los colegios dejara sin menús escolares a 11.500 niños en riesgo de exclusión. Para muchos de ellos esa era la única comida importante que recibían cada día. La solución, como viene siendo habitual en el gobierno de la CAM, fue contratar empresas privadas de comida rápida, una medida duramente criticada por padres y por nutricionistas.
Los problemas de las residencias eran conocidos hacía tiempo, las denuncias habían sido constantes por la situación de abandono o maltrato a los residentes. Durante la pandemia se llegó a una situación de pesadilla. Cuando intervino la Unidad Militar de Emergencias el escenario que encontraron fue dantesco en muchas residencias. Solo en las residencias de Madrid murieron más de 6.000 personas mayores. Muy pocas de estas personas recibieron un diagnóstico, lo que ha provocado la interposición de denuncias judiciales por parte de varios ayuntamientos.
La gestión hospitalaria
Mas del 95% de los afectados fueron atendidos por la sanidad pública, cuyo personal fue capaz de evitar la catástrofe a pesar de la irresponsable actuación de los cargos políticos, que aparte de obstaculizar la labor de la administración central, permitieron que la sanidad privada se inhibiera: solo recibieron 1.200 pacientes, según el propio consejero. Mientras tanto los hospitales públicos estaban desbordados. El precio ha sido alto: miles sanitarios afectados, con decenas de muertos entre los profesionales de la salud.
Las negligente compra de material
La escasez, a pesar de ser conocida (y por ella tolerada) sirvió a Díaz Ayuso para atacar al gobierno acusándolo de obstaculizar sus aviones en las aduanas y pidiendo que no se dificultase las entradas de nuevos. Pero su primer avión llegó con más de diez días de retraso. La propia presidenta reconoció haber perdido partidas en las operaciones. Mención especial merece el tema de las mascarillas: acusaron a la administración central de distribuir mascarillas defectuosas entre los sanitarios, para acabar reconociendo que habían sido adquiridas y distribuidas por la propia autoridad madrileña. Las mascarillas FFP2 -14 millones de unidades- entregadas a la población a través de farmacias, eran defectuosas o tenían certificados falsificados. El coste de las mismas fue de 28 millones de euros. El precio pagado de unos dos euros por unidad permite estimar que se ha producido una desviación de varios millones de euros sobre precio de mercado (1,2 euros a 1,6 euros por unidad).
La “gesta” del IFEMA.
Ante la gravedad de la situación la CAM solicitó la ayuda de la administración central, quien se la prestó instalando hospitales de campaña y financiando la contratación masiva de personal sanitario. La UME instaló la infraestructura básica y cubrió las necesidades logísticas iniciales de los hospitales de campaña. El del IFEMA funcionó basado en el esfuerzo de los sanitarios y otros trabajadores, así como las aportaciones de voluntarios, pero también hubo colaboradores interesados. Durante los 41 días en servicio atendieron a 3.811 enfermos entre más de 1.400 empleados. Este centro se montó como una unidad de apoyo para atender a los enfermos más leves derivados de las urgencias de los centros saturados. La confusión inicial fue notable. Había falta de materiales y de equipos de protección, pero se solucionó gracias al valor y la improvisación de los que trabajaron allí. Para cubrir el personal necesario para el IFEMA se retiró de sus puestos de trabajo a gran parte de los médicos de atención primaria, lo que generó deficiencias en el servicio a los ciudadanos y una una queja del colegio de médicos.
La gestión del hospital de IFEMA arroja zonas oscuras: en los 41 días se gastó (sin incluir personal) un mínimo de 28.349.000 de euros, de ellos, 13.315.000 en EPIs. En estos gastos también se incluyen los servicios de catering y suministros clínicos, con sospechosamente elevados que arrojan muchas dudas. Las concesiones sin concurso y las condiciones y facturaciones de los servicios prestados son muy discutibles. La clausura organizada por la presidenta de la Comunidad con cientos de invitadss fue un flagrante incumplimiento del estado de alarma.
El dinero público se gastó a manos llenas, sin control fiscal ni parlamentario, y ha ido a los bolsillos de un selecto grupo de empresarios, que han logrado beneficios astronómicos: entre ellos empresas de catering, de materiales sanitarios, de equipos de protección, de laboratorios privados o comisionistas e importadores.
Durante el confinamiento y la desescalada, la Comunidad apoyó cualquier iniciativa contra las disposiciones gubernativas, solicitó cambios que no podían atender o simplemente mintieron. Finalizado el confinamiento, no han hecho nada para aminorar las trágicas secuelas de esta enfermedad. Han ignorado o vulnerado todos los compromisos adquiridos o sugeridos por los expertos: la atención primaria no se ha restablecido y no se han contratado profesores o rastreadores.
Lo que ha pasado y sigue pasando es consecuencia de un intento deliberado de deteriorar los servicios públicos para privatizarlos: la sanidad y la educación. Se gasta sin control para beneficiar a unos cuantos y se ignora el bienestar o la seguridad de los madrileños.
Ningún movimiento ciudadano puede permanecer impasible frente a tan sombrío panorama y las organizaciones memorialistas no pueden ser una excepción.
