El Tribunal Supremo de Kenia bloquea el cierre del campo de refugiados más grande del mundo
Considera la medida discriminatoria y desproporcionada
En 2016 el gobierno de Kenia promulgó una directiva para cerrar Dadaab, el campo de refugiados más grande del mundo, donde vivían desde hace más de veinte años 260.000 refugiados somalíes. La razón: una cuestión de seguridad. La orden incluia la repatriación a la fuerza de los somalíes que no quisieran regresar voluntariamente a su país. Dada la complejidad de la operación, el plazo de cierre de esta auténtica ciudad de casetas y tiendas de campaña se había retrasado hasta mayo de este año, pero un juez del Tribunal Supremo de Kenia acaba de dictar que el cierre y la expulsión de sus habitantes equivale a un acto «de persecución de un grupo o etnia».
El gobierno de Kenia había justificado el cierre del campo de refugiados por razones de seguridad, al considerar que desde el campo se habían planificado atentados cometidos en Kenia por al-Shabab, una organización terrorista con sede en Somalia.
Dadaab se creó en 1991 para albergar a familias que huían del conflicto en Somalia. Muchos de sus habitantes habían nacido allí y no conocían su país natal.
La decisión de bloquear el cierre del campo fue tomada tras un recurso presentado en los tribunales por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia y otras organizaciones vinculadas a los derechos humanos, que denunciaron que la medida suponía una discriminación contra los habitantes del campo y contraria al derecho internacional. En su sentencia el juez John Mativo dice que «la decisión del gobierno dirigida específicamente a los refugiados somalíes es un acto de persecución colectiva, ilegalmente discriminatoria y por lo tanto inconstitucional. La medida es excesiva, arbitraria y desproporcionada».
Tras esta sentencia, al gobierno de Kenia le queda la posibilidad de apelar, pero mientras esa apelación se sustancia y se resuelve, el gobierno está obligado a mantener el funcionamiento del campo de refugiados.
Organizaciones como Amnistía Internacional han recibido con alegría la decisión del Tribunal, ya que, explican, Kenia tiene una obligación legal de proteger a las personas que buscan asilo y huyen de la persecución.
Somalia, país del que proceden los refugiados, está sumida en una guerra civil contra el grupo islámico al-Shabab, que controla parte del territorio, y aunque está apoyado por 22.000 soldados de la Unión Africana, no es un país considerado seguro para regresar por los refugiados, que temen por su vida si regresan a un país inseguro.
