Pacientes psiquiátricos: medicar coaccionando

Francisco Martínez Granados* y Emilio Pol Yanguas**

Es frecuente que muchas personas etiquetadas como “enfermo mental grave y persistente” reciban prescripciones de una amplia gama de fármacos, principalmente antipsicóticos. Muchos pacientes encuentran una ayuda en estos tratamientos, pero otros muchos encuentran que este beneficio es pequeño o ausente y a costa de muchos inconvenientes. Una gran parte del trabajo de los profesionales de salud mental consiste precisamente en convencer a los pacientes de lo contrario. Cuando el paciente se resiste a los argumentos del profesional, entonces los esfuerzos de estos se suelen dirigir a “obligar” al paciente a tomar la medicación, justificándose en la falta de “conciencia de enfermedad”. El psiquiatra se convierte en juez y parte. No es cierto que los enfermos mentales no tengan conciencia de tener un problema. La discrepancia suele estar en la naturaleza de la solución que le dan los profesionales.

Imagine por un momento que un medicamento que le produce efectos desagradables le es administrado a la fuerza o con coerción, sin su consentimiento, y durante todo un trimestre. Pero qué pensar si además los tratamientos son administrados a dosis superiores a las recomendadas, en mezclas no experimentadas y para indicaciones no autorizadas. ¿No es demasiada incertidumbre? ¿No entraría esto dentro de lo que se conoce como uso experimental? ¿Están los enfermos mentales sometidos a experimentación no controlada? ¿Consideraría esto una violación de derechos humanos básicos? Recientemente se ha comercializado un antipsicótico inyectable intramuscular para aplicación trimestral. Su eficacia dista de haber sido demostrada adecuadamente, dados los defectos de los ensayos clínicos que apoyan su comercialización.  Sobre él se ha hecho mucha propaganda -bordeando la ilegalidad- en forma de artículos de difusión científica en la prensa general. No olvidemos que en Europa no se permite la publicidad directa a los consumidores de medicamentos de prescripción.

La esperanza de vida de los enfermos mentales es de promedio unos veinte años menor que la población general. Aunque en los últimos decenios la esperanza de vida de la población, y también de los enfermos mentales ha aumentado, la diferencia entre ambos colectivos ha aumentado.  Los  efectos adversos de los medicamentos no parecen ajenos a este hecho. Los psicofármacos tienen consecuencias deletéreas en contra de la salud entendida como recurso fundamental para la vida. Sin estos recursos vitales, que los fármacos en ocasiones bloquean, es muy difícil que una persona pueda afrontar situaciones críticas y adversas y trascenderlas hacia la construcción de realidades psico-sociales más soportables y de bienestar.

Si los datos de eficacia de los medicamentos para la psicosis y otras esquizofrenias son deficientes, mucho más lo son los datos referentes a su seguridad y tolerabilidad. La investigación de los efectos lesivos es mucho más deficitaria. De manera sistemática son especialmente ignorados los efectos desagradables subjetivos. Pero en definitiva, ¿no se trata de mejorar la percepción subjetiva de bienestar?.

Pero esto no es todo: si el sujeto diagnosticado se rebela contra los que le quieren drogar contra su voluntad, lo que le espera es la contención mecánica, eufemismo de «atarle a la cama con correas». Barbarie sobre barbarie, que cometen sobre él por no aceptar la droga que le dan esos mismos que le prohíben la droga que quiere. Así hasta doblegar al “rebelde”, pero la degradación humana no puede representar un objetivo terapéutico.
Mientras que hay recursos sin límites para este tipo de “terapias coercitivas”, de “contención” de las personas diagnosticadas de trastorno mental, se escatiman recursos para la “rehabilitación  y recuperación”,  se escatiman recursos para permitir que los diferentes vivan sus vidas, se prefiere anularlos antes que permitírselo.  Cuando se han creado recursos habitacionales para estos pacientes, se ha puesto a empresas de seguridad a gestionarlos. Parece que la prioridad no es la recuperación si no al contrario la custodia y separación del resto de la sociedad. Se les extirpa la posibilidad de formarse como sujetos de su propio destino, a través de camisas de fuerza moleculares.
Crecen las cifras de ganancias de los fabricantes de antipsicóticos y se reducen las ayudas sociales para estos mismos pacientes. El coste mensual en medicamentos de dudosa eficacia y de daño seguro que reciben estos pacientes alcanza fácilmente los 500 a 1.000 euros mensuales, mientras que las pensiones, si es que la reciben, no llegan a 500 euros en la mayoría de las ocasiones. ¿A qué razones obedece tan tremendo disparate?.  Probablemente tengamos la respuesta en la concepción del ser enfermo como “ente” generador de consumo, como instrumento para el beneficio del capital,   y no como “ente” cargado de la dignidad plena de la persona.

*Francisco Martínez Granados es Master en Neuropsicofarmacología y Toxicomanías por la Universidad Victor Segalen (Burdeos, Francia) y Educador en Salud en la Escuela Comunitaria en Salud “La Plaza” de Alicante. **Emilio Pol Yanguas es Master en Medicina Humanitaria y Doctor en Medicina Experimental por la Universidad Miguel Hernández. Ambos son licenciados en Farmacia y Especialistas en Farmacia del Sistema Nacional de Salud.