Romper el silencio

Que Europa negara a Italia el apoyo para mantener este operativo, basándose en un bochornoso “efecto llamada”, ha hecho posible que una vez más estemos oyendo hablar de “tragedia en el mar” como si se tratara de un desastre natural, de un tifón inesperado e inevitable que se hubiera tragado trescientas vidas a unas millas de la costa europea. No, no es así: hay una responsabilidad en lo que ha ocurrido y en lo que previsiblemente seguirá ocurriendo entre las costas de África y Europa. Mirar hacia otro lado y dejar morir de frío en medio de las olas a cientos de seres humanos sencillamente no es una opción, y revertir esa realidad evitable pasa como primera medida por cambiar un enfoque defensivo claramente fracasado por otro más valiente que busque la implicación y el compromiso de todos los países europeos  además de los limítrofes, y que aborde la cuestión migratoria desde múltiples aspectos y políticas y no solo desde el control de fronteras.

Se nos habla de la migración en el Mediterráneo como si se tratara de un ejército organizado con el objetivo de invadir nuestra antigua y respetable Europa y, cuando ese argumento deja de sostenerse ante las imágenes de cientos de cuerpos inermes descargados en un muelle o en un hangar de Lampedusa, entonces se enfoca sobre el papel el objetivo hacia la  lucha contra  las mafias que trafican con la esperanza. Claro que la trata de personas ha llegado en los últimos tiempos a cotas de crueldad no imaginadas, con barcos dignos del desguace y propios para el  ganado atestados de gente, que son abandonados en alta mar por la tripulación; pero hay que reconocer que se ha facilitado el negocio a los indeseables poniendo a su alcance miles de personas que huyen del hambre o de la guerra y que no tienen más salida que hacerlo por mar desde Libia o desde Turquía en condiciones pésimas, una vez que otras vías terrestres, más seguras o legales les han sido cerradas. Según Frontex, la agencia europea de fronteras, una cuarta parte de las personas detectadas cuando intentaban llegar a Europa durante el 2014 eran familias sirias huyendo de la guerra, es decir refugiados. Una vez más, el viejo mundo pierde al ignorar el sufrimiento de estas mujeres, niños y hombres los mismos valores que dice defender cuando los rechaza.

Ante la cifra de casi 170.000 personas que intentaron llegar a Europa por el Mediterráneo Central, la de 3000 que lo hicieron intentando saltar la valla de Ceuta y Melilla en el mismo período de tiempo podría resultar ridícula si no fuera porque cada historia guarda una concentración de sufrimiento físico, humillación y sueños rotos que la hace merecedora del mismo respeto y consideración. Pero es esa cifra, sumada al lenguaje que una vez más hunde sus pies en el miedo al diferente, lo que sirve como disculpa para acciones que van en contra los derechos humanos, como el uso de material antidisturbios frente a gente asustada y exhausta que intentaba ganar a nado la playa en una negra madrugada de Tarajal hace apenas un año.

En las últimas semanas, la acrobacia verbal se ha aplicado en justificar la aprobación de la modificación de la Ley de Extranjería que regulará las devoluciones inmediatas en la frontera de Ceuta y de Melilla. Ante las críticas recibidas desde organizaciones de derechos humanos y de instituciones europeas, y por recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Gobierno español ha habilitado dos oficinas para solicitar protección internacional en los puestos fronterizos, exponiendo en su lógica como conclusión  que quien no las utilice no será considerado potencial solicitante de asilo y por tanto, podrá ser devuelto sobre la marcha. La incógnita de la ecuación está  en cómo podrán solicitarlo las personas de origen subsahariano, que no tienen libre acceso hasta esos puestos, quedando por tanto obligadas a saltar la valla como única forma de acceder a España.

La difícil gestión de estas fronteras, más que como un problema humanitario parece manejarse por los responsables como un asunto incómodo, tanto que se puede casi oír un suspiro de alivio cuando en Marruecos se procede al periódico desmantelamiento e incendio de los campamentos de subsaharianos. A uno y otro lado en fin se les despacha con tal desprecio que en lugar de jóvenes con un proyecto de vida tan respetable como el nuestro parece que se tratara de fichas de un perverso juego de la oca que se pudieran enviar una y otra vez a la casilla de salida.

Otro de los dolorosos aspectos de la política de inmigración de la UE, basada en un modelo puramente defensivo, se materializa en la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Si bien se les define en la normativa española como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, la realidad que se vive tras sus muros recuerda y sobrepasa con demasiada frecuencia a la que se consideraría propia de una cárcel. Esto resulta todavía más inquietante si se tiene en cuenta que la razón por la que la mayoría de las personas es retenida en un CIE por un tiempo que puede alcanzar los sesenta días es una falta administrativa, es decir el hecho de no haber podido obtener o renovar su permiso de residencia.

A un CIE se puede llegar como primera toma de contacto con el territorio español. Esta situación representa una indefensión extrema si, como a menudo es el caso, al sufrimiento del trayecto migratorio, se añade el desconocimiento del idioma, de los derechos, de la forma de hacerlos valer y en ocasiones, hasta del lugar de Europa en el que uno se encuentra.

Mucho más frecuente suele ser  que una persona que no ha logrado regularizar su situación después de vivir años en nuestro país o bien que no ha podido renovar su permiso de residencia al quedar sin trabajo como tantos españoles, sea detenida en la calle y llevada a un centro de internamiento sin tener oportunidad de recoger sus pertenencias ni mucho menos cuando es el caso, sus informes médicos. Algunas de ellas tienen menores a su cargo y, en ocasiones, estos tienen nacionalidad española. Hay muchas personas que como culminación de este proceso, son expulsadas vía avión a un país que con suerte será aquel en que nacieron, pero con el que ya no les une ningún vínculo porque tienen en España su vida y su familia.

A lo largo de sus veinte años de existencia, lo CIE españoles han sido objeto de la denuncia reiterada de múltiples organizaciones por la comprobada vulneración de los derechos humanos en su interior. Alguna de ellas ha terminado en el cierre del centro, como ha sido el caso del de Málaga en 2012, tras arrastrar graves deficiencias en su funcionamiento y pésimas condiciones higiénicas y de habitabilidad. Pero incluso en aquellos con infraestructuras más aceptables, no se dan los mínimos de respeto a la dignidad y a las características individuales de cada persona, que se ven privadas no solo de su libertad, sino de la posibilidad de comunicarse adecuadamente, con un régimen de visitas restrictivo y basado en la sospecha, sin garantías de acceso adecuado a la salud, sin privacidad, sin ser informados anticipadamente de los traslados, y con pocas facilidades para comunicarse con organizaciones sociales.

Según el Servicio Jesuita a Migrantes y Pueblos Unidos, el coste humano de la estancia en un CIE es demasiado alto, detectándose tal como muestra su informe sobre  2013, además de todas las deficiencias ya descritas, insuficiente  control judicial del internamiento y pobre calidad en la asistencia letrada.

La aprobación en marzo de este año del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros viene a cubrir un vacío que favorecía la arbitrariedad y el desamparo, aunque su contenido, y la opacidad que los rodea no permiten presagiar un cambio sustancial ni en la filosofía ni en las condiciones de vida de los mismos. Incluso si ese cambio se produjera, no hay ninguna evidencia de que las personas que migran estén más inclinadas genética o culturalmente al delito, por tanto la mera existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros como cárceles encubiertas e invisibles, es inaceptable. Y hasta que se logre que se pongan en marcha alternativas al internamiento  más acordes con el respeto de los derechos humanos tendríamos al menos que preguntarnos qué es lo que ocurre en su interior.

Disfrazada de medida económica, pero alimentada por los mismos elementos, en septiembre de 2012 se puso en marcha otra política activa de exclusión, esta vez en el ámbito sanitario. El Real Decreto Ley 16/2012 no solo es injusto y peligroso, como han repetido y documentado organizaciones sociales y científicas, ahora también sabemos que es inútil. Porque ¿quién a estas alturas puede creer que extirpar del sistema sanitario a personas que viven en España y hasta ese momento tenían atención normalizada, aunque la gran mayoría no hiciera uso de ella, es una medida adecuada de ahorro? Especialmente porque atender en Urgencias enfermedades evolucionadas o complicadas por falta de cuidado en fases precoces no fue nunca la opción más barata. Sin olvidar que los mecanismos, si los hay, para detectar a tiempo fuera de la Atención Primaria las enfermedades infecciosas no se han articulado suficientemente después del Real Decreto y esto pone en riesgo a toda la población y no solo a la extranjera en situación irregular. Una vez más aquí se nos pretende implicar en el discurso del miedo, esta vez a la crisis, buscando nuestra complicidad. Reconocer el derecho a la salud no es un acto de caridad, ni tan solo de solidaridad; es un acto de justicia porque, además de los tratados internacionales firmados por España que así lo avalan, hay que tener presente que la sanidad en España se financia con impuestos directos e indirectos, y se paga entre todos y todas, inmigrantes incluidos independientemente de su situación administrativa.

Las políticas que convierten en amenaza las legítimas aspiraciones de las personas que llegan a nuestras fronteras no han logrado ni que Europa sea más segura ni que España sea menos pobre o más sana. Al contrario, los parámetros de nuestra salud moral se deterioran cada vez que  respaldamos con el silencio que se dé un trato poco digno a nuestros semejantes. No nos engañemos, los derechos humanos son para todos o no son y en una sociedad en la que no se ponen los mecanismos para asegurar su respeto, nadie está salvo.