Nigeria: la crisis olvidada

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Nigeria: la crisis olvidada
Más de 400.000 personas en el noreste de Nigeria, que se han visto obligadas a huir de sus hogares por la violencia del grupo islamista Boko Haram, se encuentran en una situación dramática. Se teme, además, que el número de huidos aumente si los ataques contra los civiles se intensifican.
El español Fernando Arroyo dirige las operaciones de la OCHA (Naciones Unidas) en la zona.


Aumenta la inseguridad alimentaria en Nigeria

 

«Estamos asistiendo a una crisis de grandes proporciones que está siendo ignorada», según fuentes del IRC (International Rescue Committee) en Nigeria. Desde finales de agosto las fuerzas de Boko Haram dominan la región de Adamawa provocando la huida de miles de personas, que carecen de alimentos, agua, vivienda, atención médica y otras necesidades básicas, como ropa y jabón. Los ataques por sorpresa provocan que la población huya literalmente con lo puesto. El pasado 25 de noviembre un doble atentado suicida en el mercado más grande del Estado de Borno provocó la muerte de decenas de personas.

Una crisis que aumenta

Al menos 1,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares desde  mayo de 2013. Al menos 150.000 se han refugiado en los países vecinos de  Chad, Níger y Camerún, según la Agencia de Refugiados de la ONU. El organismo de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) calcula que los refugiados en estos países son 180.000. Entre enero y noviembre se han contabilizado otros 700.000 desplazados internos. Tras la toma de la ciudad de Mubi (en el estado de Adamawa) por Boko Haram el 29 de octubre, más de 20.000 personas se instalaron en campamentos en la ciudad de Yola en una sola semana. Se cree que decenas de miles más que se han refugiado en asentamientos improvisados en las comunidades vecinas. El español Fernando Arroyo, jefe de operaciones de OCHA en Nigeria ha asegurado que el flujo de desplazados es constante y se ha acelerado durante las últimas semanas.

Más campos de desplazados

En la actualidad hay doce campos oficiales de desplazados internos en el estado de Borno y seis en Adamawa, que son operados por la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado (SEMA) con el apoyo de NEMA y otros socios internacionales. Al menos cuatro de ellos se han abierto en las últimas semanas para dar cabida a los recién llegados. Allí reciben alimentos, agua, atención médica y alojamiento. Sin embargo, la mayoría de los desplazados internos no llegan a instalarse en los campos autorizados. Algunos son rechazados porque los campos están al límite de su capacidad, pero muchos tienen miedo y buscan refugio en aldeas, donde tienen que dormir al raso, o con suerte, encuentran techo en iglesias abandonadas o escuelas.

«El problema es que sólo una minoría consigue alojamiento en los campos. La mayoría se desplaza de aldea en aldea, con lo que es muy difícil saber cuántos son o registrarlos con el fin de poder prestarles asistencia», aseguró Arroyo.

Falta de alimentos

La mayoría de los campamentos informales no tienen agua, saneamiento e higiene. Las condiciones sanitarias son deplorables. Además, muchos centros de salud están cerrados o han sido destruidos. En semejantes condiciones se ha producido un aumento de los casos de cólera, diarrea y otras enfermedades prevenibles entre las poblaciones de desplazados internos, según la Cruz Roja, que se ven casi impotentes para atender a las crecientes necesidades sanitarias y alimentarias.

En este sentido, se calcula que más de cinco millones de personas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria en once Estados del norte del país. En el Estado de Adamawa se encuentran en la fase 2 de inseguridad alimentaria (aguda), y podrían entrar en fase 3. En Borno y Yobe la inseguridad alimentaria llegó a niveles de crisis incluso antes de la época en que es habitual (julio y agosto). La interrupción de las labores agrícolas y la destrucción de las cosechas por la violencia hará aumentar el nivel de crisis. El gobierno dice que la producción se ha reducido este año en un 26 por ciento en el estado de Borno, el 21 por ciento en el estado de Yobe y 14 por ciento en el estado de Adamawa. Como es habitual en este tipo de crisis, los más afectados son las poblaciones más vulnerables: el impacto en los niños está siendo grande, con un fuerte aumento de los casos de desnutrición aguda, que podrían aumentar en las próximas semanas.

Además, los precios de los alimentos siguen siendo altos en los tres estados y muchas personas han perdido sus principales fuentes de ingresos, reduciendo aún más el poder adquisitivo.

Presencia internacional limitada

Debido a los problemas de seguridad en curso, sólo hay una docena de ONG o agencias de la ONU que actualmente operan en las zonas afectadas, según OCHA. «El noreste de Nigeria es una región muy peligrosa para trabajar», dijo Arroyo. «Incluso en Madiguri – la capital del estado de Borno – sólo hay una pequeña concentración de los trabajadores humanitarios, pero la situación es extremadamente preocupante». Arroyo cree  que deberían redoblarse los esfuerzos ya que la situación tiene visos de empeorar.

En Adamawa, el Estado más afectado, por ejemplo, sólo dos ONG -IRC y Oxfam- tienen una presencia operativa permanente. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de Alimentos y Agricultura y UNICEF tienen una presencia de vigilancia, y ECHO, el Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional son los únicos donantes para la zona.

La intensificación de la ayuda

A mediados de noviembre, el Plan Estratégico de Respuesta (SRP) para Nigeria, que fue lanzado en febrero, sólo había conseguido una financiación del 14 por ciento. Para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades, se solicitó un llamamiento de emergencia el 5 de noviembre por un monto de 2,8 millones de dólares para ayudar a 150.000 personas que han sido directa o indirectamente afectados por el conflicto, en los próximos 12 meses. ECHO comprometió 6,2 millones de dólares el 25 de noviembre para ayudar a los desplazados internos en Borno, Yobe y Adamawa, que se suma a los 9,4 millones de dólares que se destinaron a principio de año a la región.

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