Ramón Alonso. Técnico Superior Facultativo de la Administración
Lo conocido como Cañada Real de Madrid es un largo pasillo que atraviesa o linda con territorios de los municipios de Madrid, Rivas, Getafe y Coslada. En los últimos años ha sido foco de conflictos por los motivos que a continuación se citan.
Históricos
La Cañada Real proviene de una antigua vía pecuaria, por donde en su día pasaban los ganados en sus traslados estacionales dentro de su régimen de trashumancias. Era un terreno de titularidad pública donde, en teoría, no se podía edificar nada hasta los años sesenta del pasado siglo, cuando se autorizó la construcción de pequeños edificios para refugio de los pastores y almacenes de sus enseres. Esto junto con el abandono del uso provoco la invasión de construcciones ilegales. En el año 2009, el gobierno lo desafecta pasando a un régimen jurídico que permite la edificación.
Geográficos
La Cañada Real, de más de 14 km de larga, está dividida en seis sectores donde confluyen una serie de situaciones e intereses personales contrapuestos que hacen difícil cualquier tipo de regularización, si bien hay partes de este trazado cuya compatibilización con el entorno jurídico es más fácil.
Sector 1. Pertenece al Ayuntamiento de Coslada y está prácticamente regularizada, con leves ajustes para su total adaptación a leyes.
Sector 2. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid y está situada entre las carreteras M-45 y M-203, con viviendas y naves industriales mayoritariamente ilegales. Es una zona de posible desarrollo urbanístico en el futuro.
Sector 3. Situado entre la M-203 y la M-823 y lindante con Rivas. También tiene un posible desarrollo urbanístico
Sector 4. Situado entre la M-823 y la Línea 9 de metro y lindante con Rivas.
Sector 5. Situado entre la línea 9 de metro y Covibar, dentro de Rivas, ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años.
Sector 6. Radicado entre la A-3 y Getafe. Es termino municipal de Madrid en su inmensa mayoría y es la zona más grande y conflictiva, ya que constituye el mayor asentamiento ilegal de personas en España. En esta zona existe una complejísima situación derivada de existencia de edificios que van del alto-medio standing a infraviviendas, donde en algunas se trafica con drogas a gran escala.También se efectúan compraventas de terrenos sin estar escriturados y se hacen o se venden conexiones ilícitas a la red eléctrica o las de suministro de aguas. La postura del ayuntamiento de Madrid es ecléctica, pues es partidario de respetar algunas propiedades y de derribar otras. Hay edificios que no siendo legales pagan el IBI y propietarios que sin poseer ningún título de propiedad han sido indemnizados para la construcción de infraestructuras. En esta zona está situado el centro de tratamiento de residuos de Valdemingomez.
Políticas
Desde la desafección, la Comunidad de Madrid, ha cedido a los ayuntamientos (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada) la gestión de sus correspondientes zonas. Los ayuntamientos acordaron realizar un censo y se estima que viven unas 8.000 personas, 2.000 de ellas son menores.
Las posturas de los consistorios respecto de las zonas que pertenecen a sus términos municipales son muy variadas. Coslada, por ejemplo, quiere finalizar la regularización y legalizar todo con pocos desalojos. Rivas Vaciamadrid, sin embargo, quiere derribarlo todo para crear una zona verde y realojar a los afectados que carezcan de alternativa de vivienda. Madrid es partidaria de derribar algunas construcciones y respetar otras, así como trasladar vecinos.
El problema es que hay una infinidad de casos distintos, algunos con derechos, lo que hace inviable una solución rápida o sencilla. Son muchos años de delación, con tolerancias que han acabado por generar un problema muy severo y complicado.
Los ayuntamientos implicados firmaron un acuerdo con la Asamblea de Madrid para resolver los problemas, pero aparte de nombrar una comisión no se sabe de ningún tipo de progreso hasta ahora.
En conclusión, podemos decir que por negligencia consciente las autoridades (y sobre todo el ayuntamiento de Madrid) han permitido que esa zona y sobre todo el sector 6, sea una ciudad sin ley, donde todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana si es que tiene fuerza para ello. Pero es una zona donde también se sufre, y donde vive gente sin otra posibilidad que hacerlo allí, y eso lo saben bien las organizaciones humanitarias y organizaciones caritativas que tratan de paliar, con sus escasos medios, el desastre, a pesar de acuerdos y soluciones que no se ponen en práctica.
Respecto de los últimos acontecimientos relacionados con el suministro eléctrico, lo cierto mes que la contratación de suministros eléctricos es compleja y larga. No se puede contratar nada sin que se acredite propiedad o alquiler de la zona a suministrar. El suministro se contrata a través de una comercializadora, quien cobra y contrata los consumos que les son facturados por la distribuidora. En este caso, al no haber contratos, ya que la mayoría de los enganches son ilegales, la energía se obtiene directamente de la distribuidora, quien sufre las correspondientes perdidas.
Hace muchos años que las eléctricas tienen medios tecnológicos para detectar enganches ilícitos, pero por la razón que fuese, no se había efectuado la eliminación de los mismos hasta fechas recientes. Los cortes de suministros en estos casos están amparados por ley y debe ser informada la Dirección General de Industria, pues este tipo de instalaciones no solo defraudan energía, sino que suponen graves riesgos para personas y bienes. Es decir, es estas operaciones, que son realizadas por las compañías eléctricas se llevan a cabo con conocimiento de la Comunidad de Madrid.
Los cortes que se han producido son generalizados y hay miles de personas que han quedado sin suministro energético. No se ha discriminado ni zonas ni identificado los responsables. Se ha justificado que los consumos eran desorbitados debido a plantaciones clandestinas de marihuana. Es decir, no se han producido por seguridad, sino por pérdidas económicas.
Especulación inmobiliaria
Como se ha expuesto, cualquier corte de suministro por enganches ilegales tiene que ser informado a la Comunidad de Madrid, quien podría haber identificado los puntos y presentar las correspondientes denuncias, pero han preferido culpar a la Delegación del Gobierno. Por otra parte, la Comunidad está legislando para simplificar las tramitaciones de las licencias de edificación y existen desde hace tiempo proyectos de urbanizar parcialmente esas zonas.
Como tanta coincidencia no puede ser casual, nos obliga a pensar que el repentino interés por eliminar los suministros de energía irregulares no es sino una excusa para expulsar a los más débiles de la zona de sus ínfimos alojamientos, con absoluto desprecio de cualquier tipo de circunstancia personal y todo ello, caiga quien caiga, sin importar lo que opine el Defensor del Pueblo, o las organizaciones humanitarias, ni por supuesto los daños en salud y educación a cientos de menores.
En el fondo, de lo que se trata, es de hacer la vida imposible a algunas personas para que abandonen su lugar de residencia. Los traficantes podrán volver rápido, si no lo han hecho ya a su negocio, mientras las penalidades azotan como siempre a los más débiles. No se trata de hacer justicia o arreglar la situación. Hay intereses urbanísticos de por medio: El Cañaveral, Ahijones, Berrocales.. que pueden ser lucrativos negocios para algunos de los mejores amigos de la señora Ayuso: el lobby de los constructores.
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