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La crisis del COVID-19 como oportunidad para mejorar la sanidad pública

Pilar Estébanez
Pilar Estébanez

Pilar Estébanez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria

De las grandes crisis se pueden sacar conclusiones y lecciones aprendidas. En estos momentos España se enfrenta a la crisis de salud más grande de las últimas décadas. A estas horas 7.753 personas han dado positivo al coronavirus SARS-COV-2 causante del COVID-19 y han muerto 288 personas desde el 1 de febrero cuando se confirmó el primer caso de España en La Gomera. El presidente Torra ha pedido el cierre total de Cataluña y también Madrid está evaluando cerrar la capital. Para responder a este desafío insólito el gobierno ha decretado el Estado de Alarma en todo el país, con una serie de medidas para tratar de contener la epidemia. Tenemos políticos y ministros enfermos o en cuarentena y las UCIS de los hospitales comienzan a saturarse, con los equipos sanitarios agotados.

Como decía antes, una crisis puede servir para mejorar. Es una evidencia que el proceso de destrucción de la sanidad pública que comenzó el Partido Popular vamos a pagarlo en esta crisis: en Madrid solo hay 641 camas de UCI y más de un tercio están ocupadas ya por enfermos por el coronavirus. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), se espera que «un 15 por ciento de los pacientes con infección por coronavirus presenten cuadros graves que deban ser atendidos en UCI», y se acerca y confirma los datos del Chinese Center for Disease Control and Prevention, que ha concluido en la fase final de la epidemia en China que la mayoría de los casos confirmados fueron leves, un 13,8 por ciento fueron graves y un 4,7 por ciento fueron críticos y necesitaron UCI.

España es un país donde la población octogenaria supone el 6,1 por ciento, casi tres millones de persona que podrían necesitar UCI. El número de camas UCI en España es de 4.627, que suponen 9,8 camas por 100.000 habitantes, cuando por el número de personas mayores debería ser mayor. Alemania tiene 29,2 camas por cada 100.000 habitantes, Italia 12,5 y Francia 11,6. La causa del inferior número de camas por habitante, teniendo en cuenta además que tenemos la mayor población de octogenarios de Europa, se debe a los recortes presupuestarios en Sanidad.

Con la progresión que está mostrando la enfermedad en pocos días la totalidad de estas camas estarán ocupadas  por enfermos por COVID-19, restando sitio a otras patologías que también necesitarían cuidados intensivos. 

En el año 2008 Madrid tenía 2.100 camas hospitalarias más que ahora y desde 2007 España ha perdido más de 8.400 camas hospitalarias, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).  También había más médicos por paciente: la población ha aumentado en más de medio millón de personas en la Comunidad de Madrid, pero el número de médicos sigue siendo prácticamente el mismo. Nada de esto es casual. El Partido Popular, que ha gobernado en la Comunidad de Madrid en los últimos años, se ha dedicado con verdadera devoción a privatizar lo que ha podido, a cerrar plantas enteras de hospitales y a eliminar camas, con el objetivo de transferir recursos y pacientes a la sanidad privada, que ha crecido en la misma medida que ha disminuido la pública.

Ahora nos encontramos con que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha nombrado a Antonio Burgueño como asesor para el coronavirus. Burgueño fue director general con Fernández-Lasquetti, que pretendió externalizar -privatizar- seis hospitales de la Comunidad de Madrid y numerosos centros de salud, en el mayor ataque a la sanidad pública que se recuerda y que fue paralizado por los tribunales. Este nombramiento muestra una carencia de sensibilidad por parte de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, que tendría que hacer todo lo posible para que el personal sanitario se sintiera a gusto con las medidas que se tomen, algo que no consigue, sino todo lo contrario, el nombramiento de Burgueño, rechazado masivamente por la sanidad madrileña, incluso por responsables hospitalarios, como el jefe de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital La Paz-Carlos III, José Ramón Arribas, que ha pedido a la presidenta que reconsidere su decisión.

Afortunadamente el decreto de Estado de Alarma permite legalmente al gobierno decidir, en función de las necesidades, la administración de los recursos sanitarios en toda España y eso incluirá la coordinación con los hospitales privados para que también asuman su responsabilidad ante una crisis que, repito, es inédita.

A estas horas el sistema está cerca del desbordamiento, con los profesionales cansados aunque motivados. Los sucesivos gobiernos de la derecha intentaron por todos los medios acabar con el Sistema Público de Salud que ha sido reconocido por instituciones internacionales, profesionales y otros países, para favorecer sistemas privados que enriquecen a personas particulares y grupos de inversores y dejan sin salud igualitaria a los ciudadanos y sin servicios a los más desfavorecidos. No debemos permitirlo. Y ante la situación que estamos viviendo, aprendamos la lección.   

Cuando termine esta situación los ciudadanos deberían recordar, la sociedad entera debería reflexionar, sobre las consecuencias que para un país puede tener el desmantelamiento de la sanidad pública y la importancia que tiene, para hacer frente a estas situaciones, disponer de un sistema público de salud fuerte, con recursos -hay que invertir más en nuestra sanidad-, con más personal y con motivación. Esta es una de las lecciones que debemos aprender de esta crisis.

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