Encabeza la delegación de Myanmar, país acusado por genocidio contra la minoría rohingya, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que comenzó ayer sus sesiones
Héctor Alonso
La Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, encabeza la delegación de su país, Myanmar, ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya para responder a las acusaciones de genocidio que su gobierno podría haber cometido contra la minoría rohingya. Tras las investigaciones de Naciones Unidas y las acusaciones y testimonios recogidos por numerosos organizaciones de derechos humanos, un pequeño país africano, Gambia, tomó la iniciativa de llevar a Myanmar al banquillo para que responda de esas acusaciones.
La causa se formalizó el pasado mes de noviembre y ayer comenzó la vista. La acusación es por «violar la Convención sobre Genocidio de 1948» y se fundamenta en un documento de más de 60 páginas que incluye testimonios e imágenes.
La iniciativa de Gambia, un país mayoritariamente musulmán, ha recibido el apoyo de Canadá y Holanda, de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch o la Organización para la Cooperación Islámica (57 estados miembros). En noviembre el ministro de Justicia de Gambia e impulsor de la demanda, Abubacarr Tambandou, que fue fiscal del Tribunal sobre el genocidio de Ruanda en 1994, afirmó que el objetivo es que Myanmar “rinda cuentas por actuar contra su propio pueblo, los rohingya”.
Las acusaciones
En el verano de 2017 más de medio millón de miembros de esa minoría de religión musulmana fueron empujados a huir de Myanmar para escapar de la represión organizada contra ellos por el ejército, la policía y grupos armados budistas. Según los investigadores de la ONU durante esa represión se cometieron crímenes, violaciones y quema de aldeas, escuelas y mezquitas. La mayoría de los miembros de esa minoría, unos 800.000, que están considerados apátridas, viven ahora en campos de refugiados de Bangladesh.
La acusación de Gambia está apoyada por los informes que los investigadores de la ONU han realizado tras entrevistar a decenas de rohingyas y analizar las fotos tomadas por satélite en las que se descubrió que decenas de aldeas habían sido quemadas y que se habían cavado fosas comunes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue durísimo ante estas evidencias y aseguró que se trataba de «una operación de limpieza étnica de manual”.
Myanmar nunca reconoció a los miembros de esa etnia como ciudadanos, por lo que sus tierras fueron confiscadas después de ser expulsados. Ante la presión internacional el gobierno se vio obligado a diseñar un plan para el regreso de los rohingya que pudieran demostrar arraigo en el país, por ejemplo, con títulos de propiedad de sus tierras, algo que casi ninguno tiene. Para alojarles se diseñaron poblaciones de nueva construcción, más parecidas a campos de realojamiento que a aldeas. Ningún rohingya ha querido regresar.
Los investigadores y organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno, entre cuyos miembros destacados está la premio Nobel de la paz en 1991 Aung San Suu Kyi, de organizar la represión, espoleada por conocidos líderes religiosos budistas en cuyas cuentas de Facebook, una red muy utilizada en ese país, se lanzaban mensajes de odio contra los rohingya. Muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron que se retirara el premio Nobel a Aung San Suu Kyi, que actualmente desempeña un papel destacado en el gobierno: es ministra de Asuntos Exteriores, Energía, Educación y responsable de la Oficina de la Presidencia.
Tanto Gambia como Myanmar son signatarios de la Convención de Genocidio de 1948, que no solo prohíbe a los estados cometer genocidio, sino que también obliga a todos los estados signatarios a prevenir y castigar ese crimen.
El TPI no tiene capacidad para hacer cumplir sus fallos, pero no respetarlos dañaría enormemente la reputación internacional de país condenado.
La acusación considera que las acciones de Myanmar fueron “de carácter genocida” y enumera asesinatos, violaciones de los derechos humanos e imposición de medidas de control de natalidad en esa minoría. El documento incluye una petición para que se otorguen medidas provisionales para garantizar que Myanmar no siga cometiendo presuntas atrocidades.
Defender el interés nacional
La presencia de la Nobel de la Paz en La Haya ha constituido una sorpresa y según explicó su oficina de prensa «lo hace para defender el interés nacional». En la primera sesión en la que se pedirán medidas provisionales, Suu Kyi permaneció impasible mientras los abogados de Gambia enumeraban y mostraban testimonios de las atrocidades cometidas por el ejército y las fuerzas policiales de Myanmar. Se espera que su equipo de defensa alegue la falta de jurisdicción del Tribunal. De momento Estados Unidos ha dictado sanciones contra cuatro generales de la cúpula de Myanmar.
Hasta ahora solo han sido reconocidos penalmente tres casos de genocidio: Camboya, Ruanda y Srebrenica (Bosnia).
