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La justicia insolidaria

Pilar Estébanez
Pilar Estébanez

Pilar Estébanez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria

En los últimos meses hemos visto cómo el sistema judicial español ha señalado a dos mujeres que actuaron con justicia y humanidad. Ángeles Maestro, ex diputada y dirigente de Red Roja, ha sido encausada junto con dos compañeras por la Audiencia Nacional, que le ha abierto un Sumario Ordinario por colaboración con organización terrorista. La otra mujer que está siendo perseguida judicialmente es la parlamentaria regional Isa Serra.

Para Serra la Fiscalía de Madrid pide 23 meses de prisión y 5.250 euros de indemnización por protestar durante el desahucio de una mujer discapacitada en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014, junto con miembros de la Plataforma Antidesahucios. La Fiscalía le acusa de haber insultado y agredido a los agentes que estaban llevando a cabo el desahucio. Sin embargo ella ni siquiera fue detenida en aquellos hechos, en los que sí se detuvo a cuatro personas, y asegura que se manifestó pacíficamente y después se marchó.

A Ángeles Maestro, Nines, y a sus dos compañeras les acusan de colaborar con una organización terrorista por entregar los fondos de una colecta para reconstruir instalaciones sanitarias destruidas por el ejército de Israel en 2014 y 2015. Las penas contempladas son entre dos y diez años de cárcel y multas por el triple del dinero entregado. El “crimen” de Nines fue entregar el dinero recaudado -5.300 euros en 2014 y 3.085 en 2015- a Leila Khaled, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización considerada por la Unión Europea como terrorista. Sin embargo Leila Khaled ha sido invitada por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona a participar en diversos actos y es la cara visible de la resistencia palestina a los abusos de Israel. 

«Lo único que hemos hecho ha sido recaudar dinero para ayuda humanitaria en Palestina después de los ataques de Israel en dos ocasiones. Una a mediados de 2014 y otra a finales de 2015. Nada más. Entregamos el dinero recaudado, primero, a Leila Khaled y, después, a un representante de la Autoridad Nacional Palestina. Nunca pensamos que nos encontraríamos con una demanda por financiar el terrorismo. No tiene sentido”, explicó Nines Maestro a los medios.

Ambas mujeres están siendo perseguidas por actuar en favor de personas o colectivos vulnerables y por un aparato judicial y fiscal mediatizado y controlado por los sectores más conservadores y reaccionarios del sistema, en un claro mensaje contra las actuaciones solidarias y el apoyo a los desfavorecidos que ejercen los políticos de izquierdas. 

Es preocupante que se pidan además penas tan duras por hechos que ni siquiera deberían ser considerados por la justicia: la entrega del dinero de una donación, cuando en España se llevan a cabo cientos de campañas cada año para recaudad dinero para el pueblo palestino, y tratar de evitar que una mujer discapacitada se quede en la calle. En la mayoría de países europeos los jueces actuarían para evitar, precisamente, que una persona tan vulnerable fuera expulsada de su hogar. Aquí, sin embargo, no: la mayoría de los jueces se ponen siempre al lado del poderoso aunque signifique vulnerar uno de los derechos más básicos, como es el del derecho a una vivienda. 

En los últimos años el gobierno central del PP y de las autonomías en las que gobiernan han ido nombrado jueces y fiscales de marcado carácter conservador, por lo que tenemos un sistema judicial que, salvo excepciones, es ciego a las necesidades de la población, a la solidaridad y a los derechos sociales más básicos y que parece actuar de forma intimidatoria para evitar que se mantengan las conquistas sociales logradas en años anteriores. Porque las actuaciones contra Nines e Isa no son otra cosa que actuaciones intimidatorias.

En España una familia es desahuciada cada quince minutos, y muchas veces de forma totalmente arbitraria e injusta: grandes empresas y fondos que compran edificios enteros y que ni siquiera aceptan que las familias que viven en ellos les paguen el alquiler porque el objetivo es la pura especulación. Persiguen judicialmente a Nines Maestro por entregar un dinero que fue recaudado para reconstruir infraestructuras civiles básicas, pero no se persigue a quienes colaboran con la destrucción de países como Yemen. Se pide pena de cárcel para una persona como Isa Serra por tratar de impedir un desahucio, pero no se persigue a una alcaldesa que vendió cientos de pisos de protección oficial a un fondo buitre que está expulsando a los inquilinos a la calle aunque quieran pagar el alquiler. 

Si la justicia no funciona en un país, no puede funcionar la democracia.

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