Al menos 890 personas han sido asesinadas en varias matanzas organizadas llevadas a cabo en diciembre de 2018
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha ofrecido su apoyo a las investigaciones sobre estos crímenes
Una misión especial de investigación de la ONU desplazada a la República Democrática del Congo (RDC) ha documentado varios ataques intra-comunales que habrían causado al menos 890 muertos y varios cientos de heridos en la provincia de Mai-Ndombe, al oeste de la RDC. Según el informe, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, ya que fueron planificados y ejecutados con el apoyo de gobernantes locales.
La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en la RDC inició una investigación tras recibir informaciones de que al menos 890 personas habían muerto y miles fueron desplazadas como resultado de los enfrentamientos entre las comunidades de Banunu y Batende.
El equipo de investigación pudo verificar que al menos 535 hombres, mujeres y niños murieron y otros 111 resultaron heridos en la ciudad de Yumbi, la aldea de Bongende y la aldea de Nkolo II. Además, se destruyeron o saquearon casi 1.000 edificios, en su mayoría casas, así como algunas iglesias, escuelas y centros de salud.
El equipo de investigación no pudo llegar a una cuarta ubicación, Camp Nbanzi, donde también se informaron de ataques. Es probable que el número de víctimas sea mayor, ya que se cree que muchos cuerpos fueron arrojados al río Congo. Tampoco fue posible confirmar el número de personas que siguen desaparecidas, ya que aproximadamente 19.000 personas fueron desplazadas por la violencia, de las cuales 16.000 atravesaron el río Congo para buscar refugio en el país vecino, la República del Congo.
La investigación descubrió que los ataques, que fueron provocados por una disputa sobre el entierro de un jefe de la etnia Banunu, siguieron patrones sorprendentemente similares y se caracterizaron por desencadenarse con gran rapidez y con una violencia extrema, lo que dejó poco tiempo para que las personas pudieran huir. Los ataques fueron realizados por aldeanos de de Batende equipados con armas de fuego, machetes, arcos y flechas y gasolina, y atacaron a los aldeanos de Banunu. Las personas fueron atacadas en las calles, en sus hogares y mientras intentaban huir.
El informe detalla los horrores documentados, como el de un niño de dos años arrojado a un tanque séptico, y una mujer supuestamente violada brutalmente después de que su hijo de tres años fuera decapitado y su esposo asesinado. En algunos casos, los testigos informan que se les preguntó a las víctimas si eran Banunu, antes de matarles. Muchos fueron asesinados cuando intentaban cruzar el río Congo. Otros fueron quemados vivos en sus hogares, y algunos sobrevivientes sufrieron graves quemaduras. En algunos casos, los atacantes mutilaron los cuerpos de sus víctimas, cortando cabezas, miembros y genitales.
«La similitud en la forma en que se llevaron a cabo los ataques demuestra planificación», señala el informe. «Ciertas fuentes citaron a algunos jefes de las aldeas de mayoría de Batende como parte de la planificación de los ataques».
La investigación concluye que los crímenes documentados en Yumbi pueden constituir crímenes contra la humanidad: asesinato, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como la persecución.
El informe destaca que la violencia se vio facilitada por la ausencia de medidas estatales para prevenirla, y señaló que «las autoridades provinciales parecen haber fallado en su responsabilidad de proteger a la población». A pesar de los signos claros de aumento de las tensiones y un mayor riesgo de violencia , no se tomaron medidas para reforzar la seguridad antes de los ataques.
Riesgo de más violencia
«Las tensiones y el resentimiento entre las dos comunidades, combinados con rumores de represalias, podrían dar lugar a nuevas oleadas de violencia en cualquier momento en otras regiones», dice el informe.
La Representante Especial del Secretario General de la ONU en la República Democrática del Congo, Leila Zerrougui, pidió medidas urgentes para restablecer la autoridad del Estado en el territorio de Yumbi y crear condiciones para el regreso seguro y voluntario de los desplazados.
«La presencia neutral de las instituciones estatales, incluida la policía, es importante para mantener el orden público y para prevenir el riesgo de más violencia», dijo Zerrougui. Esto es particularmente importante en el período previo a las elecciones legislativas nacionales y provinciales, que se retrasaron debido a la violencia y que ahora tienen lugar en el territorio de Yumbi el 31 de marzo.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la importancia de la justicia y la responsabilidad para establecer los hechos y responsabilizar a los responsables. Ofreció el apoyo de la Oficina a las investigaciones judiciales en curso sobre la violencia.
«Es crucial asegurar que los perpetradores de estos terribles crímenes sean castigados y que muchas mujeres, niños y hombres que fueron víctimas de esta violencia aterradora reciban justicia y apoyo», dijo Bachelet. «También insto al gobierno a iniciar un proceso de verdad y reconciliación entre las comunidades de Banunu y Batende, que será esencial para enfrentar los sentimientos de conflicto entre las comunidades y prevenir más violencia».
