La Unión Europea, ACNUR (Alto Comsionado de Naciones Unidas para los Refugiados), el gobierno griego y las ONG han sido acusados de no haber usado los 90 millones de euros destinados a mejorar las condiciones de alojamiento de los migrantes y refugiados en las islas griegas, que ahora soportan durísimas condiciones invernales en tiendas de campaña sin calefacción o condiciones mínimas para las bajas temperaturas. Esos fondos se habían asignado a preparar los campamentos antes de la llegada de las nevadas, algo que a estas alturas aún no se ha hecho.
De momento, la única medida tomada ha sido que ACNUR, el pasado 13 de enero (hace una semana), hiciera un llamamiento para acelerar el proceso de transferencia de migrantes y refugiados desde las islas al continente, dadas las condiciones en las que están viviendo.
Según organizaciones como Human Rights Watch, las condiciones de miles de personas son «aterradoras», bajo la nieve, la lluvia o los fuertes vientos. En un comunicado emitido por esta organización, «las políticas fallidas de Europa han contribuido a un inmenso sufrimiento para las personas que permanecen en las islas griegas en condiciones cada vez más desesperadas. Grecia y la UE deben dar prioridad a los derechos, la dignidad y la seguridad de los solicitantes de asilo».
En una visita a Lesbos del 12 al 13 de enero, el personal de Human Rights Watch observó las frágiles tiendas de campaña en el «hotspot» de Moria, un centro de recepción y registro de refugiados, donde tres días antes había caído una gran nevada. A parte de los solicitantes de asilo se les trasladó a contenedores, pero muchos tuvieron que permanecer en las tiendas, cubiertas por la nieve. Tras una protesta, el gobierno griego envió un buque de la armada a la isla de Lesbos para alojar solicitantes de asilo, en su mayoría hombres solteros, que vivían en tiendas expuestas en Moria. Grupos vulnerables, por mediación de ACNUR, fueron trasladados a contenedores calientes dentro de Moria y a habitaciones y apartamentos de hotel, con la oposición de las autoridades locales y los dueños de los hoteles. En Samos y Chios, cientos de refugiados permanece alojados en lugares sin calefacción y tiendas de campaña, expuestos a las duras condiciones climáticas.
Tras el acuerdo firmado entre la UE y Turquía en marzo de 2016, las autoridades griegas instituyeron una política de contención en las islas para procesar a la mayoría de los solicitantes de asilo bajo un procedimiento fronterizo acelerado diseñado para permitir al gobierno enviar a la gente a Turquía. Esto, y la presión de la Comisión Europea para mantener a las personas en las islas «para evitar el movimiento secundario hacia el resto de Europa», significa que miles de solicitantes de asilo que llegaron después de marzo se han quedado atrapados en las islas, mientras se procesan sus solicitudes de asilo.
La capacidad máxima de recepción oficial en las cinco principales islas que reciben solicitantes de asilo y migrantes es de 8.375, pero hay 14.336 solicitantes de asilo y sigue llegando más gente.
Según Human Rights Watch, esta política de contención viola la propia ley griega, que garantiza que las personas que solicitan asilo en las islas y que todavía están a la espera de una decisión después de 28 días tienen derecho a acceder al procedimiento normal de asilo y, por consiguiente, a viajar fuera de las islas.
