República Democrática del Congo: cuando el gobierno va contra su pueblo

• Se niegan a aceptar que haya una crisis, por temor a perder inversores

  

• Amenazan a los países organizadores de la Conferencia Internacional sobre la RDC con tomar represalias
• La RDC es el mayor productor mundial de cobalto, clave para la industria de los coches eléctricos
• Más de 13 millones de congoleños afectados por la violencia. Miles de muertos por guerrillas aparentemente organizadas desde el gobierno

Héctor Alonso

La negativa del gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) a asistir a la Conferencia Internacional de Ginebra, organizada para recaudar 1.700 millones de dólares que se destinarían a la financiación de la asistencia en la emergencia que sufre el país, y su rechazo a reconocer dicha crisis es, para Human Right Watch, la prueba de que el gobierno de la RDC va contra los intereses de su propio pueblo.

Los analistas ven, en esta voluntad de negar la crisis, un intento de atraer nuevas inversiones internacionales que servirían únicamente para enriquecer a los que están en el poder, pero lo cierto es que más de 13 millones de personas están afectadas directamente por la violencia creciente. 

En los últimos dos años el ejército y los grupos armados han matado a miles de civiles, que se suman a los más de seis millones de congoleños que han muerto por la violencia en las últimas dos décadas. De hecho, el conflicto del Congo es el más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial. Además de los asesinatos, más de 4,5 millones de congoleños se han convertido en  desplazados y decenas de miles han huido a países vecinos, como Uganda, Angula, Tanzania y Zambia. 

País clave para la industria de los coches eléctricos

Congo es el mayor productor de cobre de África y cobalto del mundo, cuyo valor se ha triplicado en los últimos 18 meses debido a la demanda de la industria de los coches eléctricos. A pesar de que el país cuenta con recursos mineros para superar la emergencia y mejorar la vida de sus habitantes, el hecho es que esos ingresos van a parar a unos cuantos bolsillos, entre ellos los de la familia del presidente Joseph Kabila.

Kabila, que se niega a convocar elecciones tal y como marca la Constitución, y a las que él no podría concurrir por haber agotado los dos mandatos que contempla la ley, ha contribuido a agravar la crisis al retrasar las elecciones con la excusa de la inestabilidad, y así prolongar su presidencia más allá de los dos mandatos y que en su caso debería haber finalizado en 2016. Muchos expertos creen que la aparición de grupos armados que siembran la violencia por todo el país está orquestada por el propio gobierno, para provocar inestabilidad y tener la excusa de permanecer en el gobierno.

Las fuerzas de seguridad congoleñas han asesinado a casi 300 personas durante las protestas políticas en los últimos tres años. Desde diciembre, las fuerzas de seguridad disparan frecuentemente contra las iglesias mientras se celebran misas o a la salida de los oficios, que se solían convertir en marchas pacíficas de protesta.

Human Righ Watch ha documentado atrocidades en la provincia de Ituri: masacres, violaciones y decapitaciones masivas. Más de 200.000 personas han huido de sus hogares en esa provincia para escapar del terror.

Desde el gobierno insisten en que la violencia  es consecuencia de tensiones interétnicas, pero la población local de las zonas afectadas por la violencia lo niega, llegando incluso a hablar de “asesinos profesionales” que entran en las aldeas y asesinan a sus pobladores en ataques perfectamente planeados.

Amenazas a Holanda y Suecia

A pesar de este panorama, el gobierno niega que haya ningún tipo de crisis humanitaria y acusa a la ONU de dar una imagen negativa del país que podría asustar a los posibles inversores. Llegando más lejos, han enviado cartas amenazadoras a Holanda y Suecia, que apoyan la Conferencia, con tomar medidas contra ellos. Emiratos Árabes Unidos aceptó retirarse de la Conferencia después de recibir un mensaje similar.