Han pasado algo menos de 11 semanas desde que la UE firmó el polémico tratado con Turquía para detener el flujo de solicitantes de asilo en Europa. El acuerdo, rechazado desde múltiples sectores, no funciona. Ni siquiera ha podido ser aplicado de forma real. Turquía no es un país seguro para los refugiados y el acuerdo está naufragando, además, por la resistencia del gobierno turco para modificar su legislación. La votación del pasado jueves por la que el Parlamento alemán condenó el genocidio de los armenios en Turquía podría ser la puntilla.
Las decisiones de apelación son significativas porque rompen el subterfugio legal con la que se había acuñado el acuerdo de que Turquía era un tercer país seguro, y que incluso los verdaderos solicitantes de asilo podían ser devueltos sin infringir la legislación internacional sobre refugiados.
Sobre la base de este principio alrededor de 200 migrantes y refugiados, en su mayoría sirios, han recibido la comunicación de que su solicitud de asilo en Grecia no había sido admitida. Y aunque las reclamaciones no son admitidas oficialmente, sí disponen de cinco días para recurrir ante el servicio de Asilo griego antes de ser devueltos a Turquía.
Hasta la fecha, poco más de 400 personas han sido devueltas a Turquía en el marco del acuerdo (entre abril y mayo otros 5.000 migrantes y refugiados llegaron a Grecia de Turquía). Es revelador que ninguno de los devueltos era sirio ni de ninguna otra de las nacionalidades rechazadas sobre el principio de inadmisibilidad. La mayoría eran individuos que no habían solicitado asilo, o que retiraron sus solicitudes después de decidir que incluso regresar a Turquía era preferible a ser detenido en Grecia.
Según el Servicio de asilo griego, unos 7.000 de alrededor de 8.500 migrantes en las islas griegas continúan esperando a realizar las entrevistas a partir de las cuales se inicia el proceso. Grecia sólo puede mantener a los recien llegados en los centros de detención durante un máximo de 28 días. Si embargo, una vez liberados, no pueden salir de las islas, por lo que la situación es cada vez más tensa.
La ONG Pro Asyl denuncia que en esos centros de detención las condiciones son muy malas, con deficiencias en seguridad y en el aspecto alimentario. Sus habitantes, además, están sumidos en la desesperanza por falta de información y de acceso a abogados o representantes legales que puedan asesorarles.
Mientras tanto, decenas de «expertos» de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo se han desplegado en las islas para apoyar a los abrumados funcionarios griegos. Según un portavoz de la oficina, los funcionarios europeos realizan entrevistas para evaluar la admisibilidad de los solicitantes, y elaboran un informe que después presentan al Servicio de Asilo griego para que tome la decisión que estime oportuna. Los representantes de la UE, aunque no pueden tomar la decisión, sí tienen influencia en el resultado, puesto que basan todo su procedimiento en el principio de que Turquía es un tercer país seguro.
Esto no es así: apenas se había firmado el acuerdo entre la UE y Turquía cuando ya había pruebas de que Turquía no es un país seguro para los refugiados. En los últimos dos meses se han documentados numerosos casos de guardias turcos disparando y matando sirios mientras intentaban cruzar la frontera. Además, pese a las garantías de que los devueltos a Turquía tendrían acceso a los procedimientos de asilo en ese país, los repatriados han sido detenidos y trasladados a campos remotos sin acceso a abogados.
María Stavropoulou, jefa del Servicio de asilo griego, ha asegurado que en los próximos días están previstos más retornos, pero las asociaciones de defensa de los derechos civiles, como Pro Asyl o el Consejo Griego para los Refugiados se han comprometido a personarse ante los tribunales para tratar de suspender el traslado. Por ejemplo, en el caso del sirio cuya apelación fue rechazada hace unos días, Pro Asyl ha presentado una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para evitar su expulsión. Si tiene éxito, el caso podría establecer precedentes legales.
Consecuencias políticas
Los Tribunales Europeos pueden tardar meses en decidir sobre la legalidad del Acuerdo UE-Turquía, pero es posible que el Acuerdo acabe muriendo antes si Turquía decide retirarse.
A principios de mayo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan destituyó a su primer ministro, Ahmet Davutoglu, que había ayudado a negociar el acuerdo con la UE. En las últimas semanas, Erdogan ha expresado en repetidas ocasiones su descontento por la lentitud del proceso para conceder a los ciudadanos turcos el acceso sin visado a Europa -una de las condiciones para la firma del acuerdo-. La fecha límite para la exención de visado era el 1 de junio, pero las «conversaciones técnicas» no han hecho más que empezar y Ankara aún debe cumplir con una lista de 72 requisitos, como la reforma de su legislación antiterrorista, que hasta ahora le permitía detener y juzgar a profesores o periodistas. Erdogan ya ha dejado claro que no está dispuesto a hacer esas reformas. También ha denunciado que la UE aún no ha entregado los fondos previstos para ayudar a mantener a los refugiados sirios.
Otro golpe que podría destruir el acuerdo es la votación que el Parlamento alemán hizo el pasado jueves por la que se reconoció como genocidio la matanza en 1915 de 1,5 millones de armenios por fuerzas turco-otomanas. Turquía respondió llamando a su embajador a consultas. La canciller alemana, Angela Merkel, artífice del acuerdo con Turquía, será la perdedora política si en acuerdo UE-Turquía naufraga y este verano se reanuda la llegada a gran escala de migrantes y refugiados a Europa. En 2015 Alemania fue el país, con diferencia, que más refugiados y solicitantes de asilo recibió.
Por ahora, la perspectiva de la detención en Grecia, en combinación con los cierres de fronteras en los Balcanes que precedieron el acuerdo entre la UE y Turquía, han ralentizado la llegada de migrantes y refugiados, pero aún muchos intentan la ruta del Egeo y se ha vuelto a usar la ruta hacia Italia (más de 10.000 migrantes han llegado al país durante la última semana de mayo).
La llamada crisis de los refugiados está lejos de terminar. Los políticos necesitan, con urgencia, un Plan B.
Traducido por Héctor Alonso
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