Pilar Estébanez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
La reciente decisión de Estrasburgo de considerar que España no violó la prohibición de realizar expulsiones sumarias cuando se devolvió “en caliente” a dos inmigrantes subsaharianos que trataron de entrar en Melilla en 2014 puede tener importantes consecuencias para la legislación española y europea en esta materia. Hasta ahora la Convención Europea de Derechos Humanos prohibía las expulsiones colectivas, ya que consideraba que las personas que entraban de forma irregular en territorio europeo tenían derecho a recurrir esa decisión y no podían ser expulsadas hasta que así lo considerara un juez.
Sin embargo, en el caso sobre el que ha decidido Estrasburgo se ha considerado que los dos expulsados se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al pretender entrar de forma no autorizada en territorio español y por tanto España no vulneró la ley al regresarlos al otro lado de la frontera. Sin embargo, las personas que huyen de sus países y tratan de entrar en España no tienen otra vía que hacerlo de forma irregular, puesto que en Ceuta y Melilla no se les ofrece la posibilidad de solicitar refugio o asilo.
La consecuencia más grave es la que afecta a aquellas personas que tendrían derecho a solicitar al menos asilo o refugio, y que se impide al ser expulsados sin haber sido escuchados por un juez, sin saber si quiera si el motivo que les llevó a entrar irregularmente en nuestro país es porque su vida o su seguridad pudiera correr peligro. Son devueltos a un país donde tampoco se les quiere y se les condena a vivir en el monte en campamentos improvisados, sin ningún tipo de condición mínima para vivir, esperando otra oportunidad para entrar en nuestro país.
La misma Ley de Extranjería española señala que los migrantes deben ser identificados por las autoridades y dárseles la oportunidad de que recurran a la decisión de expulsión. En una devolución en caliente ese requisito se incumple, puesto que ni se identifica a la persona que ha tratado de entrar en nuestro país, ni se le ofrece la oportunidad siquiera de que explique a un juez las circunstancias que le han llevado a tratar de entrar irregularmente. Simplemente se les devuelve al otro lado, donde sus derechos pueden ser vulnerados de nuevo.
Las consecuencias de esta decisión podrían llevar a los países europeos ribereños del Mediterráneo a rechazar en las aguas territoriales a los migrantes que tratan de llegar en embarcaciones a nuestras costas, algo que ya amenazó con hacer en Italia Salvini. O podría llevar a no dejar desembarcar en territorio europeo a los buques de salvamento de organizaciones humanitarias como Open Arms o Médicos Sin Fronteras que operan en alta mar y que tantas miles de vidas han salvado. Ya existe un precedente, y es la política de Australia, que consiste en rechazar en el mar a los barcos de migrantes y cuando logran llegar a territorio australiano los migrantes -ni siquiera son tratados como solicitantes de asilo- son encarcelados en pésimas condiciones y después trasladados a campos de detención fuera de su territorio, en la isla de Christian (república de Manus) o Nauru (Papúa Nueva Guinea). Allí decenas de personas llevan varadas hasta cinco o seis años, en una situación denunciada incluso por Naciones Unidas.
La Unión Europea intentó hacer algo parecido en junio de 2018. Tras una cumbre que duró casi dos días Bruselas aprobó la propuesta de crear centros fuera de la UE -en el Norte de África- para trasladar allí a los migrantes que estaban llegando a Europa a través del Mediterráneo mientras se procesan sus peticiones de asilo. Sin embargo esta decisión se tomó sin consultar a los países afectados, que rechazaron la medida. Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto dijeron que no aceptarían la instalación de campos o centros para acoger a los migrantes. Libia, país desde donde parten la mayoría de las embarcaciones que atraviesan el Mediterráneo y considerado no seguro por la mayoría de organizaciones humanitarias o de Derechos Humanos, también lo rechazó. Libia, según informes de organizaciones humanitarias o del propio ACNUR, es decir, de la ONU, es un país sumamente inseguro para los migrantes y refugiados, donde son víctimas de abusos, violencia y extorsión. Y donde el gobierno reconocido internacionalmente ni siquiera es capaz de controlar en territorio, en manos de diversas facciones que permiten a las mafias que trafican con seres humanos actuar en libertad.
Por otro lado el trato que se está dando a los migrantes y solicitantes de asilo en algunos países de Europa es vergonzoso, como lo que sucede en las islas griegas: encerrados en centros abarrotados, en condiciones consideradas como inhumanas por ACNUR, expuestos a los abusos o la violencia y esperando durante meses, e incluso años, a que se resuelva su situación.
El fenómeno de la migración y el desplazamiento de personas que huyen de sus países a consecuencia de la miseria o la violencia no se va a detener por muchas devoluciones en caliente que se hagan o por muchos rechazos en la frontera. Se trata de un fenómeno global del cual, en buena parte, son responsables los países ricos. Mientras no se afronte esta cuestión de forma global, seria y con la voluntad de solucionar las causas que lo originan no se detendrá. Por muchas concertinas que instalemos en las fronteras o por muchos rechazos en los puertos de los migrantes que tratan de llegar en embarcaciones lo seguirán intentando y seguirán muriendo.
Pilar Estébanez es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria y fue fundadora de Médicos del Mundo-España
