IRIN
En febrero del año pasado, Jordania y la comunidad Internacional acordaron un enfoque radicalmente nuevo para abordar la crisis de los refugiados sirios -el Pacto de Jordania-. En lugar de considerar a los refugiados como una carga que sólo podía ser aliviada por la ayuda humanitaria, el nuevo acuerdo los describió como «una oportunidad de desarrollo» que, con suficientes niveles de inversión y reformas estructurales, podría beneficiar a toda la economía de Jordania.
El Pacto de Jordania se consideró como un posible modelo para otros países anfitriones que buscaban maneras de reducir su dependencia de las fuentes de ayuda cada vez más reducidas y pasar a un enfoque que busque ayudar a que los refugiados sean autosuficientes.
Según el Banco Mundial, que está ayudando a financiar la implementación del acuerdo, porque se trata de una propuesta en la que todos ganan.
Jordania es un país pequeño -9,5 millones de habitantes, de los que tres millones son extranjeros- y pobre en recursos, pero tiene una larga historia de aceptación de los refugiados de la región. Desde 1948 Jordania comenzó a recibir oleadas de palestinos. A finales del siglo pasado, llegaron los iraquíes. Cada flujo de extranjeros ha agregado empleos, dinero y diversidad a la economía jordana.
Pero la llegada de cerca de un millón de refugiados sirios en los últimos cinco años ha sido más difícil de absorber. La cuestión es en parte demográfica: muchos de los sirios provienen de las zonas rurales pobres del sur de Siria, a diferencia de los iraquíes, que procedían de las ciudades y estaban cualificados. Además, la guerra en Siria provocó los cierres fronterizos y afectó gravemente el comercio y las exportaciones, y provocó un desaceleramiento de la economía jordana.
La prohibición de que los sirios pudieran acceder a un trabajo legal por las leyes de protección para los trabajadores jordanos, con tasas de desempleo elevadas, les impulsó a trabajar en la economía sumergida, peor pagada. Este hecho provocó una caída de los salarios de los trabajadores jordanos y menores ingresos para el gobierno vía impuestos y seguros sociales.
Para solventar esta situación, el Pacto de Jordania, acordado en una importante conferencia de donantes en Londres en febrero de 2016, consiguió 1.700 millones de dólares en donaciones, préstamos a bajo interés y promesas de la comunidad internacional, a cambio de que Jordania abriera su mercado de trabajo a los refugiados sirios y concediera 200.000 permisos de trabajo. Además de la financiación, se prometió que Jordanía tendría acceso a un comercio libre de aranceles con la UE. Para lograr emplear hasta 200.000 sirios, se establecieron 18 Zonas Económicas Especiales por todo el país, cuyas empresas tendrán acceso preferente al mercado de la Unión Europea, con la condición de que al menos el 15 por ciento de su mano de obra sea siria en los primeros dos años, y el 25 por ciento a partir de los dos años.
Un año después de la firma del Pacto de Jordania, el país ha recibido cerca de 1.500 millones de dólares, aunque los progresos no son los previstos: hasta el momento, sólo se han concedido 38.516 permisos de trabajo.
Desconfianza de los sirios
Los sirios sorprendidos trabajando ilegalmente pueden ser detenidos, enviados a un campo de refugiados o incluso ser deportados a Siria. Los que tienen contrato legal reciben al menos el salario mínimo (entre 268 y 311 dólares) y seguridad social. Sin embargo, para muchos sirios las ventajas del empleo legal son inferiores a otros beneficios, como las ayudas humanitarias o la posibilidad de ser reasentados en un tercer país. Otros prefieren permanecer en la economía sumergida o no detectados por las autoridades por que no se fían del gobierno jordano.
Este déficit de confianza no ayuda, pero tampoco lo hace el hecho de que no todos los sirios que quieren un permiso lo obtengan. Algunas profesiones, como la ingeniería, la medicina y la enseñanza, por ejemplo, están vetadas para los refugiados, y otras ocupaciones para las que se supone que se pueden obtener permisos son muy difíciles de conseguir en la práctica. De hecho, es un auténtico laberinto burocrático. De eso se han quejado incluso los empleadores jordanos, que ante las dificultades para lograr regularizar a sus empleados, optan por mantenerles de forma irregular.
Zonas especiales, desafíos especiales
Las ZEE tienen, en potencia, las características necesarias para alcanzar rápidamente la meta de los 200,000 permisos, pero el progreso está siendo lento en la contratación. Hay industrias, como la manufactura de prendas de vestir que necesitan trabajadores y los jordanos no están por la labor, por lo que tradicionalmente han contratado trabajadores extranjeros, generalmente asiáticos. Supone el 20 por ciento del PIB. Sin embargo, para muchos empresarios jordanos es más barato fabricar en Bangladesh. Si fabrican en Jordania es sólo porque pueden vender en Estados Unidos sin aranceles las prendas fabricadas en Jordania. Por tanto, la supuesta ventaja de la eliminación de aranceles con la Unión Europea no supone, en la práctica, apenas nada, pues les sigue saliendo más barato fabricar en Asia.
Los sirios tampoco parece que quieran trabajar en esa industria. Un empresario quiso contratar 500 sirios, pero sólo consiguió 30. A los pocos meses tan sólo cuatro permanecían en nómina. Y ninguno en las ZEE, sino en las fábricas cercanas a las zonas urbanas. Uno de los motivos para no querer trabajar en las ZEE es que están lejos de las ciudades y de los campamentos en los que viven los sirios, aparte de los problemas del transporte público, muy malo en el país.
Muchos expertos creen que si no se ha logrado que los propios jordanos quieran trabajar en la ZEE, va a ser más difícil que quieran hacerlo los refugiados. El reto es lograrlo, porque si el sistema funciona, será bueno para el país, incluso cuando los refugiados se hayan marchado.
