Pilar Estébanez
Al menos 58 palestinos han muerto y más de 1.300 han resultado heridos de bala en un solo día por disparos de francotiradores del Ejército de Israel. Se trata del mayor número de muertos en Gaza desde 2014. La desproporción en el uso de la fuerza queda clara cuando sabemos que ningún israelí ha resultado herido en las seis semanas que ha durado la Gran Marcha del Retorno, que concluyó ayer, fecha de la Nakba, o Desastre, día en el que los palestinos conmemoran la expulsión tras la creación del Estado de Israel.
La Gran Marcha es una protesta por la que los palestinos que viven en Gaza, más de dos millones, de los cuales dos tercios vivían en territorios ahora ocupados por Israel, reivindican su derecho a regresar a sus aldeas, muchas destruidas para construir asentamientos y kibbutz.
La franja de Gaza es una extensión de terreno de 365 kilómetros cuadrados donde se hacinan casi dos millones de palestinos (una densidad de 4.167 habitantes por kilómetro cuadrado), una ratonera que limita al oeste con el mar, rodeada en todo su perímetro terrestre por una alambrada que impide la salida de los palestinos, dos tercios de los cuales, como ya hemos dicho, son refugiados.
En este territorio las deficiencias en infraestructuras sanitarias, suministro de agua y recursos médicos son crónicas, es poco menos que un territorio abandonado a su suerte y cada año los palestinos que fueron expulsados desde el otro lado de las alambradas quieren hacernos recordar que son refugiados, y que llevan como refugiados más de cincuenta años.
La respuesta del ejército israelí en esta ocasión ha sido brutal y absolutamente desproporcionada, en una clara violación de las normas de derecho internacional y de las llamadas “reglas de enfrentamiento”, según han denunciado numerosas organizaciones internacionales y han podido documentar numerosos periodistas que, también, han sufrido las consecuencias de la violencia del ejército israelí.
Cuando hace seis semanas comenzó la Gran Marcha del Retorno, por la que se pretendía franquear las alambradas, Israel tenía ya a más de un centenar de francotiradores destacados en posiciones estratégicas. A pesar del que el derecho internacional acepta que se pueda abrir fuego para proteger la vida de otras personas, en Gaza se está disparando a matar, con munición real, contra personas desarmadas (“agitadores”) y chavales armados sólo con piedras.
En este caso las reglas de enfrentamiento han cambiado, y el ejército de Israel está disparando a matar contra cualquier persona que se acerque a la alambrada. La excusa que están dando las autoridades israelíes es que la verdadera intención de los manifestantes es “invadir el territorio de Israel” y que ellos sólo actúan para proteger a los granjeros y colonos que viven en las cercanías de la alambrada.
Respecto de las condiciones en las que viven los palestinos de Gaza, la ONU denunció el año pasado que de seguir el deterioro de las condiciones de vida, “en 2020 Gaza será inhabitable”. Los datos eran estos:
- sólo el 4% del suministro de agua es potable
- la costa está contaminada por el vertido de aguas residuales directamente en las playas
- muchos hogares sólo disponen de agua de pozo, a menudo salobre o contaminada por aguas residuales
- un tercio de las casas no están conectadas a la red de alcantarillado
- los cortes de energía eléctrica para la única planta suministradora de agua potable son frecuentes, por lo que los hogares dejan de tener suministro de agua
- el bloqueo de materiales de construcción y maquinaria y piezas de repuesto impide evitar el progresivo deterioro de las infraestructuras básicas
En este contexto no es rara la exasperación de los palestinos que viven en Gaza, refugiados o no, y no es extraño que tengan como anhelo regresar a los fértiles valles de donde fueron expulsados a la fuerza hace tantos años. La respuesta de Israel no puede consistir únicamente el disparar contra personas desarmadas que protestan delante de las alambradas, desentendiéndose de forma criminal de los casi dos millones de refugiados que provocó la creación del Estado de Israel.
La respuesta de la comunidad internacional tiene que ser más contundente en su respuesta: no puede ser que la muerte de más de cincuenta personas por disparos quede impune. No puede ser que Israel crea que el silencio ante esta barbarie significa la aprobación por resto del mundo de lo que son crímenes contra el derecho internacional.
Pilar Estébanez es doctora en Medicina y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
