En España hay más de 70.000 personas que no saben que tienen hepatitis C
Javier García-Samaniego Rey*
La hepatitis C constituye un grave problema de salud pública por su prevalencia, morbilidad y mortalidad, y elevado coste sanitario. Representa la primera causa de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado en los países occidentales, y es también la principal indicación de trasplante hepático. Por todo ello, la hepatitis C es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en nuestro país, duplicando la producida por el virus del SIDA.
En los últimos años se ha producido un enorme avance en el abordaje terapéutico de la enfermedad. Este adelanto lo ha permitido la irrupción de nuevas pautas de tratamiento: los antivirales de acción directa, que han convertido la hepatitis C en la primera infección viral crónica que puede curarse en el ser humano.
En los últimos tres años, desde abril de 2015, se han tratado con estos medicamentos cerca de 100.000 personas en España. Inicialmente recibieron el tratamiento aquellos que tenían una enfermedad hepática más avanzada, pero desde junio de 2017 el Gobierno y las Comunidades Autónomas han universalizado el tratamiento, extendiéndolo a todos los pacientes independientemente de la gravedad de la enfermedad.
¿Es esto suficiente? En mi opinión no lo es: la extensión del tratamiento debe ir unida a un plan de cribado que permita diagnosticar a los pacientes que desconocen que padecen la enfermedad. Se estima en más de 70.000 el número de adultos que no saben que tienen hepatitis C en España. Muchos de ellos pueden evolucionar a las fases más graves de la enfermedad: fibrosis hepática avanzada, cirrosis y finalmente enfermedad hepática terminal y/o cáncer de hígado. Todos, además, pueden contagiar la infección a otras personas.
Para modificar la historia natural de la enfermedad y eliminarla como problema de salud pública es necesario diagnosticar todos los casos desconocidos y vincular el diagnóstico al tratamiento precoz con antivirales de acción directa. Es necesario y ahora sabemos además que es viable y sostenible: el coste-efectividad de las estrategias de cribado universal se ha acreditado en varios estudios. Y no es difícil entender por qué.
En primer lugar, el precio de los medicamentos que curan la hepatitis C en más de 95% de los casos se ha reducido hasta situarse en un coste inferior al de los tratamientos anteriores, cuyo porcentaje de éxito apenas alcanzaba el 40% y tenían además el inconveniente de producir efectos secundarios muy molestos para los pacientes. En segundo lugar, los nuevos estudios de prevalencia –el número de personas que tienen la enfermedad- arrojan cifras de entre el 0,3% y el 0,4% de la población, un porcentaje mucho menor del estimado anteriormente, lo que convierte en un esfuerzo mucho más asequible el objetivo de diagnosticar nuevos casos y a continuación tratarlos. Finalmente, no se puede dejar de insistir en lo que supone tratar a tiempo y curar la hepatitis C en términos de inversión en salud para nuestro sistema sanitario: estimaciones recientes apuntan a un ahorro de 9.000 euros por paciente tratado en las fases iniciales de la enfermedad, frente al coste que representa tratarlo en fases más avanzadas. Diagnosticar y tratar a tiempo supone evitar a nuestro sistema público la atención de numerosos casos de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado. Concretamente, por cada mil pacientes tratados con enfermedad leve, se evitarían seis trasplantes y sesenta casos de cáncer de hígado, cuarenta casos de cirrosis y setenta y ocho fallecimientos por causa hepática. A todo ello hay que añadir una significativa reducción de la lista de espera de trasplante y una mejoría de la supervivencia.
Pero puesto que la hepatitis C se puede curar, diagnosticar y tratar a tiempo a los pacientes leves significa también darles de alta del sistema sanitario en lo que se refiere a esta enfermedad. Supone también no tenerlos con controles clínicos periódicos y consumiendo recursos públicos, sino convertirlos en personas sanas, sin estigma de enfermedad y con una calidad de vida igual a la de los pacientes sin hepatitis C.
Con los deberes hechos en materia de tratamiento, es el momento de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de esta enfermedad. El Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud contemplaba para finales de 2017 el inicio de las políticas de cribado. Estas políticas todavía no han comenzado, si bien el Gobierno ha dado alguna señal en este sentido. Una buena noticia si se tiene en cuenta que hasta hace poco sus intenciones pasaban únicamente por completar el tratamiento de los casos diagnosticados antes de iniciar una estrategia de cribado.
Eliminar la hepatitis C como problema de salud pública es un reto al alcance de la mano en este momento. Pero a la universalización del tratamiento hay que sumarle el diagnóstico de las infecciones no conocidas. Si no se combinan ambas estrategias, en 2022 tendremos más de cien mil pacientes sin diagnosticar que podrán evolucionar -o habrán evolucionado- a estadios avanzados de la enfermedad y que contagiarán a otros, convirtiendo en insuficiente la ampliación del tratamiento.
Para culminar el trabajo, el Gobierno debe dar un paso y elegir la mejor opción de cribado para la población general, afinando junto a los profesionales las estrategias de trabajo en las poblaciones prioritarias y grupos vulnerables.
Está en nuestra mano lograrlo.
*Javier García-Samaniego Rey es jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)
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