Las bandas que controlan los acceso a la capital dificultan la distribución de ayuda a los más de 800.000 afectados por el terremoto y las inundaciones
Héctor Alonso
La ONU y las agencias asociadas han calculado que necesitan urgentemente 187,3 millones de dólares para atener las necesidades de más de 800.000 personas afectadas por el terremoto que asoló Haití el pasado 14 de agosto. Esas personas han quedado sin hogar, acceso a agua potable, alimentos o atención médica de emergencia. El principal problema al que se enfrenta la ONU y las agencias de ayuda y ONG es la seguridad.
Las bandas y pandillas armadas controlan áreas en torno a la capital, como la carretera que une la ciudad con el aeropuerto. Asaltan a los que circulan o se enfrentan entre ellas, lo que ha provocado más de 19.000 desplazados, que se unen a las más de 800.000 personas que se han quedado sin hogar.
El seísmo, de magnitud 7,2, provocó enormes daños materiales y personales: más de 2.200 muertos, 12.000 heridos y miles de casas destruidas. Tras el terremoto apareció la Tormenta Tropical Grace, que provocó inundaciones, deslizamientos de tierras y destrozó carreteras y puentes precisamente en la zona afectada por el terremoto.
A día de hoy todavía se siguen buscando supervivientes y desaparecidos, y trabajando en las zonas de difícil acceso, ya que algunas carreteras y puentes quedaron muy afectados por el terremoto y por los deslizamientos de tierras e inundaciones provocadas por Grace.
Entre lo más urgente destaca proporcionar acceso a agua potable y alimentos a los afectados, y eso ha empezado ya a hacerse. Un problema añadido es que se ha interrumpido la campaña de vacunación contra la COVID-19, lo que deja el país más expuesto ante la pandemia.
Haití acumula en su historia varias catástrofes: el terremoto de 2010, que mató a más de 310.000 personas y destruyó gran parte de la capital, seguido de una epidemia de cólera provocada por soldados de Naciones Unidas. Sufre periódicamente la violencia climatológica y la miseria se ha convertido en crónica, convirtiendo al país en uno de los más pobres del mundo. Además en este momento sufre una crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio.
Las bandas armadas que impiden el acceso a algunas partes del país, lo que dificulta la distribución de ayuda humanitaria. Por esa razón Naciones Unidas ha pedido «acceso seguro y sin obstáculos a todas las personas necesitadas. Todas las partes, incluidos los grupos armados, deben garantizar que las organizaciones humanitarias y los suministros de ayuda tengan un acceso sostenido y seguro a las zonas afectadas».
La violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento de más de 19.000 personas de las zonas cercanas a la capital, Puerto Príncipe, agravando la situación. Controlan barrios enteros y carreteras, como la que comunica la capital con el aeropuerto.
