Las investigaciones de la ONU, claves en este caso. Hay evidencias de que la represión de 2017 contra la minoría rohingya tenía «intención genocida”
Héctor Alonso
Ha sido un país africano, Gambia, el que ha tomado la iniciativa para llevar a Myanmar, la antigua Birmania, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que responda de las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya. En el verano de 2017 más de medio millón de miembros de esa minoría de religión musulmana fueron empujados a huir de Myanmar para escapar de la represión organizada contra ellos por el ejército, la policía y grupos armados budistas. Según los investigadores de la ONU durante esa represión se cometieron crímenes, violaciones y quema de aldeas. La mayoría de los miembros de esa minoría, unos 800.000, que están considerados apátridas, viven ahora en campos de refugiados de Bangladesh.
La acusación de Gambia está apoyada por los informes que los investigadores de la ONU han realizado tras entrevistar a decenas de rohingyas y analizar las fotos tomadas por satélite en las que se descubrió que decenas de aldeas habían sido quemadas y que se habían cavado fosas comunes. El mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que se trataba de «una operación de limpieza étnica de manual”.
Myanmar nunca reconoció a los miembros de esa etnia como ciudadanos, por lo que sus tierras fueron confiscadas después de ser expulsados. Ante la presión internacional el gobierno se vio obligado a diseñar un plan para el regreso de los rohingya que pudieran demostrar arraigo en el país, por ejemplo, con títulos de propiedad de sus tierras, algo que casi ninguno tiene. Para alojarles se diseñaron poblaciones de nueva construcción, más parecidas a campos de realojamiento que a aldeas. Ningún rohingya ha querido regresar.
Los investigadores y organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno, entre cuyos miembros destacados está la premio Nobel de la paz en 1991 Aung San Suu Kyi, de organizar la represión, espoleada por conocidos líderes religiosos budistas en cuyas cuentas de Facebook, una red muy utilizada en ese país, se lanzaban mensajes de odio contra los rohingya. Muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron que se retirara el premio Nobel a Aung San Suu Kyi, que actualmente desempeña un papel destacado en el gobierno: es ministra de Asuntos Exteriores, Energía, Educación y responsable de la Oficina de la Presidencia.
Apoyo internacional
La iniciativa de Gambia, un país mayoritariamente musulman, ha recibido el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, o la Organización para la Cooperación Islámica (57 estados miembro).
Durante la rueda de prensa en La Haya (donde está el TPI) tras presentar la acusación -un documento de 46 páginas en las que se describen los crímenes documentados- el ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambandou, afirmó que el objetivo de la demanda es que Myanmar “rinda cuentas por actuar contra su propio pueblo, los rohingya”. Tambandou tiene experiencia en esta materia, puesto que fue fiscal del Tribunal creado para juzgar a los responsables del genocidio ruandés de 1994.
Tanto Gambia como Myanmar son signatarios de la Convención de Genocidio de 1948, que no solo prohíbe a los estados cometer genocidio, sino que también obliga a todos los estados signatarios a prevenir y castigar ese crimen.
El TPI no tiene capacidad para hacer cumplir sus fallos, pero no respetarlos dañaría enormemente la reputación internacional de país condenado.
El documento presentado considera que las acciones de Myanmar fueron “de carácter genocida” y enumera asesinatos, violaciones de los derechos humanos e imposición de medidas de control de natalidad en esa minoría. El documento incluye una petición para que se otorguen medidas provisionales para garantizar que Myanmar no siga cometiendo presuntas atrocidades. Las primeras sesiones del Tribunal comenzarán en diciembre.
