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Destrucción en Sana´a

Expertos de la ONU señalan posibles crímenes de guerra en Yemen

El informe dice que ninguna estrategia militar “puede justificar el sufrimiento sostenido y extremo de millones de personas”.

El grupo de expertos de las Naciones Unidas que monitoriza Yemen ha llegado a la conclusión de que “individuos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos,  gobierno de Yemen y pertenecientes a los Houthi y sus aliados han cometido violaciones del derecho internacional que podrían ser consideradas crímenes de guerra en sus países.

En un informe recién publicado, el Grupo de Expertos Independientes sobre Yemen recopila una larga lista de violaciones y abusos desde que comenzó la guerra, en marzo de 2015, que enfrenta a los rebeldes houti contra Arabia Saudí y la coalición que ésta lidera.

La oficina de derechos humanos de la ONU ha registrado 6.475 muertes de civiles y 10.231 entre marzo de 2015 y junio de este año, pero cree que la cifra real es significativamente más alta.

El informe dice que los ataques aéreos de la coalición han causado la mayoría de las víctimas civiles documentadas, en zonas residenciales, mercados, funerales, bodas y centros médicos.

“Hay pocas pruebas de que las partes en el conflicto intenten minimizar las bajas civiles”, dijo Kamel Jendoubi, presidente del grupo, en un comunicado. “Les pido que den prioridad a la dignidad humana en este conflicto olvidado”.

La semana pasada, un ataque aéreo mató a 22 niños y cuatro mujeres que presuntamente huían de la violencia en la provincia de Hodeidah, y la semana anterior a una huelga en un autobús en la provincia de Saada, al norte del país, murieron más de 40 niños. Ambos han sido culpados de la coalición liderada por Arabia Saudita, y el jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, condenó los ataques y pidió una investigación imparcial. La coalición liderada por Arabia Saudita insiste en que no ataca a civiles.

El informe de 41 páginas dedica un espacio significativo a las restricciones que la coalición ha impuesto a Yemen, así como al cierre del aeropuerto de Saná al tráfico comercial (incluida la mayoría de las evacuaciones médicas).

Yemen tradicionalmente importa el 90 por ciento de sus alimentos y suministros médicos, y la ONU dice que 22 millones de personas, unas dos terceras partes de la población del país, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria.

El informe dice que dado el impacto humanitario severo que las limitaciones navales y aéreas han tenido sobre la población civil, “tales actos, junto con la intención requerida, pueden constituir crímenes internacionales”.

“Dado que estas restricciones se planifican e implementan como resultado de las políticas estatales, la responsabilidad penal individual recaerá en todos los niveles responsables, incluidos los más altos niveles, del gobierno de los estados miembros de la coalición y de Yemen”.

Los rebeldes Houthi y sus aliados leales al ex presidente ya fallecido Ali Abdullah Saleh también están acusados ​​de impedir la entrega de ayuda y otros bienes importantes, particularmente en la ciudad de Taiz. Aunque los investigadores no pudieron visitar Taiz, que ha sufrido algunos de los peores combates y asedios, el informe dice que, según la información que posee, las restricciones impuestas por las fuerzas de Houthi-Saleh entre julio de 2015 y enero de 2016 haber violado el derecho internacional y que los bombardeos de las fuerzas de Houthi-Saleh probablemente causaron la mayoría de las bajas civiles en Taiz.

El informe confirma “la detención arbitraria generalizada en todo el país y los malos tratos y la tortura en algunas instalaciones”.

El informe del grupo de expertos surgió de una resolución de compromiso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre pasado – varios estados europeos y Canadá habían estado presionando para una comisión formal de investigación sobre la guerra en Yemen, mientras que Arabia Saudita y varios otros estados árabes propusieron enviar expertos internacionales para trabajar con una investigación dirigida por el gobierno de Hadi.

Los expertos han enviado la lista confidencial de personas que pueden ser responsables de crímenes internacionales ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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