Pilar Estébanez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
Cuatro años llevan ya atrapados en la isla de Lesbos (Grecia) más de12.000 personas. Hombres, mujeres y niños. Cuatro mil niños, para ser precisos y de ellos, 400 sin familia. Doce mil personas que huyeron de las guerras de Siria o de Afganistán jugándose la vida -cientos murieron ahogados- con la esperanza de que Europa fuera la última estación de su viaje.
Llegaron como refugiados y desplazados, y según las leyes y convenios internacionales, tienen derecho a solicitar el estatuto de refugiado (artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Cuatro años después aún siguen esperando. En lo que va de 2020 apenas se han tramitado 640 solicitudes. Grecia se comprometió a tramitar los expedientes con celeridad, pero no lo está haciendo. Según las leyes a las que Grecia debe cumplimiento, un solicitante de asilo tiene, mientras se tramita su solicitud, derecho a vivir en el país, tener un documento que le reconozca como solicitante de asilo político, recibir asesoramiento jurídico y solicitar prestaciones sociales y asistencia sanitaria. Durante el proceso no pueden ser expulsados.
Nada de eso se está cumpliendo en Lesbos. Durante los últimos cuatro años miles de personas han permanecido encerradas en el campamento de Moria, sin posibilidad de alojarse en ningún otro lugar. En un lugar calificado por sus moradores como «el campamento del infierno»: abarrotado, sin posibilidad de trabajar o sin que los niños pudieran recibir formación escolar. Cientos de menores sin familia han estado expuestos a abusos y violencia, por no hablar de la violencia estructural que supone su futuro truncado, sin educación y viviendo en unas condiciones que atentan contra la Declaración de los Derechos del Niño.
Tras la destrucción de Moria por un incendio la situación de los solicitantes de asilo ha empeorado: ahora viven en un campamento provisional formado por tiendas de campaña, encerrados por alambradas, sin poder salir o recibir visitas. Solo reciben una comida al día y las condiciones higiénicas y sanitarias son lamentables. No hay duchas ni acceso a agua o saneamiento adecuado. Se ha perdido la pista de los casos que se habían detectado de COVID-19 entre los refugiados y las nuevas circunstancias de encierro y precariedad podrían hacer que el número de casos se multiplicara.
Que Europa no reaccione ante esta situación, que los gobiernos o la sociedad civil no pidan el fin de esta vulneración continua de los derechos humanos es insólito: en nuestro propio continente tenemos un campo de refugiados donde se incumplen de manera flagrante los derechos más básicos y nadie hace nada para poner fin a esta vergüenza. Se han celebrado múltiples reuniones de los líderes europeos en este periodo pero no se han cumplido ni siquiera los compromisos adquiridos, como el de acoger en los países de la UE las cuotas asignadas de refugiados. Y además, los países pueden optar por no cumplir cerrando sus fronteras unilateralmente, como ha hecho Hungría.
Son doce mil personas que lo han perdido todo y en el continente más rico del mundo somos incapaces de ayudarles, de terminar con este oprobio, con esta mancha que ensucia la tradición de acogida de Europa, un continente que sufrió en el pasado guerras que desplazaron a millones de personas. De momento solo Alemania se ha comprometido a acoger a 50 niños no acompañados. Otras 400 personas especialmente vulnerables han sido trasladadas al continente desde Lesbos, pero no parece que haya voluntad política para acabar con el infierno de las doce mil personas que esta noche han pasado frío durmiendo en tiendas de campaña sin apenas mantas y que por la mañana, desde el amanecer, han tenido que guardar cola para acceder al suministro de agua.
La indignación por lo que está sucediendo en Lesbos no existe en la sociedad civil europea, que mira hacia otro lado, preocupada únicamente por las consecuencias económicas de la pandemia. Apenas se informa de lo que está sucediendo en la isla, no hay espacio en los medios de comunicación para contar lo que allí está pasando. No hay protestas ciudadanas ni movimientos civiles pidiendo el fin de la vergüenza. Miramos para otro lado y nos importa poco o nada el sufrimiento de tantas personas que solo quisieron sobrevivir a las guerras, la persecución y la violencia.
¿Qué nos ha pasado a los europeos? Me vienen a la memoria las movilizaciones y la indignación social que vivimos cuando sucedieron las matanzas en Ruanda o la solidaridad que provocó la guerra de la Ex Yugoslavia, cuando en nuestro país, o en otros países europeos la sociedad civil se levantó para exigir la ayuda y el socorro a los refugiados. Entonces nuestro país y otros acogieron a miles de bosnios, se les ofreció ayuda y refugio y las organizaciones se lanzaron a la reconstrucción. Parece que aquella ola de solidaridad se ha agotado, que somos incapaces de mostrar un mínimo de empatía o solidaridad con aquellos que lo han perdido todo y que solo reciben como respuesta el silencio.
Las instituciones europeas no están a la altura: no exigen que se cumplan las leyes internacionales y los tratados que ellas mismas han promulgado y que se comprometieron a cumplir. Tampoco los partidos políticos. Pero los ciudadanos tampoco están cumpliendo su parte: exigir el cumplimiento de la ley. Estamos asistiendo a un abandono de la responsabilidad que nos obliga como ciudadanos y las consecuencias serán más graves de lo que parece a primera vista.
Moria es la consecuencia de ese desistimiento de nuestras obligaciones. Es también el ejemplo cruel del fin del respeto de los derechos humanos como creencia universal en el continente.
