La llegada de un nuevo gobierno, tras la salida de Rajoy y su gabinete por la moción de censura, ha despertado cierta esperanza tras tantos años soportando un gobierno completamente insensible a las cuestiones relacionadas con la migración o la crisis de los refugiados y el desmantelamiento de la cooperación internacional.
Una de las cuestiones más preocupantes, y contra la que hemos venido luchando estos años, es la existencia de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), considerados como “un agujero negro legal” por muchas organizaciones humanitarias. El pasado mes de enero nos manifestamos en Madrid por su cierre, ya que los CIE acumulan numerosas denuncias por incumplimientos de los derechos humanos más básicos que sufren sus internos: malos tratos, la práctica ausencia de servicios médicos, dificultades de acceso de los detenidos a los servicios jurídicos o a la información sobre sus derechos, o prohibición de acceso a las asociaciones y ONG para que puedan hacer un seguimiento de los detenidos.
El nombramiento del juez Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior nos ha hecho recordar que Grande-Marlaska aseguró hace dos años que los derechos de las personas internadas en los CIE estaban siendo “tutelados” por los jueces encargados del control de dichos centros, dando a entender que se estaban cumpliendo todas las garantías legales y respetando los derechos de los internos (para nosotros, “detenidos”).
España ya ha sido reconvenida por la Unión Europea por el funcionamiento de los CIE: recordemos que en ellos son encerrados personas que únicamente han cometido una falta administrativa, como es carecer de documentación o permiso de residencia. También ha habido denuncias sobre el posible encierro y expulsión de menores de edad, o al menos, de internos sobre los que no se conocía con exactitud si eran menores de edad o adultos.
No podemos permitir que en un Estado de Derecho el ministerio del Interior siga incumpliendo la ley que debe proteger y que vulnere los convenios internacionales, las leyes europeas y la propia normativa española. No podemos permitir que se encierre a personas cuya única falta es carecer de papeles o permiso de residencia (algo que no harían con ciudadanos europeos que carecieran de dichos papeles o permiso de residencia). No podemos permitir la opacidad, la falta de transparencia y la impunidad con la que se está actuando en esta materia. Por ello pedimos al nuevo ministro de Justicia que permita el acceso a los CIE y su cierre si continúa el incumplimiento de los derechos más básicos de las personas internadas en ellos.
