El acceso de los inmigrantes a la Atención Primaria, un brindis al sol

El hecho de que los motivos esgrimidos para ello sean algunos de los que hemos manejado desde el punto de vista profesional quienes nos hemos opuesto siempre al Real Decreto de la exclusión sanitaria (RDL 16/2012), a saber, el colapso de las urgencias, lo que pone en cuestión el supuesto ahorro del gasto sanitario, y los problemas para la salud pública, es decir los riesgos que se han generado para la salud de todos los ciudadanos, no hace más que resaltar la falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan hacia los problemas y el sufrimiento de las personas más vulnerables. Las organizaciones y personas que denunciamos el fin de la universalidad de la atención y la exclusión que impone tan lamentable decreto basamos nuestras reclamaciones en el ámbito de  los derechos elementales de las personas, mientras que el ministro Alonso, que tanto aplaudió en su día la entrada en vigor del texto legal por su aportación a eso de “poner fin al coladero” en que se había convertido el sistema sanitario público (sic), sitúa el anunciado parche en el ámbito instrumental de los perjuicios que provoca a la sostenibilidad del sistema, precisamente lo que se suponía iba a arreglar.

Los gobernantes que contra todo y contra todos hayan tomado medidas como la que torpe y parcialmente ahora se quiere revertir, deberían responder también por la mala gestión que de facto reconocen.

No hay otro camino que la derogación del esperpento legal, la restauración del modelo sanitario universal y la devolución de la tarjeta sanitaria a quienes se le ha retirado en estos casi 3 años, además de la emisión de otras nuevas a los que hayan adquirido ese derecho por la mera circunstancia de residir en nuestro país, independientemente de su situación administrativa. De no hacerlo así la exclusión continuará pues para casi un millón de personas el sistema seguirá sin garantizar la referencia a otros niveles asistenciales cuando se requiera,  ni la continuidad de la atención, como le ocurre a los demás ciudadanos, atacando nítidamente a la esencia funcional del mismo que no es otra que brindar integralmente la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención curativa y la rehabilitación adecuada con los medios que, en cada momento, cada uno necesite.

Una de las grandes verdades ocultas que han quedado visibles en los últimos tiempos al albur de las políticas que, con la justificación de la crisis económica, se están aplicando, es que con gran frecuencia quienes dirigen la cosa pública no toman sus decisiones orientadas hacia el bien común sino hacia sus intereses y los de los grupos que, arrimados al poder, les sostienen. A partir de ahí, que la política se ha convertido en gran un teatro que busca tan solo que el espectador se crea las mentiras que se representan en el escenario de la vida pública, se ha hecho evidente para muchos. Y que el ministro anuncie esta medida días después de que la totalidad de los partidos políticos, menos el suyo y su flamante contrincante electoral, Ciudadanos, advirtiera que derogarán el referido decreto en cuanto cambie el gobierno, añade a la sensación de chapuza y de falta de sensibilidad que se ha comentado, otra no menos irritante: la dimensión electoralista de la misma por la necesidad, nada disimulada, de iniciar actuaciones que consigan que el PP se diferencie de su nuevo adversario. Por último, el hecho de que la vía escogida para ello, sea la de intentar mejorar el perfil de “las políticas sociales” de este gobierno resulta, también, un sarcasmo que busca remarcar el tufillo xenófobo de los recién llegado a la arena electoral. Y que viva el circo.

El periodo electoral impulsa en los partidos políticos actividades que buscan la diferenciación de los más cercanos, con quienes se compite por atraer al mismo grupo de votantes, con el objeto de acentuar aspectos identitarios y poner en evidencia al contrario. Que en la actual legislatura el PSOE presentara en el Congreso de los Diputados una iniciativa para derogar otro nefasto decreto, el 15/97, que fue apoyado en su día por este mismo partido y sobre el que se fundamentan las peores iniciativas de privatización del sistema sanitario público emprendidas hasta ahora, resulta también una salida electoralista con la que los socialistas quisieron diferenciarse del partido del gobierno, que fue el que la propuso hace años y con más deleite la ejercita, sobre todo cuando comprendemos que las posibilidades de sacarla adelante sin tener la mayoría parlamentaria eran menos que escasas.

Un brindis al sol por otro, la única diferenciación que merece la pena ser considerada por los electores concienciados es la de quienes se comprometan a trabajar por un sistema sanitario 100 por 100 público y de calidad, universal, o sea, sin exclusiones, basado en la ciudadanía y en el derecho de las personas a la salud.

De parches, marchas atrás y circo estamos ya más que hartos.