Trump ha cedido a la presión y ha ordenado el fin de las separaciones familiares, pero Estados Unidos tiene todavía a 2.000 niños bajo su custodia
Antes de deportarlo esposado la semana pasada, los agentes de inmigración de Estados Unidos entregaron al hondureño solicitante de asilo Melvin García sus pocas pertenencias, entre ellas una pequeña cartera azul que pertenecía a Daylin, su hija de 12 años a la que no ha vuelto a ver. Permanece bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
Melvin no sabe cuándo recuperará a su hija. Tras ser deportado, tiene prohibida la entrada en Estados Unidos. Hasta hace poco, los solicitantes de asilo centroamericanos eran liberados a la espera de juicio, pero Donald Trump puso en práctica el pasado mes de abril una política de “tolerancia cero”, que consiste en procesar inmediatamente a todos los adultos que cruzan ilegalmente la frontera y devolverlos, separándoles primero de sus hijos.
Melvin García había huido junto con su hija de Honduras para escapar de la mara Barrio 18, que controlan su barrio en Choloma, y que le había amenazado de muerte. Ahora no sabe si volverá a ver a su hija.
El escándalo internacional provocado por las separaciones de las familias, hizo que Trump cambiara de rumbo la semana pasada. Sin embargo, las autoridades norteamericanas tienen aún bajo custodia a 2.047 menores, según reconoció el secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar en el Senado de Estados Unidos. En su comparecencia reconoció que la reunificación de estas familias iba a ser complicada, a pesar de la decisión de un juez federal que dictaminó este martes que el gobierno debe reunificar las familias.
Para empezar, no existe una estructura legal que lo permita, que se añade a la dificultad de localizar a los padres una vez deportados. La ley impide que los deportados puedan entrar en Estados Unidos durante un período mínimo de cinco años.
La mujer y otros dos hijos de García llevaban ya tres años en Estados Unidos y el viaje con su hija era para reunir de nuevo a la familia. Ahora él está solo y su hija bajo custodia. El éxodo de la familia se inició cuando un compañero de García, conductor de autobús, fuera asesinado por no pagar un “impuesto” a la mara Barrio-18. A él le amenazaron.
Cuando llegó a Texas el pasado 24 de marzo intentó demostrar que su vida corría peligro con recortes de periódico donde se narraba el asesinato de sus compañeros de trabajo. También llevaba un certificado de no tener antecedentes penales. Lo único que la policía norteamericana le preguntó es si su hija, de doce años, estaba embarazada.
Al día siguiente de ser detenidos fueron separados. A él le encerraron en una celda -“una nevera”-, dice, permanentemente iluminada, sin camas y refrigerada con exceso. Él pensó que volverían a verse, pero le trasladaron de un centro de detención a otro durante dos meses. A pesar de que suplicó saber dónde estaba su hija, nunca le contestaron, hasta que le entregaron un papel que decía que su hija estaba detenida en un centro de menores en el sur de Texas a la espera de un juicio.
Un mes después supo que la niña había sido entregada a su madre en Los Ángeles. Entonces a él le deportaron.
Otro deportado, apellidado Guardado, fue capturado tras cruzar el Río Grande con su hijo. Dice que fueron maltratados. Él ya había intentado entrar en Estados Unidos trece años antes. Les separaron. A él le trasladaron seis veces de centro hasta que le deportaron. Le dieron un papel con un número de teléfono, una línea directa para niños desaparecidos, pero nadie responde al teléfono. No sabe nada de su hijo.
