Australia trasladó a más de 3.000 refugiados y solicitantes de asilo a las islas de Papúa Nueva Guinea y Nauru y les dejó abandonados allí
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ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, ha hecho un llamamiento al gobierno de Australia para que tome medidas urgentes respecto de la situación de los refugiados y solicitantes de asilo que trasladó a Papúa Nueva Guinea y Nauru. ACNUR ha revisado toda la información aportada por médicos, expertos independientes y abogados sobre la situación en la que se encuentran estas personas, a las que considera en riesgo «inmediato y crítico».
ACNUR recuerda que los refugiados y solicitantes de asilo tienen derechos reconocidos por el ordenamiento internacional, como la libertad de movimiento, algo que en el caso de estas personas no se está cumpliendo. Por ello ACNUR solicita la evacuación inmediata a Australia de estas personas.
Entre los refugiados hay niños, además de mujeres, colectivos especialmente vulnerables.
Estas personas fueron enviadas por Australia a la fuerza a Nauru hace más de cinco años. Los médicos y consultores de ACNUR ya comprobaron en 2016 que más del 80 por ciento de ellos sufren depresión y ansiedad.
A la fuerza
Aproximadamente 3.000 refugiados y solicitantes de asilo han sido transferidos por la fuerza a las instalaciones de «procesamiento offshore» en Papua Nueva Guinea y Nauru desde 2013. De estos, unos 800 permanecen en Nauru y 650 en Papua Nueva Guinea.
Los refugiados y solicitantes de asilo se mantuvieron inicialmente encerrados hasta que en 2016 se trasladaron a instalaciones más abiertas. En abril de 2016, el Tribunal Supremo de Papua Nueva Guinea determinó que los acuerdos de detención en la isla de Manus violaban el derecho a la libertad en virtud de la Constitución de Papua Nueva Guinea.
Las circunstancias y condiciones para los refugiados bajo la política de «procesamiento en el extranjero» de Australia han tenido impactos severamente negativos en la salud, y particularmente en la salud mental. Durante 2016, los expertos médicos del ACNUR encontraron que las tasas acumuladas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático entre los refugiados transferidos por la fuerza a Papua Nueva Guinea y Nauru son las más altas registradas en la literatura médica hasta la fecha, con más del 80% en ambos lugares. Varios expertos médicos han observado que el bienestar de los refugiados se ha deteriorado aún más desde entonces.
El Gobierno de Australia contrata actualmente los Servicios médicos y de salud internacionales (IHMS, por sus siglas en inglés) para brindar servicios de atención médica limitados a los refugiados y solicitantes de asilo en Nauru y al Hospital Internacional del Pacífico en Papua Nueva Guinea. Los respectivos sistemas locales de salud, en los que la mayoría de los refugiados se ven obligados a confiar después del horario de atención, carecen de recursos y personal en ambos países.
Los servicios de asesoramiento sobre tortura y trauma se suspendieron en la isla de Manus después de la retirada del Gobierno de Australia en octubre de 2017. En Nauru, el apoyo de tortura y trauma está disponible solo para aquellos que experimentaron un trauma antes de su llegada a Australia.
Médicos Sin Fronteras se vio obligada a dejar de prestar atención médica a los refugiados y a los naturales de Nauru tras una orden del gobierno, tras lo cual la ONG solicitó la evacuación de todos los refugiados y solicitantes de asilo, tras registrar al menos 78 casos de intento de suicidio e innumerables autolesiones.
El 30 de junio de 2017, el gobierno de Australia declaró en mayo de 2018 que se habían devuelto 494 personas por razones médicas de Papua Nueva Guinea y Nauru a Australia. Las personas devueltas a Australia para recibir tratamiento médico no escapan a los impactos negativos en curso del «procesamiento en alta mar» «. Algunos han sido detenidos formalmente en centros de detención en tierra en Australia después de su transferencia médica, lo que es particularmente perjudicial en casos de mala salud mental.
La política actual no les ofrece una solución a largo plazo en Australia, y los deja vulnerables a ser enviados de regreso a Nauru o Papua Nueva Guinea en el futuro. Viven con la amenaza persistente de ser devueltos al lugar donde fueron detenidos durante años, y donde faltan servicios de apoyo adecuados y soluciones a largo plazo. El ACNUR ha instado al Gobierno de Australia a que no devuelva a nadie a Papúa Nueva Guinea o Nauru.
En virtud de un acuerdo bilateral entre Australia y los Estados Unidos de América, anunciado en noviembre de 2016, se espera que 1.250 refugiados sean reubicados de Nauru y Papua Nueva Guinea a los Estados Unidos. A partir de octubre de 2018, un número similar de hombres, mujeres y niños permanecen sin soluciones adecuadas a la vista.
