Saturnino y su familia en huelga de hambre

Tratamiento para la Hepatitis C: con la salud no se negocia

Tratamiento para la Hepatitis C: con la salud no se negocia

Pilar Estébanez

El pasado 14 de noviembre Belén Martín inició una huelga de hambre en el vestíbulo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid desesperada porque su marido, Saturnino Cobo, de 47 años, enfermo de hepatitis C, no está recibiendo el tratamiento que podría salvarle la vida. A pesar de que el ministerio de Sanidad aprobó la financiación de los tratamientos con sofosbuvir, un medicamento que ha demostrado una eficacia muy alta, en muchas CCAA aún no está autorizada su prescripción y los pacientes no lo reciben, lo que podría deteriorar su salud rápidamente.

A Saturnino se lo han prescrito hace un mes pero aún no lo está recibiendo y entretanto, como otros pacientes, ve cómo su salud se va deteriorando rápidamente. Detrás de este retraso, según denuncian asociaciones de enfermos, está la resistencia del ministerio a autorizar un gasto considerado elevado, pero que permitiría salvar muchas vidas.

Saturnino y su familia en huelga de hambre
Saturnino y su familia durante la huelga de hambre
Foto: Actualidad Humanitaria

 

A Saturnino se lo han prescrito hace un mes pero aún no lo está recibiendo y entretanto, como otros pacientes, ve cómo su salud se va deteriorando rápidamente. Detrás de este retraso, según denuncian asociaciones de enfermos, está la resistencia del ministerio a autorizar un gasto considerado elevado, pero que permitiría salvar muchas vidas. En España se estima que hay 900.000 portadores del virus de la hepatitis C, de estos aproximadamente  medio millón han tenido hepatitis o enfermedad hepática relacionada con el virus, que supone alrededor de 4.500 muertes anuales. Es la primera causa de muerte en pacientes con VIH/SIDA. En 2010 fallecieron en la Unión Europea 57.000 personas a causa de la hepatitis C. Las asociaciones de enfermos creen que la cifra aumentará dramáticamente si no se actúa. Otras 47.147 personas fallecieron en el año 2008 en la UE, según datos de la OMS, debido a un hepatocarcinoma y 84.697 fallecieron a causa de cirrosis causada principalmente por el VHC.

Respecto de los enfermos españoles la mayoría se contagiaron a través del consumo de drogas y muchos tienen la enfermedad asociada al VIH/SIDA, y también hay enfermos que fueron infectados en el entorno sanitario por el uso de jeringuillas contaminadas o tras una transfusión. Este grupo lo componen sobre todo personas mayores de 60 años.

La prevalencia del virus de la hepatitis C en la Europa de los 28 está entre el 0.4% y el 4% y el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. El acceso universal al tratamiento debe ser proporcionado con equidad, priorizando los pacientes con enfermedad avanzada pero también asegurando tratamiento a todos según las capacidad de los sistemas sanitarios. Estamos ahora en condiciones de detener todas estas muertes ya que los nuevos fármacos permiten tratamientos de más corta duración,  con pocos efectos secundarios, sin interferón ni ribavirina, con efectividad ya muy cercana al 100%, adecuados para todos los genotipos y efectivos incluso con cirrosis avanzada.

La evolución final de la enfermedad es cirrosis o cáncer hepático –aproximadamente en el 20 por ciento de los casos-. Por esta causa se realizan en España unos 378 trasplantes de hígado al año, con un coste medio de 201.110 euros por trasplante, similar al coste de un caso de cirrosis o de cáncer hepático.

Esta enfermedad supone una carga económica, social y de sufrimiento muy grande, pues suele finalizar en la muerte si no se aplican tratamientos. Desde hace más de seis meses existe tratamiento curativo gracias al nuevo medicamento, sofosbuvir, de nombre comercial Sovaldi, que cura por completo la enfermedad, es decir, elimina el virus, lo que significa detener la enfermedad, eliminarla y evitar que evolucione en una cirrosis o en un cáncer hepático, lo que supondría, asimismo, para los enfermos de VIH/SIDA, una reducción drástica de las muertes por esa enfermedad.

Actualmente el proceso para prescribir la medicación es su indicación por los especialistas tanto de centros de salud como hospitalarios con criterios científicos, dependiendo principalmente de las fases de la cirrosis: urgente para fase 3 o 4 y fases 1 y 2 sin prioridad.

Ya ha habido muchos especialistas que han considerado la necesidad de aplicar el tratamiento a enfermos concretos, y a pesar de eso, no se está haciendo, un retraso que supone que en los casos más graves y avanzados puedan evolucionar a cirrosis en fases terminales y muerte.

Los estudios de coste-beneficio han concluido que este es uno de los  tratamientos con mayor coste eficiente, y su acceso supone grandes beneficios en salud, así como para la productividad, al darse esta enfermedad, en su mayoría, en pacientes jóvenes con una vida productiva por delante.

Al tratarse de un medicamento nuevo el laboratorio que lo ha producido tiene aún la patente, lo que significa que puede ponerle el precio que considere oportuno: en un principio el laboratorio lo ofreció a España a un precio de 60.000 euros para un tratamiento de 15 días, aunque posteriormente lo ha rebajado a un precio de 25.000 euros. En otros países el precio es muy inferior. Por ejemplo, en Egipto el laboratorio lo vende a 500 euros. Este hecho supone una infamia y pura especulación, puesto que adaptan el precio según el mercado, no según su coste real, cuando se trata de un tratamiento indispensable para la salud de los enfermos.

Creemos que en este aspecto el ministerio no está actuando correctamente, pues el retraso en aplicar el tratamiento parece deberse a una presión para que el laboratorio baje los precios, aún a costa de la vida de los pacientes que esperan mientras su salud se deteriora. Es inhumano que no se esté accediendo a este tratamiento que en este mismo momento supondría la vida de muchas  personas que están en riesgo y que supondría, además a largo plazo, una tasa menor de trasplantes hepáticos y de tratamientos hospitalarios con el consiguiente ahorro.

En este sentido, diez organizaciones europeas han hecho un llamamiento a los ministros de Salud de la Unión Europea y a los laboratorios Abbvie, BMS, Gilead, Janssen y Merck / MSD para que lleguen a los acuerdos necesarios para garantizar el acceso universal al tratamiento, dado que en este momento las nuevas opciones terapéuticas son muy efectivas y con efectos secundarios mínimos para los pacientes.

Como siempre, el gobierno y las autoridades sanitarias piensan a corto plazo, sin tener en cuenta el ahorro de sufrimiento y vidas, además del económico, que tendría la aplicación de este tratamiento en fases tempranas de la enfermedad. Resulta estremecedor la falta de empatía y solidaridad que demuestran nuestras autoridades sanitarias cuando el sufrimiento lo experimentan los sectores menos favorecidos de la sociedad. Una vez más, se retratan con su concepción de los derechos de los pacientes, siempre por debajo de los intereses económicos a corto plazo.

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