Opinión: Negociando el acceso a la población siria ¿Principios o pragmatismo?

• Naciones Unidas y Siria han acordado un plan de respuesta humanitaria

• Los trabajadores humanitarios tuvieron que aceptar la «segunda  mejor opción» para acceder a la población

• Los principios de imparcialidad, neutralidad y humanitarismo no van a verse comprometidos

• Los donantes se muestran escépticos sobre la ejecución del plan

Después de seis semanas de negociaciones, el Gobierno de Siria y Naciones Unidas han llegado a un acuerdo para el acceso sin trabas a la población, que cumple con los principios mínimos de neutralidad e imparcialidad. Para el director general de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), Claus Sorensen, hay que aceptar esta situación por razones pragmáticas en beneficio de la población. El acuerdo, basado en una propuesta de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), permitirá a nueve agencias de la ONU y siete ONG internacionales, proporcionar ayuda a un millón de personas afectadas por 15 meses de disturbios. Esa es la población que no puede acceder a alimentos o a servicios básicos, desplazados, o heridos.

El plan también permite a la ONU la creación de oficinas en el terreno en cuatro emplazamientos y levantar los bloqueos burocráticos para permitir la llegada de la ayuda o la expedición de visados. Sin embargo, no se va a permitir la entrada a otras ONG y se ha limitado la respuesta a  44 proyectos específicos. También se mantiene un alto nivel de control en todas las operaciones de socorro.

Aunque algunas organizaciones se preguntan si la ayuda va a ser neutral, hay un convencimiento general de que no se han cruzado las líneas rojas de los principios humanitarios. En un principio, el gobierno sirio exigía controlar todo el proceso de ayuda humanitaria a través de sus órganos oficiales, porque no se fiaba de la presencia internacional en su territorio por el temor de que fuera un “caballo de Troya” para la intervención exterior. La negociación ha sido dura para vencer esas reticencias. Además, el gobierno de Siria no está acostumbrado a recibir ayuda, sino a prestarla, como ha hecho durante décadas con palestinos o iraquíes.

Por ello, el gobierno sirio ha aceptado al Comité Internacional de Cruz Roja, o al Programa Mundial de Alimentos, por su eficacia y neutralidad.

La negociación ha llegado a extremos semánticos. Por ejemplo, la palabra “desplazados” fue negociada, hasta aceptar su sustitución en el texto del acuerdo por el término “los que salieron de sus casas”.

Queda por determinar, entre otras cosas, el calendario de aplicación.

Las ONG internacionales aceptadas son las que estaban presentes antes de la crisis:  Save the Children y Médicos sin Fronteras, que han intentado en varias ocasiones para acceder a Siria, hasta ahora no han tenido éxito. Todas las evaluaciones, las distribuciones o rehabilitaciones de las clínicas públicas o escuelas se coordinarán con los órganos de gobierno. Tampoco se permitirá que los trabajadores humanitarios puedan moverse libremente, tal y como había pedido Estados Unidos, por “razones de seguridad”.

Aunque hay cierto optimismo, los donantes se muestran escépticos de que los requisitos normales de vigilancia y rendición de cuentas se cumplan de manera adecuada.»Para decirlo sin rodeos, los donantes se encuentran entre la espada y la pared», dijo Sorensen de ECHO, «en el sentido de que nuestros ciudadanos quieren que se actúe y nos han presionado para que hagamos algo. Por otro lado, nos enfrentamos a las dificultades de las organizaciones humanitarias para  obtener un análisis estructurado y honesto de la situación sobre el terreno”. Se sabe que entregas anteriores de material humanitario de la ONU acabaron en almacenes y fueron distribuidas sin ningún control internacional.

Por otra parte, el gobierno sirio está presionando para que los países occidentales y árabes levanten las sanciones, culpables, según las autoridades sirias, de gran parte de las necesidades humanitarias. El levantamiento de estas sanciones haría más fácil, según observadores, que el gobierno de Siria permitiera la entrada de más organizaciones humanitarias.