Mar Estupiñán

Medicamentos esenciales para todos

Mar EstupiñánMedicamentos esenciales para todos
Mar Estupiñán, Farmacéutica, Especialista en Salud Pública y Medicina Humanitaria. Ha sido Pharmacy Manager de MSF y trabaja en RU en un programa de Salud Pública (Non Communicable Diseases)
Después de la crisis económica que llevó a la pérdida de la cobertura  sanitaria universal en España tras la reforma sanitaria del 2012 (RD 16/2012), por la que muchos medicamentos quedaron fuera de la financiación pública, unido a una modificación catastrófica en el modelo de aportación farmacéutica al Sistema Nacional de Salud y a las diversas crisis humanitarias en las que la falta de acceso a medicamentos continúa siendo la causa de millones de muertes evitables -bien sea por los desorbitados precios que fijan las grandes compañías farmacéuticas, ya sea por la falta de desarrollo de medicamentos para determinadas enfermedades-, nos cuestionamos en dónde continúa fallando el sistema.
Se trata ahora de buscar soluciones a un problema que tiene un impacto devastador sobre la salud de la población mundial, esto es: la falta de acceso a medicamentos esenciales de calidad y a precios asequibles, y la falta del desarrollo de medicamentos para enfermedades olvidadas.

Acceso a medicamentos esenciales

El acceso a medicamentos, como a la salud, son condiciones básicas para el normal desarrollo y bienestar de cualquier ser humano. Por ello es un derecho que debería ser inviolable. En esta línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el acceso a medicamentos esenciales como un derecho fundamental, y así lo recoge en la Declaración de los Derechos Humanos (1948) dentro del Derecho a la Salud. Igualmente, este derecho fue incluido como uno de los ocho componentes esenciales de la Declaración de Alma-Ata, Salud para Todos en el año 2000 (1978).

La privación al acceso a medicamentos, por el contrario, conduce al deterioro de la salud de las personas, a su vulnerabilidad, al miedo, a la pérdida de la dignidad y de la vida. Ahora mismo estamos siendo testigos de tal infortunio con la epidemia de Ébola que está azotando a África Occidental: sistemas de salud frágiles y sin capacidad para responder, unidos a la falta de medicamentos y el desarrollo de una vacuna para una enfermedad descubierta desde 1976, reflejan la desdicha del ser humano al no poder ser atendido ni tratado.

A pesar del esfuerzo que la comunidad internacional ha realizado para lograr el acceso universal a la salud, el desequilibrio en el consumo de medicamentos entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo (PVD) es impactante: el 20% de la población mundial consume el 80% de los medicamentos. Esto se traduce en que un tercio de la población mundial no tiene acceso regularmente a medicamentos. Por ejemplo, uno de cada cinco niños nacidos anualmente -aproximadamente 26 millones de niños- no son vacunados. Y es impactante ver como 580.000 niños mueren todavía cada año por diarrea, a pesar de la disponibilidad de un simple tratamiento a base de sales de rehidratación oral y suplemento de zinc.  A estos datos, le podemos añadir que la tuberculosis, una enfermedad de la que la mayor parte de muertes se podrían prevenir, se cobró en 2013 aproximadamente 1,5 millones de vidas.

Las causas por las que el acceso a medicamentos es extremadamente desigual en la población mundial son diversas. Una de las más importantes es el elevado coste de medicamentos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio recogieron en su Meta 8.E. la necesidad de cooperar con la industria farmacéutica como medio para asegurar la provisión de medicamentos esenciales a precios asequibles. Sin embargo, poco es lo que se ha avanzado en la reducción del coste de muchos medicamentos esenciales en los países en vías de desarrollo.  Por ejemplo, el coste de los antiretrovirales de tercera línea es 23 veces superior a los de primera línea. Además, en la última década el precio de dos medicamentos para tratar enfermos con Tuberculosis resistentes a fármacos ha aumentado más del 600%  y más del 800% respectivamente. Igualmente, según un informe que acaba de publicar Médicos Sin Fronteras (MSF), en la última década el precio para vacunar a un niño ha aumentado unas 68 veces.

Pese a lo impresionante de estos datos, poco nos deberíamos de sorprender cuando el propio CEO de Bayer, en una conferencia refiriéndose al desarrollo de un anticancerígeno, explícitamente manifestó que ellos “no desarrollaron esta medicación para el mercado indio, sino para pacientes occidentales que pueden permitírselo”.  Esto refleja el principal objetivo de la industria farmacéutica: un interés exclusivamente dirigido a obtener beneficios económicos, en lugar de enfocarse en el paciente y sus necesidades como prioridad para el desarrollo de fármacos.  Por supuesto, una actitud que margina a un amplio sector de la población mundial, ya de por sí sumida en la pobreza y sin recursos para acceder a tratamiento y  que, consecuentemente, amplía las desigualdades socioeconómicas y de salud.

El origen de esta controvertida estrategia de la industria farmacéutica reside en los excepcionales privilegios que goza bajo el amparo del derecho a la propiedad intelectual; derecho que facilita a la industria farmacéutica orquestar el desarrollo de medicamentos a su mayor conveniencia. Esto es, el monopolio derivado de los derechos sobre la patente de medicamentos hace que la mayor parte de la investigación se destine a aquellas enfermedades más costo-efectivas. Igualmente, esto lleva a que los medicamentos tengan un precio elevado y, por tanto, de difícil acceso para personas en situación de pobreza. De hecho, se estima que sólo el 10% de la Investigación y Desarrollo (I+D) a nivel mundial se destina a enfermedades que suponen el 90% de la carga global (“10/90 Gap en I+D”).  De ahí, la falta de medicamentos para tratar enfermedades olvidadas y enfermedades que afectan mayoritariamente a los países en vías de desarrollo.

Otra de las causas por las que el acceso a medicamentos es extremadamente desigual entre la población mundial yace en políticas farmacéuticas restrictivas, tanto en lo que respecta a copagos como en la financiación pública de medicamentos. En el caso de España, por ejemplo,  la introducción de copagos farmacéuticos dirigidos a combatir la crisis financiera está haciendo estragos sobre una población ya debilitada por la falta de recursos económicos. Está demostrado que los copagos no ayudan a reducir el gasto farmacéutico, ni llevan a un mejor uso de los servicios sanitarios. Por el contrario,  conducen, en la mayoría de los casos, al uso de recursos sanitarios más costosos y al aumento en las desigualdades en salud. Esto se refleja en cómo los sectores más vulnerables de la población deja de comprar medicamentos y la consecuente reducción en la adherencia al tratamiento, en muchas ocasiones,  lleva al ingreso hospitalario. Según un reciente informe de Cáritas en España las reformas de las políticas sanitarias ha llevado a que por un lado muchas familias se vean “endeudadas con algunas farmacias”, y por otro lado, al “abandono de tratamientos médicos”, así como a la “automedicación”.

De este mismo modo, la falta de financiación pública de medicamentos efectivos que pueden salvar vidas lleva a que un sector de la población quede vulnerable por una decisión basada en política y no en salud. Es el caso claro que estamos viviendo en España con la controvertida decisión del gobierno respecto al tratamiento de la Hepatitis C, donde unas 300.000 personas están a la espera de una medicación que podría salvarles la vida.

¿Y cómo conseguir el acceso a medicamentos esenciales?

Lo primero, y fundamental, es que los medicamentos no han de considerarse como una pieza independiente, sino como una parte más de un engranaje a través del cual se consigue fortalecer a los sistemas sanitarios y reducir las desigualdades en salud.

Para alcanzar el acceso universal a medicamentos los países podrían partir del  marco de trabajo propuesto por la OMS. Así, los gobiernos deberían comprometerse a desarrollar políticas sanitarias basadas en la evidencia, incluyendo este derecho como algo fundamental dentro de sus Constituciones, que velen por el acceso universal a la salud, y que desarrollen mecanismos de financiación a través de planes de seguridad social. Igualmente, es crucial trabajar con la industria farmacéutica generando políticas que, aun velando por sus intereses, aseguren que éstas inviertan en el desarrollo de medicamentos basado en necesidades y no en intereses económicos. Finalmente, es primordial que se establezcan acuerdos que aseguren precios asequibles de medicamentos, de manera que no se margine a los sectores más vulnerables de la población mundial.

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