Las autoridades de Myanmar planean vender las tierras que los rohingyas abandonaron en su huida
Los musulmanes rohingya que regresen a Myanmar (antigua Birmania) después de huir a Bangladesh probablemente no podrán reclamar sus tierras, y pueden encontrarse que sus cosechas han sido recogidas y vendidas por el gobierno
Casi 600.000 rohingya han abandonado sus poblados y cruzado la frontera entre Myanmar y Bangladehs desde el 25 de agosto, cuando el ejército inició una feroz contraofensiva tras ataques de insurgentes rohingyas contra varios puestos de policía.
Esta contraofensiva ha sido denunciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una campaña de limpieza étnica, en la que no han faltado asesinatos, incendios y violaciones cometidos por las tropas y por grupos budistas contra esta minoría musulmana, a la que no se le reconoce la nacionalidad birmana.
Presionada por la comunidad internacional, la líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, prometió que cualquier refugiado en Bangladesh que demostrara que era residente en Myanmar podría regresar. El problema es que la mayoría de ellos no tienen documentación y son considerados apátridas. Como mucho tienen contratos de compraventa de tierras, pero puede no ser suficiente porque no se reconoce la propiedad de la tierra a aquellos que no tienen la ciudadanía.
La mayor parte del millón de rohingyas que vivían en Myanmar son apátridas, a pesar de que muchos llevan varias generaciones viviendo en el país.
Entre tanto, las autoridades birmanas han hecho planes para cosechar, y posiblemente vender, miles de hectáreas de cultivos que dejaron atrás los huidos, según documentos del gobierno estatal a los que ha tenido acceso Reuters.
Myanmar también tiene la intención de establecer a la mayoría de los refugiados que regresen al estado de Rakhine en nuevas «aldeas modelo», en lugar de dejarles regresar a sus aldeas, algo que la ONU siempre ha rechazado porque equivale a crear campamentos de refugiados permanentes.
El éxodo de 589,000 rohingya -y alrededor de 30.000 no musulmanes- de la zona de conflicto en el norte de Rakhine ha dejado miles de hectáreas de cultivos abandonados, sobre todo arrozales, que deberían ser cosechados antes de fin de año.
Los funcionarios birmanos han clasificado las tierras según la raza de sus cultivadores: nacionales o “bengalíes”, como denominan a los rohingyas, que no tienen derecho a ser propietarios. Según esta clasificación, habría cerca de 18.000 hectáreas de tierra sin propietarios. Ya está previsto que dos docenas de cosechadoras manejadas por trabajadores del Ministerio de Agricultura comiencen este mes a recoger arroz. El valor de la cosecha es de más de 600 dólares por hectárea, lo que supondría un beneficio para el gobierno de más de 10 millones de dólares.
Las organizaciones humanitarias, como Human Rights Watch, creen que el gobierno debería destinar ese arroz para la ayuda humanitaria, no lucrarse de una cosecha obtenida después de haber expulsado a los agricultores. El gobierno, por su parte, alega que las cosechas están abandonadas y no tienen dueño.
Otro problema con el que se encontrarán los que regresen es que pueden encontrar sus casas quemadas. Según los satélites, más de 280 aldeas han sido incendiadas. Según los refugiados, por grupos budistas o el ejército. Según las autoridades, fueron los propios rohingyas quienes quemaron sus casas antes de huir.
Las nuevas aldeas planeadas por las autoridades de Myanmar no tendrán más de 1.000 habitantes y serán planificadas con casas en hileras. Lo que parece un campamento de refugiados es, según las autoridades, «una planificación urbanística destinada a mejorar el desarrollo».
Tampoco se reconocerá a los que regresen como ciudadanos, sino como si fueran nuevos migrantes. Ante esta perspectiva, no es probable que muchos quieran regresar.