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La inestabilidad en la República Democrática del Congo impide el acceso a los desplazados Los bandidos, las milicias y la violencia del ejército están dificultando el acceso de los trabajadores humanitarios a las concentraciones de personas desplazadas en el territorio de Irumu, parte de la región de Ituri en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC).
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 Mapa de RDC. En azul la zona de conflicto. |
Se trata de una zona en la que se concentran casi 90.000 desplazados, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Aún permanecen activos en la zona miembros de las milicias que luchaban por el control de Irumu hasta el año 2007, que continúan llevando a cabo ataques esporádicos contra civiles.
El bandidaje y las violaciones de derechos humanos habrían sido llevados a cabo por el Frente de Resistencia Patriótica en Ituri (FRPI), un grupo de milicianos previamente vinculados a los lendu, denominado Frente Nacional Integracionista (FNI), y un grupo nuevo que surgió en 2008, el Frente Popular por la Justicia en Congo (FPJC). Estos grupos de milicianos, que no cuentan con más de un centenar de miembros, fueron responsables de 52 muertes en 2010, lo que provocó una operación militar del ejército congoleño para neutralizar sus actividades y proteger a los desplazados.
En el asentamiento de Bukiringi hay aproximadamente 2.500 personas viviendo en un campamento de plástico. «La guerra entre los grupos lendu y las FARDC fue la razón por la que dejamos nuestras casas. Muchas personas murieron en el camino. Ahora, no tenemos los mismos problemas, pero nuestro mayor problema en este momento es nuestra vivienda «, dijo a IRIN Daniel Olongwa, el vice-presidente del comité de desplazados. Muchas de las frágiles estructuras de plástico, instaladas por una ONG, han sido destruidas, dejando al raso a los desplazados.
De los 20.000 habitantes de Bukiringi, 11.000 son desplazados de zonas de conflicto, que han buscado refugio entre la población nativa. Excluyendo los 2.500 desplazados internos que viven en los campamentos, la mayoría han sido acogidos en familias que tienen dificultades para acceder a recursos básico.
Prioridades humanitarias
«La primera prioridad para los trabajadores humanitarios es crear seguridad para que los desplazados puedan regresar a casa. De lo contrario, tendremos una emergencia humanitaria durante un plazo largo. Esta población ya era vulnerable, y el conflicto ha aumentado la vulnerabilidad aún más”, según Séverine Ramis, miembro en la zona de la ONG Save the Children.
Mientras que una serie de organismos han intervenido para aliviar las condiciones en los campamentos de Bukiringi, algunos dicen que la respuesta humanitaria en la región de Ituri ha sido eclipsada por los continuos ataques de Resistencia del Señor, del Ejército y los grandes desplazamientos en el Uélés.
«En muchos territorios de Ituri, en particular, Djugu, hay vulnerabilidades que no se derivan de un conflicto, sino más bien, de la vulnerabilidad en términos económicos, especialmente con las poblaciones que han regresado a casa hace seis meses, o incluso uno o dos años atrás», dijo Ramis . Además, alrededor de las minas de Mongbwalu y cerca del Lago Albert, prolifera tiene la prostitución infantil y la violencia sexual.
Varias de las comunidades desplazadas en Bukiringi llegaron antes de 2008, pero no pueden regresar a casa hasta que su seguridad está garantizada, y su situación actual sigue siendo precaria.
Presuntas violaciones del ejército
Según se publicó en el Boletín de febrero de OCHA, el 12 por ciento de los desplazados internos de Ituri aún están fuera del alcance de los organismos de ayuda humanitaria y el acceso depende en gran medida de la mejora de la seguridad, que debe ser garantizada por el ejército (FARDC) y la Misión de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo.
Un contingente de las FARDC está estacionado al lado del campo de Bukiringi. Los informes de organizaciones humanitarias, indican de que un gran porcentaje de los abusos contra los desplazados (impuestos ilegales, abusos sexuales y saqueos) los están cometiendo los propios soldados de la República Democrática del Congo.
Marcel Stoessel, director de Oxfam en la RDC, asegura que las FARDC es una fuerza de protección para el pueblo congoleño, pero al mismo tiempo representan una carga y una amenaza para la población. En primer lugar porque muchos no reciben paga y se dedican a extorsionar a la población, y en segundo lugar, porque una parte sustancial de ellos son muy indisciplinados y cometen graves abusos, incluyendo violencia sexual y saqueos. El ejército niega estas acusaciones.
