Pilar Estébanez, doctora en Medicina y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
Que el gobierno de España carece de la menor sensibilidad hacia los inmigrantes o refugiados que tratan de sobrevivir y se juegan la vida para atravesar el Mediterráneo, es algo sabido: aún estamos esperando a los 12.000 refugiados sirios que Rajoy se comprometió recibir ante las autoridades europeas, hace ya más de dos años. Estos días hemos visto vídeos de “devoluciones en caliente”, algo que nuestra propia legislación prohíbe y por lo que nuestro país ha sido advertido por las instituciones europeas en más de una ocasión.
Sin embargo, desde hace unos días el gobierno se ha superado: el ministerio del Interior ha decidido encerrar en una prisión, que carece de las mínimas condiciones de habitabilidad, a casi 500 inmigrantes. La prisión de Archidona, donde ahora están encerrados los inmigrantes, carece de servicio médico, agua corriente potable o cocinas, ya que la prisión no se iba a inaugurar hasta el mes de enero. No tiene tampoco vigilancia suficiente, porque los funcionarios de prisiones no pueden trabajar en centros donde hay inmigrantes retenidos, como los CIE.
Aunque el ministerio del Interior finge en sus comunicados que no es una prisión, sino un alojamiento temporal, y habla de habitaciones y no celdas, que es lo que son, lo cierto es que es una prisión y para eso fue construida: para encarcelar personas, no para “alojarlas temporalmente”.
Más de 20 organizaciones humanitarias y que trabajan por el respeto de los derechos humanos han pedido la inmediata excarcelación de los inmigrantes. Diga lo que diga el gobierno, esas personas han sido encarceladas y viven en un régimen de privación de libertad sin haber sido condenadas por nada. Ni siquiera acusadas. Entrar en un país de forma irregular, lo hemos dicho muchas veces, no es un delito, sino una falta administrativa. A una persona que comete una falta administrativa no se la puede privar de libertad, ya sea en un CIE o en una cárcel. Una vez más el gobierno de España incumple las leyes españolas, los convenios internacionales, y viola los derechos humanos. Hasta cuándo vamos a permitirlo.
