Las 310 páginas del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) serán definitivas, según aseguró ayer el gobierno de Colombia tras la revisión efectuada después del referéndum por el que se había rechazado el acuerdo. Esta declaración podría ser mal recibida por los que defendieron el no en el referéndum. Según explicó el gobierno, se han hecho algunas modificaciones al texto original, aunque la oposición dice que el texto es prácticamente el mismo que fue rechazado por los ciudadanos. Ahora se abre la posibilidad de que el Acuerdo de Paz sea ratificado por el Congreso, ya que no hay obligación de someterlo a consulta popular.
El negociador jefe del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que el nuevo pacto para poner fin a 52 años de guerra con el grupo guerrillero FARC fue el mejor y más completo acuerdo que las dos partes pudieron lograr, y no se tocará de nuevo. «Este es el acuerdo final, es el acuerdo definitivo», según afirmó ante la prensa en Bogotá, para concluir que no habrá más negocaciaciones ni más revisiones del texto.
Ahora el gobierno de Juan Manuel Santos tiene que encarar cómo se aprueba el nuevo acuerdo, vistos los resultados del referéndum. La ley no le obliga a llevarlo de nuevo a consulta popular, por lo que podría tratar de ratificarlo en el Congreso.
Según parece, el nuevo documento sólo contiene algunas pequeñas modificaciones, respecto del texto presentado a referéndum, y éstas se refieren a aspectos relativos a aclarar los derechos de propiedad privada, o cómo quedarán confinados en las zonas rurales los rebeldes que hayan cometido crímenes durante la guerra.
Para los críticos del acuerdo con la guerrilla, es prácticamente el mismo texto que la versión anterior, y han pedido estudiarlo en detalle. El gobierno ha explicado, sin embargo, que se estudiaron las 500 propuestas efectuadas por la oposición.
El nuevo acuerdo no encarcelará a los rebeldes, pero los que confiesen crímenes de guerra quedarán confinados en áreas rurales específicas por un período de entre cinco y ocho años. Los ex rebeldes podrán ocupar cargos electos.
El ex presidente Alvaro Uribe, que encabezó la oposición al acuerdo original, no ha hecho comentarios hasta el momento.
