Los solicitantes de asilo que permanecen en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea, Australia) a la espera de ser reubicados -muchos esperaban ser trasladados a Estados Unidos según un acuerdo que el presidente Trump ha dicho que no piensa cumplir- están siendo presionados para aceptar dinero en metálico si regresan a sus países de origen. Hasta 25.000 dólares recibirían si deciden marcharse voluntariamente. En caso contrario, se tendrán que enfrentar a la deportación.
Los funcionarios de un centro de inmigración australiano en Papua Nueva Guinea están aumentando la presión sobre los solicitantes de asilo para que regresen voluntariamente a sus países de origen, ante la posibilidad de que el acuerdo para reubicarlos no se llegue a cumplir.
Alrededor de una docena de solicitantes de asilo de Bangladesh y Nepal que permanecen en Manus han reconocido que están siendo presionados para que acepten cantidades de hasta 25.000 dólares para regresar a sus países o enfrentar la deportación. La cifra puede ser mayor si se trata de grupos. También se está acelerando la entrega de avisos de deportación y las expulsiones.
Ofrecer dinero a los solicitantes de asilo que regresan a su país no es ilegal. Sin embargo, las sumas ofrecidas por los funcionarios australianos se han más que duplicado desde hace un año, y están muy por encima de los fondos que se ofrecen en otros lugares.
Alemania, por ejemplo, anunció recientemente planes para ofrecer hasta 1.200 euros a los solicitantes de asilo para que regresen voluntariamente a sus hogares.
Según las autoridades australianas se trata de una «ayuda» para que puedan regresar voluntariamente y restablecer sus vidas en sus países de origen.
Según algunas organizaciones, como Save the Children y Unicef, Australia habría gastado hasta el momento 10.000 millones de dólares australianos en este tipo de compensaciones.
