- Detenida tras el golpe de Estado en Myanmar, se enfrenta a varias condenas de prisión
- En 2019 el Tribunal Penal Internacional abrió una causa por genocidio contra su gobierno
Héctor Alonso
Aung San Suu Kyi, Madre Suu, como era llamada en Birmania -hoy Myanmar-, suma ya dos condenas desde que en febrero de 2021 fuera depuesta de sus cargos y sometida a arresto domiciliario por la junta militar que perpetró el golpe de Estado y acabó con la frágil democracia del país. Ambas condenas son por violar las medidas anti-covid de su país, por incitar a la violencia y por poseer teléfonos móviles y otros medios de comunicación electrónica durante su arresto y se enfrenta a condenas aún más duras que podrían suponerle pasar el resto de su vida en prisión.
A lo largo de su vida la hija del político y militar que negoció la independencia de Birmania del Reino Unido ha vivido más de 17 años en arresto domiciliario. Y durante uno de esos períodos de privación de libertad, en 1991, recibió el Premio Nobel de la Paz al convertirse en un símbolo de la libertad y la lucha por la democracia. Ahora está de nuevo privada de libertad y sobre ella pesa, además, una acusación por genocidio en un procedimiento abierto por el Tribunal Penal Internacional en 2019.
La primera vez que este periodista escribió sobre Aung San Suu Kyi fue en 1991, cuando fue galardonada con el Nobel. En una época en la que todavía no existía google mi fuente documental para elaborar el artículo fue el inagotable archivo de la agencia de Manu Leguineche, donde había una carpeta con su nombre con decenas de artículos, la mayoría de prensa internacional -era poco conocida en España- y alguno también del propio Manu, admirador de su figura y buen conocedor el país. En uno de sus últimos viajes a Rangún Manu trató de visitarla. “Intenté entregarla un ramo de flores en la casa medio derruida en la que vivía”, pero fue expulsado a culatazos por los militares que vigilaban al símbolo de la libertad, contaba. Madre Suu vivía, efectivamente, en una mansión sin tejado y sin electricidad, prácticamente destruida por un ciclón. Privada de visitas, dedicaba las horas en las que disponía de luz solar para leer sobre el budismo y la resistencia pacífica de su admirado Ghandi.
Política
Aung San Suu Kyi nació en 1945 en Rangún. Su padre fue un héroe de la independencia del país que fue asesinado por un rival político. Vivió en el extranjero durante casi toda su infancia y juventud. Su contacto con la política comenzó cuando regresó al país para liderar la lucha por la democracia, en 1989. Entonces fue arrestada y comenzó su calvario: su marido murió sin poder visitarla, y no recuperó la libertad hasta 2010.
En 2015 el partido que lideraba ganó las elecciones, pero la Constitución prohibía que la jefatura del Estado la ejercieran personas con hijos de otra nacionalidad, lo que era su caso: sus hijos tenían pasaporte británico. Fue nombrado presidente un colaborador suyo, pero ella fue quien ejercía el poder en la sombra al acumular los cargos de ministra de Exteriores, de Educación, de Energía y Jefa de la Oficina de la Presidencia.
Caída
En noviembre de 2019 Aung San Suu Kyi fue citada a declarar ante el Tribunal Penal Internacional por la acusación de genocidio contra el gobierno de Myanmar por los crímenes cometidos contra la minoría rohingya. Numerosas organizaciones pidieron la retirada del Premio Nobel y otros organismos y universidades que le habían concedido galardones en el pasado hicieron lo propio.
¿Pero cómo esta mujer pasó en pocos años de ser un símbolo de la libertad a ser acusada de genocidio? La respuesta la dio ella misma en una entrevista en la que le cuestionaron su pasividad ante los abusos que cometía su gobierno contra esta minoría étnica de religión musulmana: “No sé si los rohingya pueden ser considerados ciudadanos birmanos”.
Efectivamente, los rohingya no son considerados “ciudadanos” por el gobierno de Myanmar. De hecho, con más de un millón de miembros, es el grupo de apátridas más numeroso del planeta. Y la mayoría vive en el exilio, en campos de refugiados de Bangladesh.
La acusación de genocidio contra Aung San Suu Kyi y su gobierno, apoyada por la ONU -Antonio Guterres calificó las barbaridades cometidas contra esta minoría como “limpieza étnica de manual”- están documentadas por los testimonios recogidos de los refugiados rohingya que huyeron a Bangladesh, pero también por fotografías aéreas tomadas por drones que demuestran la destrucción completa de aldeas rohingyas y la existencia de fosas comunes donde yacen miles de cuerpos.
Birmania -Myanmar- nunca consideró a los rohyngya como parte de su nación, étnicamente homogénea y de religión budista. A lo largo de décadas los rohingya, musulmanes, han sido perseguidos y maltratados. Vivían en el Estado de Rakhine y según los birmanos eran inmigrantes que llegaron desde Bangladesh. Carecen de ciudadanía y de derecho a la propiedad de casas o tierras o incluso a casarse y registrar a sus hijos. El gobierno llegó a promulgar leyes para el control demográfico de la minoría.
Pasividad ante la limpieza étnica
En sus acusaciones el Tribunal Penal Internacional reprochó la pasividad de Aung San Suu Kyi ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos masivos cometidos por el ejército de Myanmar y las milicias budistas contra esta minoría que en 2017 huyó en masa del país: más de 800.000 miembros de esta etnia cruzaron la frontera con Bangladesh a lo largo del verano y otoño.
Hasta ese momento, como sucedió en Ruanda con Radio Mil Colinas pidiendo el exterminio de “las cucarachas tutsis”, Facebook, la red social usada masivamente en Birmania, era utilizada por agitadores, muchos de ellos influyentes sacerdotes budistas, para pedir la expulsión o el exterminio de los rohingya. Los ataques contra sus poblados se multiplicaron con el incendio de escuelas y mezquitas. Se les expropiaron sus tierras, ganado y cosechas con el argumento de que no eran de su propiedad, hasta que fueron prácticamente empujados al exilio.
Aung San Suu Kyi no movió un dedo por ellos, e incluso llegó a argumentar que ella apenas tenía capacidad ejecutiva ni mando sobre el Ejército o la policía, a pesar de que acumulaba los cargos más importantes del gobierno. También es cierto que el ejército de Birmania es un poder fáctico en el país y siempre, incluso durante la democracia, ha ejercido una enorme influencia. Sin embargo, en una entrevista realizada por la BBC Suu Kyi llegó a decir que “el poder musulmán había creado ese clima internacional” de supuestas violaciones contra esa minoría. También declinó asistir a una reunión de Naciones Unidas en la que se trató la violación de los derechos humanos y el éxodo de los rohingya alegando que tenía cosas más importantes que hacer. En diversas entrevistas y declaraciones minimizó o negó la represión contra los rohingya o fue cínica al decir que estaba en contra de las medidas de natalidad que el gobierno había aprobado para tratar de controlar su crecimiento demográfico, pero no hizo nada por derogarlas.
En el banquillo
El 10 de diciembre de 2019 Aung San Suu Kyi se sentó en el banquillo del Tribunal Penal Internacional de la Haya, encabezando la delegación de su gobierno tras la apertura de investigaciones. La acusación: violar la Convención sobre Genocidio de 1948, fundamentada en un documento de más de 60 páginas que incluye testimonios e imágenes de evidencias de crímenes. La iniciativa de este procedimiento, que fue anunciada un mes antes, la llevó Gambia, y en concreto su ministro de Justicia, Abubacarr Tambandou, que fue fiscal del Tribunal Penal Internacional sobre el Genocidio de Ruanda en 1994 y que afirmó que el objetivo del procedimiento era que “Myanmar rinda cuentas por actuar contra su propio pueblo, los rohingya”.
La acusación considera que las acciones de Myanmar fueron “de carácter genocida” y enumera asesinatos, violaciones de los derechos humanos e imposición de medidas de control de natalidad en esa minoría. El documento incluye una petición para que se otorguen medidas provisionales para garantizar que Myanmar no siga cometiendo presuntas atrocidades.
La iniciativa de Gambia, un país mayoritariamente musulmán, recibió el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, o la Organización para la Cooperación Islámica (57 estados miembro), además de países como Canadá y Holanda.
¿De nuevo símbolo de la libertad?
Tras el golpe de Estado acaecido en Myanmar el pasado año y la condena de Aung San Suu Kyi a un total de seis años de prisión por el tribunal militar de los que deberá cumplir al menos dos, pero que podría aumentar por condenas posteriores hasta acumular decenas de años de prisión, es una incógnita cómo evolucionará el caso abierto por el Tribunal Penal Internacional contra el gobierno que lideró entre 1015 y 2021.
Paradójicamente, organizaciones que apoyaron su procesamiento por el Tribunal Penal Internacional, como Human Rights Watch, ahora piden su liberación y vuelven a considerarla un símbolo de la lucha por la democracia. Amnistía Internacional, que en 2018 le retiró el premio de Embajadora de Conciencia que le había concedido en 2009, afirmó ayer en su cuenta de twitter que había sido condenada “en juicios absurdos y debía ser puesta en libertad inmediatamente”. De momento parece que las acusaciones que habían ensombrecido su trayectoria como luchadora por la libertad han pasado a un segundo plano. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el asunto en los próximos meses.
