Un documento de trabajo pide que se pueda deportar incluso a personas que han iniciado el procedimiento de asilo, y derogar las leyes europeas que garantizan la no expulsión de un solicitante mientras se tramita su petición de asilo
Héctor Alonso @hdelosrios2
Alemania podría estar tratando de que la Unión Europea redujera algunas salvaguardas de derechos humanos para permitir la expulsión de más personas que buscan asilo, incluso antes de que sus peticiones de asilo sean contempladas. Hasta ahora la legislación europea no permite la expulsión de un peticionario de asilo hasta que su petición sea rechazada. Incluso en algunos países existe el derecho a apelar a esa negativa. Tampoco permite expulsar a un solicitante a un país en el que su vida o su seguridad no está garantizada.
Según la agencia Reuters, que ha tenido acceso a un documento de trabajo, esta opción sólo se usaría en momentos de «afuencia masiva». Por su parte, la misión de Francia en la UE ha negado que sus funcionarios estén trabajando en este documento, aunque funcionarios de otros países sí han reconocido que se trata de un documento de trabajo que está circulando por Bruselas.
Actualmente la legislación europea contempla que los países tienen el derecho de expulsar a todos los emigrantes económicos si así lo deseas, pero las leyes vigentes en materia de derechos humanos también garantizan que los solicitantes de asilo en espera de una decisión sobre sus casos sólo pueden ser deportados a países que cumplen ciertas condiciones.
En el fondo de todo este proceso está el temor de que este año se repita la llegada masiva de inmigrantes, por lo que la Unión Europea está trabajando para que cada vez sea más difícil entrar en Europa o permanecer en el continente.
La devolución de los solicitantes de asilo fue un elemento clave del acuerdo UE-Turquía firmado hace ahora un año y redujo drásticamente el número de personas -en su mayoría refugiados sirios- que llegaban a Europa. Sin embargo, son pocos los países vecinos de la UE que cumplen los criterios, como la seguridad frente a la persecución, las condiciones de acogida humanas y al menos el acceso parcial a la atención médica, la educación y el mercado de trabajo.
El documento justifica que «no se trata de construir una» Europa fortaleza «, sino de combatir la inmigración ilegal que ya ha costado miles de vidas, y de sustituirla por un sistema regulado de admisiones legales, combinado con unas condiciones de vida humanas, aseguradas por la UE en terceros países».
El documento sugiere que el acuerdo firmado con Turquía -que ha sido criticado por los grupos de derechos humanos- debería servir como un modelo para el futuro, y que la deportación, incluyendo a los solicitantes de asilo, desalentaría el contrabando de personas a Europa. La UE proporcionaría fondos para mejorar las condiciones de los refugiados y los migrantes en los países terceros que reciben a esas personas.
Específicamente, la propuesta también incluye una opción para reconocer a ciertas regiones -en vez de estados enteros como es el caso ahora- para que los solicitantes de asilo puedan ser devueltos.
Según el documento, estas nuevas normas aún cumplirían los criterios básicos de la Convención de Ginebra sobre los derechos de los refugiados, así como la Convención Europea de Derechos Humanos, pero sería necesario derogar leyes de la UE que ofrecen más salvaguardias.
Las expulsiones masivas seguirían estando prohibidas y los terceros países receptores tendrían que garantizar condiciones de vida dignas para los solicitantes de asilo deportados, así como garantizar que las personas que envía la UE no se vean empujadas hacia lugares donde sus vidas podrían estar en peligro.
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