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¿El TTIP? Ni de broma Pilar Estébanez, médico y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
El pasado mes de mayo Greenpeace obtuvo los documentos secretos sobre las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión) y decidió filtrarlos a la opinión pública para que los ciudadanos europeos fueran conscientes de qué es lo que los representantes europeos y norteamericanos estaban negociando a sus espaldas. Hasta ese momento esos documentos (248 páginas) eran de acceso restringido y sólo los podían consultar en una sala vigilada y tras firmar una cláusula de confidencialidad los representantes políticos. Conviene añadir en este momento que los eurodiputados españoles, mayoritariamente, antes de que se desvelara su contenido, habían apoyado la continuación de las negociaciones sobre el TTIP, exceptuando los representantes de Podemos, IU y Equo. El PSOE lo apoyó aunque añadiendo que no a cualquier precio. PP, UPyD, Ciudadanos y CiU lo apoyaron sin reservas. Cabe preguntarse si quienes apoyaba este proceso se habían molestado en consultar dicho documento.
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Bien. ¿Qué es el TTIP? A grandes rasgos, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea para equiparar las normativas en ambos lados de Atlántico, con el objetivo de favorecer el intercambio comercial. Se nos ha vendido, desde que empezó a negociarse en 2013, como una herramienta para dinamizar la recuperación económica. Descrito así, no parece muy alarmante. Sin embargo, una vez que se entra en detalle se comprueba que la alarma que habían lanzado los críticos del TTIP, a los que se había acusado de poco menos que de conspiranoicos, estaba bien fundada, y más aún tras comprobar el contenido de las famosas 248 páginas.
En primer lugar, equiparar la legislación en temas laborales supondría un fuerte retroceso en la Unión Europea en lo que respecta a derechos conseguidos por los trabajadores y los sindicatos a lo largo de décadas de esfuerzo y sufrimiento. Obviamente, no va a ser Estados Unidos, promotor de este acuerdo, quién equipare su legislación laboral a la europea: Estados Unidos ni siquiera reconoce los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Supondría, pues, una reducción de derechos laborales y un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores.
En segundo lugar, la homogeneización y reducción de aranceles entre ambos bloques económicos, podría suponer un golpe mortal a muchas economías emergentes de otras zonas del mundo, que perderían competitividad.
En tercer lugar, el Tratado contempla un sistema de arbitraje independiente para dirimir disputas. Este sistema, que ya están sufriendo países como Canadá (que se enfrenta a una demanda de 500 millones de dólares solicitada por el laboratorio Lilly tras haber retirado Canadá la patente a un medicamento que no cumplía con las indicaciones para las que era prescrito), supondría una pérdida de soberanía para el Estado frente a tribunales privados.
Según la documentación filtrada, en aras de garantizar la libre competencia en todos los ámbitos de la economía, una empresa, por ejemplo, dedicada a la prestación de servicios sanitarios, podría demandar a un Estado si se adoptan normas que afectaran a sus expectativas de ganancias: limitación de precios de medicamentos, por poner un ejemplo. Y quienes decidieran sobre la disputa no serían los tribunales, sino expertos privados e “independientes”.
Es decir: se supeditaría el interés general, como puede ser la salud pública, a los intereses de empresas y conglomerados privados. El de Canadá es un buen ejemplo de lo que nos esperaría.
Pero es que, además, también quedaría gravemente dañada la legislación medioambiental, al autorizar técnicas de extracción de petróleo o gas, como el fracking, ampliamente rechazadas en Europa por su impacto en el medioambiente, y que gozan de absoluta libertad en Estados Unidos.
El TTIP también supondría demoler las bases de la seguridad alimentaria ya consolidadas en la Unión Europea, al permitir la libre circulación de productos alimentarios transgénicos o elaborados con transgénicos sin el etiquetado que hasta ahora es obligatorio. La doctrina de la Unión Europea es muy restrictiva en este aspecto y garantista respecto de los derechos de los ciudadanos a poder elegir qué consumen disponiendo de toda la información. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) obliga a que cualquier producto alimentario que contenga en su composición más del 0,9% de Organismos Modificados Genéticamente debe indicarlo en la etiqueta.
La Unión Europea considera que el consumidor tiene derecho a conocer el contenido de los alimentos que compra para poder elegir. En Estados Unidos los alimentos que contienen transgénicos, o que son transgénicos en su totalidad, no lo declaran en su etiquetado porque su doctrina es que no hay diferencia entre unos y otros y el consumidor no debe conocer esa información. Poco importa lo que piense el consumidor al respecto.
Asimismo, la EFSA es muy estricta en la autorización de transgénicos, que deben pasar por una evaluación antes de ser autorizados. De hecho, se autorizan con cuentagotas.
Otro aspecto muy controvertido, al que hemos hecho referencia anteriormente, es el de los medicamentos, las patentes y la propiedad intelectual. El TTIP podría afectar negativamente en Europa al período durante el cual se mantienen las patentes de los fármacos, con la dificultad para poder utilizar genéricos, con el enorme impacto económico que ello supone para el sistema público de salud que, por cierto, en Estados Unidos no existe.
También afectaría a la gestión de los servicios públicos, al permitir la competencia, incluso dentro de los sistemas de salud, tanto asistenciales como de apoyo: se prevé una menor calidad y peores condiciones laborales, ya que ninguna empresa entraría en ese sector si no fuera para obtener beneficios.
Y por último: el secretismo. El mero hecho de que la opinión pública y los medios de comunicación no tengan acceso a las sesiones de negociación sobre este tratado, que no puedan opinar sobre el mismo, que no sean consultados y que se pretenda aprobar de forma absolutamente antidemocrática, con la enorme trascendencia y el demoledor impacto que tendrá sobre nuestra forma de vida y sobre los avances sociales conseguidos en las últimas décadas, es una buena razón para rechazarlo.
Además, los ciudadanos europeos exigen cada vez más a las empresas y a las instituciones responsabilidad social, sostenibilidad… conceptos que este tratado ignora olímpicamente. En una época en la que los ciudadanos se indignan por las prácticas poco éticas de las empresas -paraísos fiscales, opacidad, búsqueda de beneficios por encima de todo límite- no parece que el TTIP vaya a mejorar, precisamente, esa forma de actuar.
No se puede tolerar un Tratado que antepone los beneficios de las empresas al bienestar de los ciudadanos. No podemos permitir un tratado que resta soberanía a los parlamentos nacionales y a los gobiernos, frutos ambos del ejercicio de la democracia. No es admisible un tratado que garantiza la supremacía de la empresa sobre el interés general.
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