El sistema de asilo griego alcanza el punto de ruptura

El sistema de asilo griego alcanza el punto de ruptura
Mientras Grecia se prepara para expulsar refugiados y migrantes tras la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Turquía, los funcionarios griegos se quejan de la presión para procesar esas expulsiones con rapidez, que obliga a dejar de lado las normas legales y éticas. Bajo los términos del acuerdo de 18 de marzo, Grecia debe examinar a todos los recién llegados de Turquía lo más rápido posible y devolver a los que se considera que no necesitan protección internacional sobre la base de que Turquía es un «tercer país seguro» o «primer país de asilo» en el que ya estaban protegidos. La mayor presión la ejercen países que han luchado para sacar adelante el acuerdo con Turquía, como Alemania.

Además de tener que proporcionar defensa jurídica y ejecutar las expulsiones de los recién llegados, Grecia también está tramitando muchas solicitudes de asilo de los más de 50.000 refugiados y migrantes que ya estaban en el país antes de que entrara en vigor el acuerdo. La ruta terrestre que conducía, a través de los Balcanes hasta Alemania, se ha cerrado, y muchos de los que intentaban llegar no tienen dinero para pagar a los contrabandistas para alcanzar Europa Occidental, por lo que ahora están solicitando asilo en el país heleno. Las autoridades griegas calculan que en marzo habrán recibido 3.000 solicitudes, el doble que en enero y el triple que el año pasado.

El Servicio de asilo griego ha contratado más persona, hasta alcanzar una plantilla de 295 personas, pero dicen que necesitarán el doble para manejar las solicitudes. La CE calcula que Grecia necesitará al menos 4.000 personas para realizar ese trabajo. Para algunas organizaciones humanitarias, tanta carga de trabajo y tanta presión por tramitar las solicitudes de forma rápida significará que muchas solicitudes no se tendrán en cuenta. Los expertos creen que se necesita tiempo para hacer bien las cosas. Como ejemplo ponen el caso de una mujer somalí que ha sido violada durante el trayecto: necesita un tiempo para ganar confianza y contar los abusos. En un proceso rápido, su historia puede pasarse por alto y ser expulsada, cuando necesitaría atención y socorro.

Por otra parte, los lugares de recepción se han convertido en centros de detención, donde las personas han perdido su libertad. Tampoco hay personal especializado que pueda informar a los refugiados y migrantes de sus derechos.

Hasta el momento, un acuerdo de septiembre de 2015 firmado con la UE permitirá reubicar 160.000 solicitantes de asilo de Grecia e Italia durante dos años, aunque de momento apenas 900 personas han sido reubicadas. Otras 2.300 se encuentra en diversas etapas del proceso.

El aspecto más controvertido dela cuerdo UE-Turquía, sin embargo, es la designación de Turquía como país tercero seguro como base para rechazar a los solicitantes de asilo en Grecia. Turquía ha ratificado la Convención de 1951, pero no ha firmado un Protocolo de 1967 que se extiende a los derechos de refugiados no europeos, lo que significa que muchos de los que están en peligro de ser deportados a Turquía tendrán limitados sus derechos en ese país. El acuerdo obliga a Turquía a hacer cambios legales, pero Ankara ya ha indicado que no tiene intención de hacerlo. Grecia está a punto de votar los cambios legislativos que convertirán en legal la expulsión de personas a Turquía.

Grupos de derechos humanos han señalado que Turquía ha cerrado de manera efectiva sus fronteras a los sirios que huyen de la guerra y recientemente ha deportado solicitantes de asilo a Afganistán e Irak sin otorgarles acceso a un procedimiento de asilo. Ya hay planes para impugnar el acuerdo UE-Turquía en los tribunales.