«Al no abordarse eficazmente las situaciones de conflicto, se está creando una subclase de carácter global. Los derechos de quienes huyen de los conflictos están desprotegidos. Hay demasiados gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos en nombre de los controles migratorios, sobrepasando con mucho las medidas legítimas de control de fronteras”, declaró Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Estas medidas no sólo afectan a las personas que huyen de los conflictos. Millones de migrantes se ven abocados a situaciones abusivas, como el trabajo forzoso y los abusos sexuales, debido a políticas antimigratorias que permiten explotar a estas personas con impunidad. La retórica populista, que carga contra refugiados y migrantes echándoles la culpa de las dificultades internas de los gobiernos, alimenta gran parte de estas políticas”.
En 2012, la comunidad internacional fue testigo de varias emergencias que obligaron a muchas personas a buscar un lugar seguro, dentro de los propios Estados o cruzando las fronteras. Desde Corea del Norte hasta Malí, Sudán o República Democrática del Congo, hubo gente que huyó de sus hogares con la esperanza de encontrar refugio.
Otro año perdido para el pueblo sirio: pocas cosas han cambiado, aparte de las cifras siempre en aumento de vidas perdidas o arruinadas, y de los millones de personas que han quedado desplazadas por el conflicto. El mundo se ha limitado a mirar mientras las fuerzas armadas y de seguridad sirias seguían lanzando ataques indiscriminados o específicamente dirigidos contra la población civil y sometiendo a desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales a quienes consideraban opuestos al gobierno. Por su parte, los grupos armados continuaron tomando rehenes, torturando y llevando a cabo ejecuciones sumarias, aunque en menor escala.
La excusa de que los derechos humanos son un “asunto interno” se ha esgrimido para boicotear la acción internacional destinada a abordar emergencias de derechos humanos como la de Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU –órgano sobre el que recaen la seguridad y el liderazgo mundiales– sigue sin lograr una acción política concertada y unificada.
Según Shetty, “el respeto a la soberanía del Estado no puede usarse como pretexto para la inacción. El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer frente de forma coherente a los abusos que destruyen vidas y obligan a las personas a abandonar sus hogares. Esto conlleva rechazar doctrinas manidas y carentes de ética según las cuales los asesinatos en masa, la tortura y el hambre son asuntos que no competen a terceros”.
Las personas que intentaban huir de los conflictos y la persecución se encontraron frecuentemente con enormes obstáculos al tratar de cruzar las fronteras internacionales. A menudo, los refugiados tuvieron más dificultades para cruzar las fronteras que las armas responsables de avivar la violencia que a su vez había obligado a esas personas a huir de sus hogares. Sin embargo, con el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la ONU en abril de 2013, surge la esperanza de que por fin pueda ponerse freno a las transferencias de armas susceptibles de ser utilizadas para cometer atrocidades.
Los refugiados que lograron llegar a otros países para solicitar asilo a menudo se encontraron en el mismo barco –literal y figuradamente– que los migrantes que abandonaban sus países en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Muchos se ven obligados a vivir al margen de la sociedad, dejados de lado como consecuencia de leyes y políticas ineficaces y convertidos en blanco de la retórica populista y nacionalista que alimenta la xenofobia e incrementa el riesgo de que se cometan actos de violencia contra ellos.
La Unión Europea aplica medidas de control de fronteras que ponen en peligro la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo y no garantiza la seguridad de quienes huyen de los conflictos y la persecución. En todo el mundo se encierra con frecuencia a migrantes y solicitantes de asilo en centros de detención o, en el peor de los casos, en contenedores metálicos o incluso de transporte de mercancías.
Ni los países de origen ni los países receptores protegieron los derechos de muchos de los 214 millones de migrantes que hay en el mundo. Estas personas se enfrentaron a condiciones constitutivas de trabajo forzoso –o, en algunos casos, análogas a la esclavitud– porque los gobiernos los trataron como delincuentes y porque a las empresas les importaban más los beneficios que los derechos de sus trabajadores. Los migrantes indocumentados corrieron un riesgo especial de sufrir explotación y abusos.
“Las personas refugiadas y desplazadas ya no pueden ser víctimas de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, y su protección nos compete a todos y todas. Gracias al mundo sin fronteras de las comunicaciones modernas, resulta cada vez más difícil ocultar los abusos tras las fronteras nacionales y surgen oportunidades sin precedentes de que cada persona defienda los derechos de millones de congéneres obligados a huir de sus hogares”, declaró Salil Shetty. “Quienes viven fuera de su país, sin patrimonio ni estatus, son las personas más vulnerables del mundo, pero a menudo se las condena a vivir miserablemente entre las sombras. Es posible un futuro más justo si los gobiernos respetan los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad. El mundo no puede permitirse zonas excluidas de la reivindicación global de derechos humanos. La protección de los derechos humanos debe aplicarse a todos los seres humanos, estén donde estén.”