Crisis de los refugiados: ¿Qué pasará con los migrantes devueltos a Turquía?

El pasado 11 de abril 202 inmigrantes fueron embarcados bajo escolta policial en ferries y deportados desde Grecia a Turquía. Fue el primer grupo devuelto tras el acuerdo entre la UE y Turquía. Su llegada al puerto turco de Dikili se llevó a cabo bajo la atenta mirada de los medios internacionales. Lo que fue de ellos tras desembarcar -y lo que probablemente les sucederá a los que sean deportados en el futuro- no está muy claro.

Según informó la prensa fueron trasladados a un centro de detención de reciente construcción en Pehlivanköy, en el noroeste de Turquía al que los periodistas no han tenido acceso. ACNUR todavía no ha obtenido el permiso para hablar con ellos, a pesar de que se supo que a 13 de ellos ni siquiera se les había ofrecido la oportunidad de solicitar asilo en Grecia.

La legalidad del acuerdo UE-Turquía se basa en la idea de que Turquía es un "tercer país seguro", lo que significa en teoría, según las leyes internacionales y europeas, que es un país donde los retornados pueden esperar un proceso de asilo justo y eficiente, de acuerdo con los derechos establecidos por la Convención de 1951.

Incluso antes de que comenzaran las deportaciones, los expertos en legislación sobre refugiados señalaron que Turquía no cumple con estos requisitos previos. Orçun Ulusoy, un abogado de derechos humanos de Turquía, ha recordado que hay acusaciones de abuso por el trato a los refugiados en un centro de expulsión de inmigrantes irregulares en la ciudad de Askale y describió el sistema de asilio y de inmigración de Turquía como "todavía en su infancia". "No tenemos experiencia, hay un bajo nivel de equipamiento y de capacitación. Este sistema está muy lejos de proporcionar un refugio seguro a los migrantes y refugiados".

Nueva ley, mismos problemas

Una nueva ley de extranjería entró en vigor en 2014, para armonizar la legislacion turca con la europea, y se creó un nuevo organismo: la Dirección General de Gestión de la Migración (DGMM), que se encargaría del tema, en vez de la policía, que era la responsable hasta ese momento. Sin embargo, su personal carece de experiencia y se vieron desbordados con la afluencia de refugiados de Siria. Su trabajo también se complica por el hecho de que mientras que Turquía es signatario de la Convención sobre los Refugiados, se ha mantenido una limitación geográfica, lo que significa (extrañamente) que sólo concede la condición de refugiado completo a los que huyen de Europa.

Los solicitantes de asilo no europeos tienen ahora, el teoría, el derecho de acceso a la asistencia sanitaria básica, educación y empleo, pero en el día a día estos derechos no se cumplen. La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo que encuentran trabajo lo hacen en la economía sumergida.

Los sirios primero

Los refugiados sirios registrados disfrutan de protección temporal, evitando así la posibilidad de ser expulsados tras el análisis indivudual de los casos. La semana pasada Turquía aprobó una enmienda que permitirá a los sirios que regresan de Grecia mantener este statu de protección temporal. Hasta ese momento lo perdían si se marchaban desde Turquía a Grecia.

A pesar de las normas aprobadas, es muy difícil que los sirios se integren en la sociedad turca, no sólo por la falta de oportunidades de empleo, sino por la propia legislación, que es insuficiente.

Dado que la prioridad son las solicitudes de asilo de los más vulnerables (menores no acompañados y personas con enfermedades crónicas) y la falta de recursos, para el resto de los solicitantes, así como los solicitantes de otras nacionalidades, la espera puede ser eterna. Se calcula que hay personas que no serán entrevistados para la solicitud de asilo hasta el año 2025.

Tampoco está claro si lo que regresan de Grecia podrán tener acceso a la solicitud de asilo.

Maniobras legales

Grecia intentó resolver la espinosa cuestión de la definición de un tercer país seguro al aprobar a toda prisa el pasado 1 de abril una ley por la que se considera que Turquía puede ser considerado como un 'primer país de asilo", lo que elimina el requisito de que los repatriados deben tener acceso a la determinación de la condición de refugiado individuales y la protección de conformidad con la Convención de 1951.

Es cuestionable si Turquía cumple incluso este umbral más bajo de protección. En las últimas semanas, los grupos de derechos humanos han denunciado que los solicitantes de asilo de Afganistán e Irak han sido detenidos, se les niega el acceso a los procedimientos de asilo adecuados, y son obligados por la fuerza de regresar a sus países de origen. También se han registrado varias casos de sirios obligados a regresar de nuevo a Siria en la frontera.

La DGMM insiste en que los retornos a Afganistán eran todos voluntarios y que ninguno de los retornados habían solicitado asilo.

La oficina de Turquía del ACNUR ha guardado silencio sobre el acuerdo UE-Turquía, aunque el director regional de ACNUR para Europa, Vicente Cochetel, declaró la pasada semana a un periódico francés que "Turquía no puede ser considerado como un país de asilo "y que su ley de asilo no estaba funcionando.

"Hay un silencio ensordecedor de Turquía y ACNUR sobre si Turquía permitirá que los solicitantes de asilo no europeos tendrán acceso a solicitar asilo y gestionar los casos con justicia", creen en la organización Human Rights Watch.

"Si Turquía comienza a deportar automáticamente a lugares como Afganistán, Irak y Pakistán, Grecia estaría en clara violación de la ley que prohíbe expulsar a refugiados a países que la UE considera no seguros".