La ONU pide que la cúpula militar birmana sea juzgada por sus crímenes contra esta minoría
Héctor Alonso
Unos 600.000 rohingya que aún permanecen en Myanmar, la antigua Birmania, viven en condiciones «deplorables» en el estado de Rakhine, sujetos a severas restricciones en sus movimientos y a la represión. Se enfrentan a una «persecución sistemática, bajo la amenaza de genocidio», según un informe publicado ayer por la ONU tras una misión de investigación sobre el terreno. En dicho informe se pide que los principales responsables militares de Myanmar sean juzgados por tribunales penales internacionales.
El ejército y las fuerzas de seguridad de Myanmar están acusadas de asesinatos, violaciones en grupo e incendios provocados durante una ofensiva que empujó a más de 730.000 personas a huir del estado occidental de Rakhine hacia la vecina Bangladesh en agosto de 2017. Esa ofensiva fue desencadenada después de varios ataques de insurgentes rohingya contra puestos policiales. Actualmente casi 800.000 miembros de esta minoría religiosa musulmana viven en campos de refugiados en Bangladesh. El resto no ha podido salir del país.
El informe, elaborado entre otros por el abogado australiano especializado en derechos humanos Christopher Sidoti, dice que «la amenaza de genocidio continúa para los rohingya» que aún permanecen en el país. También señala que Myanmar no ha hecho nada para prevenir los crímenes ni investigarlos.
El informe acusa a las fuerzas de seguridad de «tortura y malos tratos» de presuntos insurgentes en el norte de Myanmar, y dice que la violencia sexual por parte del ejército de Myanmar «es constante en los estados de Shan y Kachin».
«Myanmar no ha hecho nada para desmantelar el sistema de violencia y persecución y los rohingya que permanecen en Rakhine viven en las mismas circunstancias terribles que cuando comenzó la represión en agosto de 2017». Esta situación convierte en imposible el retorno de los más de 700.000 rohingyas refugiados en Bangladesh a Myanmar, según los autores del informe.
El panel de la ONU que analiza los hechos aseguró que tras las evidencias del informe, que reúne casi 1.300 entrevistas con testigos, se había pasado a una «nueva fase» y que respaldará cualquier enjuiciamiento de los responsables en tribunales penales internacionales.
Myanmar ha rechazado la mayoría de las acusaciones y ha desestimado las conclusiones del informe. Su embajador ante la ONU aseguró ayer que hay musulmanes e hindúes que quieren regresar al país, y que el Ejército de Salvación Arakan Rohingya -ARSA- «ha cometido atrocidades» que no se pueden obviar. También negó el uso del término «genocidio» para referirse a la situación de esa minoría en su país.
Lo cierto es que, además de miles de testimonios recogidos por la comisión de la ONU, existen imágenes tomadas por satélites y drones en las que se ve el incendio de decenas de aldeas en las que vivían rohingya e incluso posibles fosas comunes. Amnistía Internacional denunció también la existencia de fosas comunes, pero también de matanzas efectuadas por miembros del ARSA contra la minoría hindú.
