Héctor Alonso
Las ONG integradas en REDER (red que apoya el derecho a la salud de todas las personas, independientemente de su situación jurídica en nuestro país), han alertado sobre las consecuencias que tendría para la salud de miles de personas si se llevara a cabo un retroceso en la universalidad del derecho a la salud tal y como contempla el acuerdo de investidura firmado en Andalucía, entre el Partido Popular y VOX.
En dicho pacto se recoge la pretensión de recortar el derecho de los inmigrantes a la atención sanitaria, pidiendo a los médicos que denuncien a la policía a los pacientes sin papeles o en situación irregular, registrados como usuarios de los servicios de salud.
Esta pretensión es disparatada por varias razones: la primera, porque su aplicación supondría vulnerar la legislación sobre protección de datos y porque se pretende que sean los sanitarios quienes incumplan la ley de protección de datos, así como el código ético que todos aceptan cuando terminan su formación.
También es un disparate porque aunque los sanitarios se negaran a llevar a cabo esa tarea de denuncia, muchos inmigrantes pueden tener miedo en acudir a los servicios de salud por temor a ser denunciados, algo que es, en el fondo, lo que buscan los dirigentes de VOX. Atemorizar a los inmigrantes para que no acudan al médico tendrá dos consecuencias para la salud: primero sobre la salud de los propios inmigrantes privados de los cuidados médicos (un aumento del 15 por ciento de la mortalidad según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra), y segundo sobre la sociedad en general: la salud pública se ve seriamente dañada si una parte de la sociedad carece de atención médica. Pensemos en vacunas, enfermedades infecciosas sin controlar… Es una medida altamente irresponsable que el gobierno del Estado no debería permitir de ninguna manera.
Sin embargo, no es la primera vez que nuestra sociedad se enfrenta a un intento similar de restringir la salud de los inmigrantes: en 2012 se aprobó el Real-Decreto que excluía a miles de personas de la atención sanitaria, que fue combatida por la inmensa mayoría de los médicos, conscientes de las consecuencias que tendría para la salud de todos llevar a cabo dichas medidas. Ahora los Colegios de Médicos de Andalucía han dejado claro que el personal médico y de enfermería no está para controlar la migración ni para informar sobre la situación administrativa de los pacientes.
Sin embargo, es probable que estas medidas acordadas por el PP y VOX tengan un efecto sobre la salud de muchos migrantes, que tendrán miedo de ir a los servicios de salud. Supondrá un retroceso de los derechos humanos y un empeoramiento de la salud de todos, algo que no podemos permitir.
Sois unos demagogos.
Ya no engañais a nadie.
Pronto se cerrará el pecebre del que comeis de la mano de la izquierda.
Buen trabajo medios de desinformación.