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Una nueva agenda para la Salud Mundial

Manuel Díaz Olalla, médico y cooperante

Manuel Díaz Olalla
Manuel Díaz Olalla

Es justo admitir que desde la formulación de los Objetivos del Milenio (ODM) se han conseguido logros históricos en materia de reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud materna y lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades infecciosas. Desde 1990, las muertes infantiles susceptibles de ser evitadas disminuyeron en más del 50% a nivel mundial y la mortalidad materna cayó en un 45 % en todo el mundo. Además, las nuevas infecciones por causa del VIH/SIDA disminuyeron un 30 % entre 2000 y 2013 y más de 6,2 millones de personas se salvaron de la malaria.

  A pesar de estos avances tan notables, 16.000 niños menores de 5 años fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles, como el sarampión y la tuberculosis. Todos los días cientos de mujeres mueren durante el embarazo o el parto, y el SIDA es ahora la principal causa de muerte en los adolescentes de África subsahariana, una región que continúa sufriendo los estragos de esta enfermedad.

Lo más lamentable de todo es que estas muertes se pueden evitar con prevención, tratamiento asequible, educación, campañas de vacunación y programas de salud sexual y reproductiva. Porque a pesar de los llamativos logros señalados antes, las personas más pobres y vulnerables siguen sufriendo de forma desproporcionada mala salud y situaciones intolerables de precariedad en sus condiciones de vida. En la práctica totalidad de las áreas del desarrollo humano afectadas por los ODM, cuando ha ocurrido el progreso global ha sido a costa de que unos, ya sean países o grupos sociales, avancen mucho más que otros, agudizándose de esta manera y de forma clara la desigualdad.

Progreso global sí, pero desigualdad también. A la luz de los datos disponibles podemos afirmar que la desigualdad de género todavía persiste, que el cambio climático y la degradación ambiental socavan el progreso logrado con el agravante de que las personas pobres son quienes menos contaminan y más sufren sus efectos, y que los conflictos y las guerras siguen siendo la mayor amenaza al desarrollo humano, en especial para los más necesitados de los países menos adelantados.

El nuevo paradigma del desarrollo que se busca ahora, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha planificado sobre la hoja de ruta marcada por las insuficiencias en los logros de los ODM, algunos de los cuales se acaban de señalar, después de contrastarlos con el nuevo escenario de la geopolítica mundial, y obligan tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. Se configura por ello una auténtica revolución del concepto de “desarrollo sostenible” que señala directamente las escaseces y desigualdades del mundo opulento, el norte, que no solo adquiere compromisos en la financiación de los proyectos que se desarrollarán en el sur sino también en la consecución de las mismas metas en sus propios países, lo que sin duda constituye un reto de grandes dimensiones para alguno de ellos.

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, es el enunciado del objetivo de salud de la agenda, este nuevo modelo del que hablamos, que fijando 17 objetivos y 169 metas cuantificadas aborda de forma más comprensiva y equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la económica y la medioambiental.

Los ODS representan un audaz compromiso para poner fin a las epidemias de VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades infecciosas hasta 2030. También para seguir avanzando en reducción de la mortalidad materna e infantil, acabando definitivamente con todos los fallecimientos que sea posible prevenir. Entre las 9 metas con las que se intenta acotar el alcance de la propuesta en la salud de la población mundial se apuesta también por lograr importantes avances en reducción de la mortalidad precoz por enfermedades crónicas, por accidentes de tráfico y por contaminación ambiental, así como por mejorar la prevención y el tratamiento de la adicción al alcohol, el tabaco y otras sustancias. Por último se establece también un compromiso de extensión del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y, en general de lograr una cobertura universal de la atención de salud, eliminando cualquier límite al acceso incluido el económico, así como de facilitar medicamentos y vacunas seguras y eficaces para todos.

Una parte esencial de este proceso pasa por apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y fármacos, además de proporcionar acceso a medicamentos asequibles, incluso, y cuando sea necesario, priorizando las necesidades de salud pública de los países sobre los derechos de propiedad y patentes de los laboratorios farmacéuticos, tal y como establecen los acuerdos de Doha (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio. En este catálogo de iniciativas que contribuyan a alcanzar las metas planteadas destaca de forma notable el incremento de la financiación de las políticas de salud y de la formación de profesionales sanitarios, señalándose así mismo la necesidad de reforzar la capacidad de los países en materia de alerta temprana, reducción y gestión de riesgos para la salud.

Se ha señalado en múltiples ocasiones la gran incongruencia en que incurre el gobierno español al promover por todo el mundo, a través de sus políticas de cooperación, el acceso universal a los sistemas de salud mientras lo restringe aquí. Pero tal y como se dijo, este nuevo movimiento mundial de los ODS, compromete directamente a España a avanzar en sus metas también internamente. No hay más remedio que hacerlo, por tanto, y esta tarea tendrá que emprenderla el nuevo gobierno. Nuestro país parte de unas condiciones deficientes para este reto. El análisis de la realidad social, económica y medioambiental española, a la luz de algunos de los principales objetivos de esta agenda, pone de relieve las secuelas de la crisis y los retrocesos habidos en materia de derechos y bienestar, lo que nos aleja de las metas definidas en la misma.

En lo que afecta directamente a la propuesta del objetivo de salud, es necesaria la derogación del RD 16/2012 que acabó con el carácter universal del sistema de salud y excluyó del mismo a 750.000 personas. En el mismo sentido se deben revertir los recortes sanitarios para alcanzar el nivel requerido de financiación pública de esos servicios, así como acabar con la privatización de la gestión y reducir al mínimo los conciertos con el sector sanitario privado. Es lo adecuado si este país quiere, tal y como debe, avanzar en la meta que señala la necesidad de proteger a la población contra los riesgos financieros que impidan su acceso a los servicios de salud esenciales y de calidad y a los medicamentos y vacunas seguros, eficaces y asequibles para todos.

Frente a planteamientos de la derecha nueva y vieja que se sitúan fuera de la realidad nacional e internacional, se requiere también eliminar los copagos que limitan el acceso a servicios sanitarios y a medicamentos, sin olvidar que el escenario de futuro no puede ser otro que el de ir incrementando la proporción de fondos que de la riqueza nacional se dedican a la ayuda oficial al desarrollo.

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