Desmantelamiento del campo de refugiados de Dadaab
Los refugiados, más de 280.000, son presionados por el gobierno de Kenia y ACNUR para que se vayan antes del 30 de noviembre
A dos semanas para la fecha límite de cierre del campo de refugiados de Dadaab, el más grande y antiguo del mundo y donde viven más de 280.000 refugiados somalíes, parece que el gobierno de Kenia, donde está radicado el campo, tiene prisa. Amnistía Internacional ha denunciado coacciones y presiones para que los somalíes se marchen. El problema es que en su destino, Somalia, un país que la mayoría de los refugiados ni siquiera conoce, hay un conflicto armado y los refugiados corren serio peligro de resultar heridos o muertos.
El gobierno de Kenia anunció el pasado mes de mayo que cerraría el campo alegando razones de seguridad, económicas y medioambientales y por el cada vez menor apoyo económico de la comunidad internacional. Desde aquel anuncio, miembros de la Admnistración de Kenia han hecho declaraciones en medios de comunicación, y durante las visitas al campo, en las que amenazaban a los refugiados para que se marcharan antes de la fecha de cierre, el 30 de noviembre.
La presión consiste en que les dicen que pueden marcharse ahora, con ayuda, o verse obligados a irse por su cuenta. Según Amnistía Internacional, estas amenazas incumplen las garantías que el gobierno de Kenia dio a la comunidad internacional, respecto de que la salida de los campos sería voluntaria y se haría garantizando la seguridad y la dignidad de los refugiados.
Amnistía Internacional ha recogido testimonios de refugiados que fueron a Somalia a principios de año y que tuvieron que regresar a Dadaab tras ver las ejecuciones de algunos de ellos y ser reclutados a la fuerza. Dos hermanos, de 15 y 128 años, fueron testigos de la ejecución de su padre y fueron reclutados por Al-Shabaab. Lograron escapar y volvieron al campo donde han vivido toda su vida.
Amnistía Internacional también ha denunciado la escasa información que la ONU y las ONG ofrecen a los refugiados sobre la realidad de Somalia y el conflicto armado que vive el país. Según la organización, la información de ACNUR sobre el conflicto y la seguridad en Somalia no se ha actualizado desde diciembre de 2015.
Somalia, además, tiene 1,1 millones de desplazados internos y no tiene recursos para atender a un contingente tan grande de refugiados como el que llegaría desde Kenia.
Según los propios estudios de ACNUR y el gobierno de Kenia, sólo el 25 por ciento de los refugiados están dispuestos a marcharse a Somalia, y muchos de ellos admiten que lo harían por las amenazas del gobierno de Kenia y porque si no aceptan marcharse antes de la fecha límite perderían la asignación de ACNUR. Otra de las razones es que si no se van a tiempo, no tendrán transporte y tendrán que recorrer el camino a pie, con sus enseres y niños a cuesta.
Kenia y la comunidad internacional no han ofrecido opciones alternativas a la mayoría de los refugiados que no desean regresar a Somalia: tienen miedo a lo que encontrarán a su regreso, especialmente las personas con discapacidad o los pertenecientes a minorías.
Por esta razón, muchas organizaciones internacionales califican como escandaloso el fracaso de la comunidad internacional, que se ha despreocupado de la suerte de estos refugiados. Ni siquiera se han previsto zonas de reasentamiento.
