El pasado 7 de enero nos manifestamos en Madrid por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), auténticas cárceles donde los migrantes sin papeles son encerrados hasta que se decide si son expulsados o se tramitan sus solicitudes de asilo en España. Los CIE se crearon tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, con el objetivo de internar en ellos a las personas que carecían de papeles con carácter preventivo. Actualmente en nuestro país hay ocho CIE, que funcionan, en la práctica, como centros de detención, donde los internos carecen incluso de los derechos que sí tienen los presos que cumplen condena en las cárceles. Por ejemplo, son numerosas las denuncias sobre malos tratos, sobre la práctica ausencia de servicios médicos, o sobre las dificultades de acceso de los detenidos a los servicios jurídicos o a la información sobre sus derechos. Tampoco se deja entrar en estos centros a las asociaciones o ONG para que puedan hacer un seguimiento de los detenidos.
Cómo serán las condiciones que el pasado 29 de diciembre Mohamed Bouderbala, un extranjero de origen argelino internado en la cárcel de Archidona, utilizada actualmente como CIE, se suicidó. Tras la investigación policial se ha decidido el archivo provisional de la causa porque, supuestamente, “no hay indicios de hecho delictivo alguno” en su muerte. Sin embargo Izquierda Unida ha pedido una comisión en el Congreso para que se investigue dicha muerte así como “las posibles ilegalidades y violación de derechos humanos” que se puedan estar cometiendo en estos centros. La investigación no recogió los testimonios de los posibles testigos (policías o internos), y además parece que se están acelerando las expulsiones de extranjeros de ese centro.
España ya ha sido reconvenida por la Unión Europea por el funcionamiento de los CIE: recordemos que en ellos son encerrados personas que únicamente han cometido una falta administrativa, como es carecer de documentación o permiso de residencia. También ha habido denuncias sobre el posible encierro y expulsión de menores de edad, o al menos, de internos sobre los que no se conocía con exactitud si eran menores de edad o adultos.
No podemos permitir que en un Estado de Derecho el ministerio del Interior siga incumpliendo la ley que debe proteger y que vulnere los convenios internacionales, las leyes europeas y la propia normativa española. No podemos permitir que se encierre a personas cuya única falta es carecer de papeles o permiso de residencia (algo que no harían con ciudadanos europeos que carecieran de dichos papeles o permiso de residencia). No podemos permitir la opacidad, la falta de transparencia y la impunidad con la que se está actuando en esta materia. Por ello debemos pedir acceso a los CIE y a los internos y el cierre de esos centros mientras sigan incumpliendo las leyes y los derechos humanos más básicos.
