El 6 de febrero de 2014 un grupo de migrantes trataba de entrar en Ceuta por tierra. La guardia civil les rechazó y lo intentaron nadando hacia el espigón de El Tarajal. Allí recibieron disparos de pelotas de goma. Al menos 15 murieron mientras trataban de alcanzar tierra. Los que lo lograron fueron expulsados inmediatamente, lo que vulnera la Ley de Extranjería y los Tratados Internacionales. Por este hecho fueron imputados 16 guardias civiles, investigación que fue archivado por falta de pruebas y además el Partido Popular vetó la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso para aclarar lo sucedido.
Hace unos días la ONG Caminando Fronteras denunció que siete mujeres migrantes murieron ahogadas después de que la Guardia Civil bloqueara la llegada de una patera con al menos 45 personas a bordo que trataban de llegar a Melilla. Según las informaciones, que no han sido confirmadas ni rechazadas por la Delegación del Gobierno con el argumento de que lo que sucediera pasó en aguas marroquíes, los guardacostas marroquíes, al tratar de remolcar la embarcación, hicieron que ésta volcara produciéndose la muerte de siete mujeres. Algunos medios de comunicación marroquíes elevan la cifra de muertos a 14.
No es admisible, bajo el amparo de las leyes nacionales e internacionales, que los intentos de entrar a nuestro país o al continente europeo se salden con muertes absolutamente evitables. Las leyes españolas, europeas y los convenios internacionales obligan a socorrer a quienes están en riesgo de muerte. Las expulsiones también tienen que cumplir las leyes y no es tolerable lo que ya se ha convertido en una norma de actuación: las expulsiones en caliente. Las expulsiones en caliente producen muertos, lo estamos viendo. Es preciso obligar a los responsables de las fronteras a que cumplan con las leyes que prometieron servir.
