Abusos sexuales de tropas francesas de la ONU en la República Centroafricana
Es poco probable que las fuerzas de paz francesas se enfrenten a juicio por abusos sexuales infantiles
A pesar de que los investigadores franceses van a regresar a la República Centroafricana para buscar más pruebas de los abusos infantiles cometidos presuntamente por las tropas de paz, la sensación general es que ninguna de las causas penales abiertas hace dos años vayan a llegar a buen puerto. Y no será por falta de datos: el personal de la ONU recogió testimonios de las víctimas y los testigos y esa información, que incluía los nombres de los niños, así como apodos y características físicas de los once presuntos violadores, militares franceses, fue entregada a las autoridades francesas. Esos militares servían en las fuerzas de paz desplegadas con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2013, para prevenir un posible genocidio en el país tras los combates que obligaron a centenares de miles de personas a abandonar sus hogares.
Los abusos ocurrieron en un campamento para civiles desplazados situado en el Aeropuerto de Bangui, bajo protección de las fuerzas de paz francesas y de la ONU. Entre los abusos descritos, se recogen felaciones realizadas a soldados franceses a cambio de comida y dinero, o violaciones a niños por parte de soldados de Chad y Guinea Ecuatorial, bajo mando francés. Los abusos tuvieron lugar entre finales de 2013 y principios de 2014.
El caso, en manos de la Fiscalía de París, no había avanzado significativamente hasta que el asunto fue publicado en el periódico The Guardian en agosto de 2015. Entonces se designaron vocales y se reactivaron las diligencias.
En ausencia de tribunales militares, los crímenes cometidos por soldados franceses en el extranjero son tratados por el sistema de justicia civil, específicamente el ala militar de la oficina del fiscal del Tribunal Supremo en París. Mientras no sean condenados por un tribunal, los sospechosos gozan de la presunción de inocencia, un hecho que ha sido puesto de relieve por el alto mando del ejército. Hay otro caso en investigación de un presunto abuso sexual contra dos menores, uno de ellos de cinco años de edad, por dos soldados franceses desplegados en Burkina Faso. Cuando las acusaciones involucran a miembros de las fuerzas armadas, la policía militar también interviene en las investigaciones. Sin embargo, la policía militar ha dejado claro que no va a interrogar a nadie hasta que se verifiquen todos los hechos.
Eso significa que los investigadores tienen que desplazarse al país para hablar con las víctimas y los testigos, pero no que de ahí se desprenda una acusación. En fuentes de la fiscalía se reconoce que es poco probable que nadie sea juzgado.
¿Tolerancia cero?
Este es un caso que ilustra la brecha aparente entre los pronunciamientos públicos sobre la tolerancia cero para los crímenes cometidos por las tropas que sirven en misiones de mantenimiento de la paz y la aplicación de la justicia para las víctimas de tales violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales.
«Cuanto más tiempo se prolonga un caso, más se da a entender que hay una cierta impunidad”, dijo Paula Donovan, de Código Azul, una campaña llevada a cabo por la ONG Aids-Free World para poner fin a la impunidad de las tropas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas.
La cronología del caso sugiere que no se está actuando correctamente. Por ejemplo, los investigadores franceses entrevistaron a los niños en junio de 2015, casi un año después del que el alto funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Anders Kompass – que fue sancionado y abandonó la ONU- entregara los resúmenes de entrevistas realizadas por el oficial de derechos humanos de la ONU (HRO) en Bangui a la misión diplomática francesa en Ginebra.
Por otra parte, el oficial insiste en que informó a los comandantes de las tropas en Bangui de los hechos ya en mayo de 2014.
La fuente de la oficina del fiscal dice que las entrevistas de junio de 2015 «no arrojan luz suficiente para acusar a nadie». Sólo cinco de los 14 sospechosos que aparecen en los resúmenes originales pudieron ser identificados y fueron entrevistados en diciembre de 2015, dos meses después de que se publicara en la prensa el asunto.
La ONU obstaculiza
Francia alega que sus investigaciones fueron obstaculizadas por la propia ONU, que trató de enmarañar la investigación poniendo trabas burocráticas e impidiendo a los investigadores hablar directamente con los funcionarios clave. La ONU incluso alegó la inmunidad legal de su personal.
Otras denuncias similares se han prolongado en el tiempo, hasta cinco años después de presentada la denuncia. Muchas no llegan a ser investigadas.
Expertos de organizaciones de Derechos Humanos, sin embargo, restan importancia a los obstáculos de Naciones Unidas a las investigaciones y lo consideran una excusa para justificar la poca diligencia de las autoridades francesas en investigar el caso.
En abril de 2016, la ONU reconoció que había otras 108 víctimas en la República Centroafricana, sobre todo niñas menores de edad, que habían denunciado abusos sexuales cometidos entre 2013 y 2015 por tropas francesas. Hay otros informes que van saliendo a la luz, por abusos cometidos en 2014 por tropas francesas en otros países, que incluyen violaciones a niños de al menos siete años.
