Informe «Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España»
Este nuevo informe de Amnistía Internacional aborda los obstáculos legales y en la práctica que existen en España para exigir los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). A través de un análisis del marco legislativo, administrativo y judicial se identifican las barreras, los vacíos y desafíos para exigir estos derechos y hacerlos valer ante la justicia.
Toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Sin embargo este derecho no es una realidad para miles de personas que padecen enfermedades mentales. Los recursos públicos en salud mental son limitados y encontrar un diagnóstico o tratamiento oportunos presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial. Se están violando sus derechos humanos.
Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Pero este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. En la Cañada Real de Madrid, en el Distrito de Sant Martí de Barcelona,… por todo el territorio del Estado hay familias que pierden su hogar, sus raíces, sus medios de vida, por la acción de las administraciones públicas. En ciudades como Vigo no hay ningún albergue adecuado para las personas sin hogar.
A pesar de las obligaciones que España ha asumido como Estado parte en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), testimonios de diversas personas y asociaciones muestran que en España existen serios problemas en relación al derecho de las personas a ser informadas y a participar en las decisiones que afectan a su bienestar. Las personas que defendieron el barrio de El Cabanyal (Valencia) ante su degradación y los derribos provocados para favorecer la realización de un proyecto urbanístico fueron objeto de una carga policial.
Es urgente que todas las personas cuenten en España con recursos efectivos para hacer valer los DESC, inclusive ante la justicia, lo que incluye garantizar su derecho a la asistencia letrada. Los recursos para que sean efectivos deben resultar adecuados para las víctimas, atendiendo a las situaciones de especial vulnerabilidad; incluir una apropiada reparación (indemnización, restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantía de no repetición), y, en su caso, prever medidas provisionales o cautelares para evitar violaciones continuadas y daños irreparables. Los DESC no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente.
Los DESC no son derechos menores. Todos los derechos humanos deben contar con el suficiente respaldo jurídico de manera que toda persona pueda exigirlos y encontrar amparo mediante recursos legales efectivos cuando son vulnerados. De lo contrario, el círculo de exclusión y pobreza continuará agravándose en España. Las autoridades estatales, autonómicas y locales deben garantizar que las personas puedan exigir estos derechos e incluso que puedan recurrir a un tribunal cuando son vulnerados.
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