Efectos predecibles y ya constatables de los recortes del gasto social en el incremento de la mortalidad de la población española

Manuel Díaz Olalla. Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU)

Los responsables de las políticas públicas deben saber que las mismas tienen efectos en la vida y el bienestar de la gente. Esto está demostrado científicamente desde hace muchos años. Los políticos españoles son reacios a admitirlo y, en su caso, a asumir las responsabilidades correspondientes. Esta actitud contrasta con la de dirigentes de otros países de nuestro entorno. A falta de conocerse los datos oficiales definitivos, en 2012, y como efecto inmediato de los recortes en el gasto social global, caben esperarse unos 7.720 fallecimientos más (un incremento de un 2%) de los que ocurrirían si se hubieran aplicado otras políticas. No obstante, y desbordando esas cautas previsiones, en el primer semestre de 2012 en España se registraron 21.000 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2011, lo que rebasa en más de un 9% lo asumible por contingencias coyunturales. Su relación con los recortes en gasto social parece indiscutible. De la misma forma que los profesionales de todos los sectores responden de sus actos ante quien corresponda, los que impulsan estas políticas, considerando que existen otras aplicables en estos momentos, deberían también responder por estos efectos.

En un interesante estudio, investigadores de The Quality of Government Institute (Universidad de Gothenburg, Suecia) (1) demuestran, tras un laborioso análisis de datos de más de 120 países, que los incrementos del gasto privado en salud o el desvío de fondos públicos hacia la gestión privada de la sanidad, detrayéndolos por tanto del gasto público, provoca nítidas disminuciones de la esperanza de vida en buena parte de la población y, a la vez, aumentos de la tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna, así como que estas circunstancias suelen verse precedidas de un déficit mantenido del debido control de la corrupción.

En otro conocido trabajo, titulado Budget crises, health, and social welfare programmes (2), se demuestra que por cada 80 euros por persona en que se reduce el gasto social en sentido amplio (se incluye en él el gasto sanitario) la mortalidad general puede incrementarse casi un 1% (0,99%), la debida problemas relacionados con el alcohol un 2,8%, la causada por tuberculosis un 4,3% y por problemas cardiovasculares un 1,2%. Esta cita y otras valiosas aportaciones en este sentido se pueden consultar en un artículo de Javier Segura publicado en su blog (3).

Como muestra práctica de lo dicho y por aportar otro ejemplo, recientemente se ha denunciado por parte de los oncólogos de una prestigiosa asociación científica española que los recortes en gasto sanitario ponen en riesgo la vida de miles de niños enfermos de cáncer (4). En el Reino Unido, en 2009, se hizo pública la primera de cinco investigaciones sobre la gestión del hospital Mid Staffordshire que se han llevado a cabo después de que las autoridades sanitarias advirtieran de que en ese centro habían muerto entre 400 y 1.200 personas más de lo que se debería esperar según las estadísticas. El primer estudio, elaborado por una comisión dependiente del Ministerio de Sanidad británico, determinó que en la gestión del hospital había primado «la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio», señalándose este hecho como el factor causal involucrado con más claridad en estos fatales resultados. El primer ministro británico, Cameron, pidió perdón recientemente en la Cámara de los Comunes por lo acontecido y por la responsabilidad de los gestores públicos en la puesta en marcha de las políticas que generaron tan letales consecuencias (5). Poco después se supo que en España, en la Comunidad de Madrid, las políticas llevadas a cabo por el Gobierno regional de privatización de algunos servicios sanitarios, como los laboratorios hospitalarios, han podido provocar la muerte de algunos pacientes porque la demora de los resultados ha determinado fallos en muchos diagnósticos, según denunciaron algunos médicos (6). La denuncia de este caso por parte del líder de la oposición en la Asamblea regional provocó las iras del presidente de esta comunidad, quien tachó a aquel de «indeseable» y le amenazó con llevarle ante los tribunales (7). La diferente actitud de los dirigentes británicos y españoles ante este tema es llamativa, delatando tanto la falta de cultura democrática de estos como el gran déficit de transparencia de que adolece la política española, así como la sensación de que existe en nuestro país una enorme falta de entendimiento de que tanto las políticas como la falta de ellas tienen efectos en la vida de la gente, que se pueden medir, que el conocimiento científico respalda esas evidencias y que, como en cualquier otra esfera profesional, todos deben responder por las consecuencias de sus actos.

En el año 2012 se sufrió en España un recorte en gasto social de 7.848,21 millones de euros, según reflejan los Presupuestos Generales del Estado, por lo que podemos acordar que solo en este capítulo se ha rebajado en 166,31 euros el gasto anual correspondiente a cada español.

Los análisis de las series de datos de los últimos años arrojan que los fallecimientos esperados, en circunstancias «basales», en España en 2012 se situarían aproximadamente en 386.000 (+/- 1.158). La cifra extrapolada de defunciones se deriva del decremento en un 0,003% de las defunciones registradas en el año previo, como ha  ocurrido de media anualmente entre 2006 y 2011. El intervalo de confianza con un 95% de seguridad es el margen que es posible imputar a la casualidad o a la mera variabilidad biológica con que se comportan todos los fenómenos que tienen que ver con la salud de la población, tras ajustar por la tendencia observada en el tiempo. De ello se deduce que cualquier cantidad que sobrepasara los 387.158 fallecimientos esperables en España en 2012 (lo que equivale a una tasa bruta de mortalidad general de 0,818% +/– 0,003% para IC95%), en principio no podría explicarse exclusivamente por el azar, sino por otros factores entre los que destacan, como hemos visto y según lo demostrado en otros «escenarios», los recortes en el gasto social.

Si proyectáramos esas cifras según el conocimiento derivado de los hallazgos epidemiológicos comentados, podríamos esperar un incremento de un 2% en la mortalidad general en el año 2012 sobre la extrapolada de años anteriores achacable específicamente al déficit de protección sanitaria y social provocado por los recortes en ese renglón del gasto público. Esto es, y en este plano teórico, unos 7.720 fallecidos más de los esperados sin esos recortes. A falta de conocer los datos finales de mortalidad de 2012 para situar en el plano real la proyección desarrollada, tenemos un adelanto de esa información publicado el 19 de diciembre de 2012 por el Instituto Nacional de Estadística (8) correspondiente a la mortalidad registrada en los primeros 6 meses de ese año, cuyos resultados rebasan en mucho las más pesimistas previsiones anteriormente formuladas.

En el año 2011 se produjeron en España 5.864 fallecimientos más de los registrados en 2010. La tasa bruta de mortalidad se situó en 841 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que supuso un aumento del 1,5% respecto al año anterior. Pero, como se ha dicho, sorprendentemente se registró un incremento de dimensiones nada previsibles en las defunciones registradas en los seis primeros meses de 2012, llevando el número de defunciones en ese periodo hasta las 217.017, un 9,7% más que en el mismo periodo de 2011. Como se comprende, este exceso supera en mucho cualquier margen achacable a una contingencia casual o coyuntural por lo que, desdiciendo al propio INE, habrá que sentar que dicho excedente tiene causas. En el actual contexto la explicación más plausible a este fenómeno alarmante y, además, la única bien respaldada por el

conocimiento científico se sitúa en el déficit de protección social derivado de los recortes en gasto social.

Desde 2007 disminuía anualmente la Tasa Bruta de Mortalidad General sobre la del año precedente, hasta el año 2011 en que, como se ha dicho, se incrementó respecto a la de 2010. Coincide esta

constatación con la práctica paralización de los aumentos de expectativas de vida que se venían registrando en España desde 2007: mientras que en los últimos cuatro años se incrementaba la esperanza de vida al nacer en 0,3 o 0,4 años anualmente, en el último dato conocido, el de 2011, este incremento se redujo a 0,1 años y previsiblemente, a la luz de cómo se está comportando la mortalidad, retrocederá el indicador general.

El retroceso consolidado, de ocurrir, daría información de un desastre en términos de salud y de desarrollo humano de incalculables dimensiones, siendo este un fenómeno que se ha registrado en el mundo en situaciones de crisis muy severas en las que queda inerte en términos absolutos la obligación protectora del Estado, como ha ocurrido en el caso de la pandemia de HIV/SIDA en algunos países de África Subsahariana, en escenarios de cruentas guerras mantenidas en el tiempo o, como aquí ahora, en el contexto de crisis económicas de gran alcance con restricciones muy severas de la protección social. Esto ocurrió en muchos países del Este de Europa tras la caída de la Unión Soviética, incluido Rusia. Hay una limitación metodológica y conceptual que no se le escapa al autor de este análisis: una gran parte de los efectos del déficit de protección social se manifiesta a medio y largo plazo. Es cierto, pero ese principio metodológico, que también emana de la investigación científica, nos ayuda a deducir que los recortes de hoy, cuyos efectos empezamos a vislumbrar ahora, mantendrán su mortífero efecto durante años, de la misma forma que los excesos de mortalidad que vemos ahora tienen su explicación, también, en los realizados en años precedentes. Hay que recordar que estas políticas llevan aplicándose en España, en este último periodo, desde 2010.

Referencias bibliográficas

1 Sören Holmberg and Bo Rothstein (2011). Dying of corruption. Health Economics, Policy and Law, 6, pp 529-547.

2 David Stuckler, Sanjay Basu, Martin McKee (2010). Budget crises, health, and social welfare programmes. BMJ 2010; 340: c3311.

3 Blog madri+d. Los recortes sociales en Europa aumentarán la mortalidad. Javier Segura del Pozo (consultado el 2 de abril de 2013).

4 Madrid2noticias.net. Los recortes en Sanidad ponen en riesgo la vida de miles de niños enfermos de cáncer (consultado el 2 de abril de 2013).

5 Efe: salud. Cameron pide perdón por negligencias mortales en un hospital británico (consultado el 2 de abril de 2013).

6 Cadena SER.com. La privatización de los análisis clínicos en Madrid «ha puesto en riesgo la vida de los pacientes». Javier Bañuelos (consultado el 2 de abril de 2013).

7 El Mundo.es. González llama a Gómez indeseable y dice que busca rédito de las muertes (consultado el 2 de abril de 2013).

8 INE. Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. Datos definitivos de 2011 y avance del primer semestre de 2012 (consultado el 2 de abril de 2013).