Héctor Alonso @hdelosrios2
En la última edición de los Premios Goldman, fallados ayer y considerados como los «Premios Nobel Medioambientales», los organizadores expresaron su preocupación por la falta de protección de los premiados -dos ganadores, la abogada hondureña Berta Cáceres, galardonada en 2015, y el mexicano Isidro Baldenegro, galardonado en 2005, han sido asesinados en menos de un año- así como por la impunidad con la que se están matando a los activistas medioambientales en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica.
Tan sólo en Honduras han asesinado a más de 120 activistas medioambientales desde 2010. En el último informe de Global Witness, publicado en 2016, se contabilizaron 185 asesinatos en todo el mundo sólo en 2015. Y se prevé que la cifra de 2016 sea similar. Honduras, Brasil, Filipinas, Colombia, Perú, Nicaragua y la República Democrática del Congo son los países donde es más peligroso ser activista medioambiental. Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la oposición a proyectos de minería, agroindustria, tala de bosques y proyectos hidroeléctricos, como presas o desvío de cauces de ríos.
En 2016 fue asesinada la abogada hondureña Berta Cáceres, ganadora del Premio Goldman en 2015. Cáceres había logrado paralizar una obra en el río Gualcarque, al noroeste de Honduras, presupuestada en 35 millones de dólares destinados a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el que participaban diversas empresas internacionales, así como el Banco Mundial. La construcción de la presa hubiera significado que la comunidad indígena a la que ella pertenecía, los lenca, perdiera el acceso al agua de ese río, condenándoles a la desaparición. Recibió el Premio Goldman y un año después fue asesinada en su casa. Después fueron asesinados otros siete activistas que se oponían al proyecto.
En enero de este año fue asesinado en México Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman en 20o5 por su oposición a las talas ilegales de bosque y por su denuncia de los vínculos entre los madereros y los narcos en Sierra Madre. Había sido amenazado en numerosas ocasiones, como otros activistas que también han sido asesinados ante la pasividad de la policía.
Los informes de Global Witness, una ONG internacional que documenta los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo apuntan a que la violencia contra los activistas en Honduras, el país donde más están siendo asesinados los activistas mediambientales, está íntimamente relacionada con el gobierno. Concretamente acusan a Gladis Aurora López, presidenta del partido gobernante de Honduras. Los documentos aportados por Global Witness revelan que el proyecto hidroeléctrico de Los Encinos, al que se oponen las comunidades indígenas, está controlado por el marido de López. Tres activistas indígenas que se opusieron al proyecto han sido torturados, asesinados y desmembrados.
El hecho de que se asesine a personas que sólo quieren proteger el medioambiente porque es vital para su propia superviencia, incluso a figuras relevantes de la defensa de la naturaleza, como son los galardonados con el Premio Goldman, habla de la impunidad con la que los impulsores de los proyectos hidroeléctricos, mineros, gasísticos o petroleros, generalmente grandes corporaciones multinacionales, actúan en los países en vías de desarrollo: asesinatos, sobornos, amenazas, vínculos económicos con miembros del gobierno, el ejército o la policía…
Oponerse a estas corporaciones, a estos proyectos que destruyen ríos, bosques, lagos y dejan sin recursos a la población local, supone un gran riesgo en muchos países del mundo.
La principal preocupación de los organizadores de los Premios Goldman ahora es cómo lograr que los galardonados puedan seguir desarrollando su activismo medioambiental sin ser asesinados.
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